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El polémico empleo del decreto ley como instrumento de Gobierno

Elisa de la Nuez, Secretaria General de nuestra Fundación, responde al diario El Mundo sobre el abuso de este recurso por parte de los Gobiernos de Rajoy y de Sánchez

En un análisis realizado por el diario El Mundo que repasa la actuación de Gobiernos pasados y del actual con respecto al empleo del decreto ley, nuestra editora del blog Elisa de la Nuez, comenta el uso injustificado de estas normas, un tema que se ha abordado repetidamente en nuestro blog.

Puedes acceder a esta información a través del siguiente enlace.

Màxim Huerta tampoco leyó a Federico de Castro

No ganamos para sustos, esto es una montaña rusa. Ayer estábamos impresionados con el efectista rescate de los inmigrantes y anteayer de lo apañado del gobierno multicolor y hoy tenemos que vérnoslas con un ministro que dos días después de ser nombrado ya incurre en supuesta causa de destitución. Pero esto es lo que tiene una sociedad digitalizada y a la vez polarizada: la información se tiene de inmediato y además el juego político no consiste en proponer políticas para persuadir al electorado sino en señalar con aspavientos las incoherencias políticas y contradicciones en que incurre el enemigo, atrapado en la vehemencia de sus palabras cuando en otro tiempo denunció la conducta de quien hoy le acusa. El alguacil, alguacilado, que se decía antes.

Si encima metemos a Hacienda por en medio, la cosa se complica porque que lance el primer tuit el que no haya tenido algún encontronazo con esta bendita institución y no haya preferido pagar y callar ante de verse sujeto a los poderes omnímodos del Estado ante los que, en esta materia, el principio de culpabilidad y de carga de la prueba del contribuyente son la regla general. Es más, como nos han contado en cierto curso que estamos haciendo unos compañeros notarios sobre esta materia, también es regla común que los criterios fiscales se vayan emitiendo por la Administración a su libre albedrío y conforme le interesa, sin vacilar en cambiar de criterio a medio partido y con efecto retroactivo.

Por otro lado, no deja de haber una importante escala de grises entre la actuación completamente honorable y el delito fiscal. E incluso cabría decir que hay una cierta confusión ética entre lo que es permisible o no en materia fiscal e incluso civil. En materia civil, un negocio indirecto es el que pretende obtener fines diferentes de los previstos en el ordenamiento y dentro de él estaría el fraudulento, en el que se pretende un fin prohibido, y el fiduciario, que se basa en la confianza para obtener un fin distinto del previsto por la ley. El fraudulento, y por supuesto el simulado, son perseguibles, pero el indirecto en general y el fiduciario, en particular, no necesariamente. En materia fiscal habrá que distinguir el fraude (con premeditación), la evasión (un incumplimiento en sentido más amplio: la ocultación en general) y la elusión fiscal, que aprovecha los vacíos legales para conseguir una rentabilidad fiscal.

No son iguales todos estos conceptos. Lo malo es que las facultades exorbitantes que tiene Hacienda conducen a meter en el mismo saco todos los supuestos incumplimientos y a “anular” negocios jurídicos formalmente válidos presumiendo que son en realidad negocios indirectos tendentes a obtener una finalidad de rentabilidad fiscal que, solo por ello, ya consideran de por sí fraudulentos. Fíjense ustedes que en su primer apartado, el artículo 15 LGT, exige la concurrencia de los siguientes requisitos para poder apreciar que existe fraude de ley:

  • Que los actos sean, “individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido”.
  • “Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios”.
  • Y, que mediante esos actos “se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base imponible o la deuda tributaria.

Digamos que para Hacienda todo negocio indirecto, aunque válido civilmente, es fraudulento. Hace poco, la declaración de los 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, reunidos en Granada, ponían el acento en esta cuestión denunciando hechos como la satanización de la planificación fiscal, la regla general de que para que algo sea lícito tiene que estar permitido o el prescindir de las normas sustantivas y crear un universo fiscal que se rige por sus propias reglas.

Muy probablemente el ministro Huerta se ha visto envuelto en alguna de estas situaciones, concretamente la que tiene que ver con la utilización por artistas de sociedades en su actividad profesional, respecto de la cual Hacienda intensificó sus investigaciones hace algún tiempo (no exactamente fue un cambio de criterio, según parece, ver aquí y aquí). Pero, claro, si Maxim hubiera leído a Federico de Castro quizá hubiera podido tener en cuenta su tesis de la deformación del concepto de la persona jurídica que le llevaba a criticar el otorgamiento de la personalidad jurídica cuando no hay un substratum, un grado de organización mínima. Y algo de razón tiene, sobre todo en un país de raíz jurídica causalista en el que se considera que las instituciones están para algo y no para otra cosa y que salirse de su fin genera disfunciones. Aunque no siempre fraude y delito, que es lo que viene a decir Hacienda, con el agravante de que ella se lo guisa y se lo come simplemente porque se lo huele, sin pasar por el juzgado, como debería ser porque el mismo artículo antes mencionado señala que para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto (el fraude, vamos) en la aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley. En resumen, no me parece suficiente para la dimisión el haber usado sociedades para desgravar, aunque sea poco partidario del uso instrumental de las categorías jurídicas. Ni siquiera aunque Sánchez dijera lo contrario hace tres años, porque ya he dicho por aquí algunas veces que ciertas coherencias están sobrevaloradas.

Ahora bien, una cosa son estas sutiles disquisiciones sobre la elusión y la evasión, y otra muy distinta desgravarse la casa de la playa en tu sociedad profesional, como quien se desgrava la finca de caza o el yate en su declaración de la renta alegando que la necesita para la generación de sus ingresos. Esto es simplemente hacer trampa. Me dirán ustedes que eso no es robar, y yo le diré que no, ciertamente, pero que en el fondo es sustraer dinero con menos sensación de culpabilidad porque la distancia y la interposición de elementos hace que no sea que se vea tan evidentemente la trampa, como nos hacía ver Ariely (y recordaba aquí yo mismo en este blog). También me dirán que mucha gente lo hace, y les diré que eso no me vale, que al menos saquemos de la polarización de la que hablaba antes el efecto positivo de unos mínimos de ejemplaridad. Quizá corramos el riesgo de establecer un standard demasiado alto, pero no está mal que la sociedad vea en la cabeza de quienes nos dirigen que eso está mal.

Bien dimitido está, en definitiva, menos por la tesis de don Federico o que por la de Ariely. Solo me queda alabar el cambio de actitud del gobierno frente a este tipo de situaciones y lamentarme de la falta de previsión en el nombramiento, porque no habría costado mucho preguntar el designado si tenía algún esqueleto en el armario, al menos un esqueleto al alcance de los nativos o adoptados digitales.

HD Joven: Alemania jamaicana ¿Necesidad o imposibilidad?

El pasado 24 de septiembre, los resultados de las elecciones generales alemanas arrojaron una composición parlamentaria difícil desde la perspectiva de formar gobierno. Pese al optimismo inicial, han quedado en punto muerto las negociaciones de Merkel para sacar adelante la llamada coalición Jamaica, un gobierno integrado por su CDU democratacristiana, Liberales y Verdes. Los colores de los tres partidos: negro, amarillo y verde coinciden con los de la bandera del país caribeño.

Con la ultraderecha de la ALF descartada por razones obvias, Schulz rechazó tajantemente una nueva gran coalición. Así la canciller no tuvo otra alternativa que afrontar estas difíciles negociaciones. De su lado tenía una gran ventaja: no hay límite de tiempo para formar gobierno, pero las diferencias entre Verdes y Liberales y algunos sectores de su propio partido parecen insalvables.

La sucinta redacción de la Ley Fundamental de Bonn en su art. 63 sólo establece que, después de las elecciones, el Presidente de la República propone, cuando lo estime oportuno, un candidato a canciller que debe ser elegido “sin debate” [sic.] por la mayoría del Bundestag, sin exigirse la mayoría absoluta. Si el candidato del jefe del Estado fuese rechazado, la cámara dispone de 14 días para elegir por mayoría absoluta a un candidato alternativo.

Si esto no ocurriera, se producirá una nueva votación en que será elegido “quien obtenga la mayoría simple de los votos”. Esta redacción más que mejorable de la constitución germana no deja muy claro si habría que votar al candidato inicial del Presidente, a un hipotético candidato del Bundestag que no hubiese alcanzado la mayoría absoluta, o alguien distinto. Personalmente entiendo más lógica la primera opción en deferencia al papel arbitral del jefe del Estado. Además es la única posible si no hay candidato de la cámara. Si en este caso el candidato tampoco se hace con la mayoría simple nos encontramos ante uno de los tres únicos escenarios en que el Presidente alemán tiene poder efectivo. En los siete siguientes días debe decidir: o nombra canciller al candidato o convoca elecciones.

Este escenario permanece inédito. Y hasta hace muy poco nadie se lo tomaba en serio. Muchos analistas veían probable incluso que si Jamaica no prosperaba, los socialdemócratas darían su brazo a torcer a un nuevo gobierno de gran coalición. Quizás aún no haya que dar por perdida esta posibilidad, pues los alemanes valoran la capacidad de negociación, la transigencia y la responsabilidad de sus políticos. Ergo, los partidos que fueran vistos como poco versados a facilitar la formación de gobierno podrían ser penalizados en la repetición de los comicios.

Cuando la RAF nació en 1949, sectarismo e inestabilidad se consideraban los impulsores del nazismo. Esto se proyectó en su Ley constitucional en cuestiones tales como que el canciller no pueda disolver el parlamento anticipadamente, aunque concentre el poder ejecutivo y el Presidente juegue un rol ceremonial.

Pero hasta la mejor de las leyes puede ser retorcida en la práctica. De ahí que el sentido de Estado alemán trascienda las normas que regulan el Estado. Sin ir más lejos del tema que nos ocupa, el Presidente y el canciller a menudo son de partidos diferentes. Ciñéndonos a la letra de la Ley Fundamental de Bonn, el primero podría proponer a traición, con las negociaciones a medias, un candidato a canciller para forzar nuevas elecciones. Pero ni Steinmeier, actual jefe de Estado socialdemócrata, ni ninguno de sus predecesores ha sido desleal con su canciller o con los partidos durante la formación del gobierno. Obiter dicta ¿soy el único al que tanta lealtad institucional se le antoja impensable en España sin la neutralidad de la Corona?

Por su parte la ley electoral alemana favorece que nadie concentre el poder parlamentario. La papeleta de las elecciones generales tiene dos partes -ambas para el Bundestag, pues el Bundesrat no es votado. La primera permite elegir un candidato directamente por cada uno de los 299 distritos unipersonales. En la segunda parte, se marca la lista cerrada y bloqueada de un partido. En otras palabras, cada alemán tiene dos votos. Esto a menudo ha permitido indicar qué coalición gubernamental se prefería. En el recuento, primero, según un sistema proporcional más que complejo, se asignan escaños a las listas cerradas de cada Land, según los votos logrados y escrutados. Cuanta más gente vote, más diputados hay. Después, se añaden los diputados uninominales.

Tan peculiar sistema electoral tiene varias consecuencias fundamentales. Una de ellas es que no existe un límite de diputados del Bundestag. Así nos lo muestra este sencillo repaso a su evolución desde 1949:

Elecciones Generales Nº Diputados del Bundestag
1949 402
1953 509
1957 519
1961 521
1965 518
1969 518
1972 518
1976 518
1980 519
1983 520
1987 519
1990 (Reunificación de la RDA) 662
1994 672
1998 669
2002 603
2005 614
2009 622
2013 630
2017 709

Tras las últimas elecciones, el Parlamento, por primera vez, ha rebasado el umbral de los 700 miembros. Esto tiene importantes consecuencias para su gobernabilidad. A decir verdad, es una de las causas que obliga a Jamaica, pues con menos diputados sería más factible alcanzar la mayoría absoluta. El dispendio de nóminas también ha suscitado las iras de la Asociación de Contribuyentes que ya ha pedido al nuevo presidente de la cámara, Wolfgang Schäuble (CDU), ex ministro de finanzas, que rescate el proyecto de reforma de su predecesor, Norbert Lammert (CDU), para limitar hasta 630 el número de diputados. La pasada legislatura ni CDU ni el SPD quisieron aprobar este límite.

Otra consecuencia del modo en como son elegidos los diputados alemanes, muchos de ellos directamente, es que actúan con notable independencia. La disciplina de partido a menudo escasea. Así lo hemos visto en las deserciones en las filas de la CDU en los rescates a otros países de la UE o en la política pro refugiados de la canciller.

La última consecuencia elemental es que resulta prácticamente imposible ganar con mayoría absoluta. De hecho desde 1949, únicamente en las elecciones de 1957 el canciller Konrad Adenauer logró ser reelegido alcanzando la mayoría absoluta en el Bundestag, con 277 escaños de la CDU, tras los cuales había un 50’2% del voto escrutado. Sobran las palabras cuando se compara este sistema con el británico o el francés donde apenas con el 30% de los votos se pueden lograr holgadísimas mayorías absolutas. Incluso nuestra ley electoral es mucho más laxa, posibilitando el dominio absoluto del hemiciclo con un aproximadamente el 40% del voto.

Esta imposibilidad por lograr mayorías absolutas ha asentado una larga tradición de coaliciones gubernamentales. Adenauer (CDU) siempre gobernó en coalición con los Federales -salvo entre 1957 y 1961-, tuvo el apoyo del Bloque Pangermánico y del Partido Alemán en sus primeros gabinetes. La vocación de coaliciones se consolidó tanto en su etapa de gobierno que con el último partido formó una coalición incluso cuando disfrutó de mayoría absoluta. Su sucesor, Erhard (CDU), canciller entre 1963 y 1966, fue apoyado por los Liberales, herederos de los Federales. También de la CDU, Kiesinger (1966-1969) inauguró la primera gran coalición con los socialdemócratas del SPD, con un final mucho más tormentoso que las de Merkel. Los cancilleres del SPD, Willy Brandt (1969-1974), vicecanciller de Kiesinger, y Schmidt (1974-1982) gobernaron con el apoyo de los Liberales. Estos también apoyaron a Kohl (CDU) de 1982 a 1998. De ese año hasta 2005, Schröeder (SPD) ocupó la cancillería coaligado con los Verdes.

Desde 2005, Merkel es la inquilina de la cancillería, gobernó primero en gran coalición con el SPD, luego con los Liberales, otra vez en gran coalición y ahora, a falta aparente de otras posibilidades, se proponía la nunca vista Jamaica. Pero tal como van las cosas, no es inverosímil que las próximas semanas, ante la imposibilidad de formar gobierno, Alemania se adentre en un páramo nunca explorado de su Ley Fundamental, como nos ocurrió en España en 2016 con el art. 99.5 CE.

Humillados y ofendidos (7 pasos para evitar partir España)

En su famosa novela “Humillados y ofendidos”, Fiódor Dostoyevski expone la trágica situación de unos personajes que, pese a la penosa injusticia de que la sociedad les hace acreedores, resisten los embates de la vida con amor, pacifismo y admirable sacrificio. Muchos pensarán que ésta pretende ser una analogía con el llamado poble català, pero no: los que nos sentimos humillados y ofendidos somos los españoles, no a causa de los catalanes, sino del movimiento independentista y, muy especialmente, del Govern, su principal instigador, y, en segunda instancia (aquí el orden es muy importante), del Gobierno, su cómplice por omisión.

Seamos claros: España es una nación envidiada por la enorme mayoría de países del mundo. En casi todos los sentidos. Aquí no hay represión, dictadura, odio, ni una conspiración política para cargar sobre Cataluña el peso del sistema fiscal. Al contrario, éste es un país con una democracia bien consolidada y una sociedad enormemente tolerante con la diversidad. Hasta tal punto es tolerante, de hecho, que ha acabado albergando un movimiento que desafía frontalmente todos sus valores democráticos.

El independentismo es un movimiento excluyente, de tintes totalitarios, xenófobos y fascistas, que promueve el odio y la desigualdad (negativa) de los españoles ante la ley. Y, pese al ruido, la intolerancia y la radicalidad de sus representantes, no hay que olvidar que es, sobre todo, minoritario. Tanto en Cataluña como, por supuesto, en España.

Aun detestando las mentiras que el Govern ha vertido en la sociedad catalana, la manifiesta injusticia y traición de su deriva y la situación de riesgo y crisis que ha provocado, y ante la pasividad del Gobierno funcionarial español, los Editores de Hay Derecho Joven hemos decidido escribir este artículo juntos.

Como descartamos la violencia y creemos en la política como vía de solución, tras las que ya son muchas horas de vivas charlas debatiendo sobre este asunto, hemos convenido en que el problema español -no es sólo un asunto catalán- pudiera solventarse satisfactoriamente llevando a cabo los siguientes 7 pasos:

1.- Restauración del orden constitucional. Lo primero, y de forma inmediata. Hay ciertos sectores (con Puigdemont e Iglesias a la cabeza) que pretenden que haya una suerte de mediación entre España y Cataluña. Nuestra opinión al respecto es rotunda: no es el momento de mediación alguna. No caigamos en buenismos injustos y contraproducentes: España es un Estado Social y Democrático de Derecho que ya dispone de instrumentos e instituciones válidas para dialogar. Principalmente, el Parlamento autonómico y el Congreso.

Además, en España no hay ningún conflicto pre-bélico entre dos países que necesite mediación internacional. Lo que hay es un gobierno autonómico que ha vulnerado la Constitución y su propia normativa autonómica (Estatuto de Autonomía y Reglamento del Parlament), e incluso su propia -ilegal- Ley del Referéndum.

Por ello, el único objetivo ahora debe ser el restablecimiento del orden constitucional. Solamente una vez se vuelva a la senda constitucional en Cataluña y se celebren elecciones, se podrá negociar.

Y  el orden constitucional se consigue restablecer empleando todos y cada uno de los medios legal y constitucionalmente previstos (con carácter urgente cabe aplicar el artículo 155 de la Constitución y hacerse con el control de los mossos), incluido, si es preciso (y pese a que lo descartemos y a lo mucho que tratemos de evitarlo), el uso de la fuerza con la intensidad y proporcionalidad que las circunstancias requieran en cada caso y, en el hipotético caso (que esperamos nunca se llegue a producir) de que éstas se vieran superadas en su labor, las fuerzas armadas deberían cumplir su papel constitucional (art. 8 CE). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los únicos legitimados en un Estado democrático para el uso de la fuerza, y a ella se tendrá que recurrir de forma proporcionada cuando se cometa un delito y éste no cese de forma pacífica.

2.- Castigo. Consecuencia directa de lo anterior es que el comportamiento de aquéllos que se alzan en contra de las leyes (incluso de las que ellos mismos han aprobado) y de la Constitución no debe quedar impune.

Quien desobedece los pronunciamientos del Poder Judicial, desafía al Estado de Derecho y a la democracia; arroja a sus ciudadanos a dar la cara por una causa ilegal; y obliga al Estado a intervenir con carácter marcadamente excepcional, ha de ser sancionado.

No se trata de venganza, ni de odio ni de fascismo: se trata, ni más ni menos, que de nuestra más elemental obligación de actuar en contra de los que sólo pueden ser calificados como “golpistas”. Todo acto contrario al ordenamiento jurídico debe tener consecuencias para el infractor, por severas que éstas sean. Dura lex sed lex.

Los responsables de la Generalitat (y muchos otros) han cometido de forma flagrante y a sabiendas delitos tipificados en el Código Penal con castigos muy severos, por lo que, de igual modo que queremos y debemos castigar la corrupción, un robo o un asesinato, los actos de sedición (o, en su caso, de rebelión) deben ser castigados con las penas legalmente previstas. En este sentido, es preciso tener en cuenta que ya no hay tiempo para recular e irse de rositas. Muchos ciudadanos (entre los que nos incluimos) quedarían profundamente defraudados si, por alguna sibilina estrategia política, los responsables del actual golpe de Estado consiguieran finalmente eludir su responsabilidad, cosa que, a raíz del discurso del miércoles de Puigdemont, podemos intuir que precisamente se está intentando a través de una campaña de blanqueamiento de los dirigentes de la Generalitat.

La impunidad crearía un precedente inasumible para nuestra democracia. Esperamos que la Fiscalía y los Tribunales (no olvidemos que son los que tienen la última palabra al respecto) hagan su legítimo trabajo.

3.- Elecciones autonómicas. Tras el restablecimiento del orden constitucional, corresponde convocar elecciones autonómicas, tras un periodo de sosiego para tratar de rebajar los caldeados ánimos de la sociedad catalana, con el fin de que ésta elija a sus nuevos interlocutores y pase factura -o no- a los actuales partidos.

Es preciso recordar a aquél que cree ser la voz del poble de Catalunya que los partidos independentistas no lograron ni la mitad de los votos de representación en el Parlament en las anteriores elecciones “plebiscitarias”, y ello pese a tener todo a favor.

Quizás es precisamente ese miedo a fracasar de nuevo, y no otro, la razón por la que Puigdemont no se atreve a convocar nuevas elecciones autonómicas, y es que en muchas ocasiones los pareceres de la mayoría de los votantes de un determinado lugar no coinciden con los de los manifestantes, por muy numerosos e insistentes que éstos sean.

4.- Elecciones generales: La crisis catalana, la mayor desde la restauración de la democracia en nuestro país, está golpeando con crudeza al conjunto de la sociedad española. Por ello, una vez se imponga cierto orden y estabilidad sobre la misma, igual que hiciera De Gaulle tras abordar los hechos revolucionarios de Mayo del 68, es necesario realizar una convocatoria de elecciones generales, que, al igual que en el caso catalán, genere nuevos protagonistas, capaces de ofrecer soluciones constructivas y de probarse a la altura de la situación, a la vez que castigue -o premie- el papel que han desempeñado los partidos y líderes actuales en el asunto catalán ya que, consideramos, muchos no han sido capaces de comprender el momento histórico en el que nos encontramos, primando el tacticismo electoral, en lugar de fomentar la unión de las fuerzas constitucionalistas.

5.- Diálogo con nuevos protagonistas. Como hemos tratado de señalar, estamos de acuerdo en que hay ciertas desafecciones en Cataluña, muchas de las cuales tienen que ver con la forma en la que el Gobierno central “ha vendido” España allí, pero también existen otras reivindicaciones que pueden ser debatidas. Dialogar sí, pero dentro de la Constitución y con otras personas, no con las que nos han llevado hasta aquí.

6.- Construcción de un nuevo relato. Esta fase, aunque la ponemos en sexto lugar porque será en este momento en el que deba ponerse sobre la mesa, debemos emprenderla de forma inmediata y paralela. Llevamos 40 años de retraso y de complejos. Interpelamos, pues, a todos los ciudadanos a hacer pedagogía de España y a los políticos a hacer política, entendida ésta, como decía Piqué durante la presentación de su libro esta semana, como seducción democrática.

Como avanzábamos, el victimismo catalán no ha sido contestado por el Estado español y ello es en gran parte causa del agravamiento de nuestra situación actual. Debemos comenzar de manera urgente a atraer a todos aquellos catalanes que, probablemente con mucha razón (y de la misma forma que nos ha ocurrido a muchos en España), a día de hoy no se sienten representados por el actual proyecto español que, les parece, ha perdido atractivo y sentido.

La clave aquí está en darse cuenta de que el potencial de España es, a todos los niveles, enorme y que no se trata en absoluto de una batalla perdida, sino de todo lo contrario.

7.- Reforma constitucional. Sí, pero para todos los españoles, no sólo con la ocasión y el objeto de contentar (únicamente) a los insurgentes o a los partidos oportunistas que tengan a bien adueñarse de la leña del árbol caído. Y todo ello por una sencilla razón: porque nosotros, sí, los constitucionalistas, lo pedimos primero.

La sociedad española lleva años pidiendo actualizar el marco constitucional a fin de dar cabida a la nueva realidad y a las nuevas demandas de los ciudadanos, no sólo a nivel territorial (el famoso Título VIII), sino también en materia de regeneración democrática (supresión de aforamientos e indultos, incorporación de derechos sociales, independencia judicial y muchas más). De modo que no consentimos que nos adelanten por la derecha (¿o la izquierda?) quienes nos han insultado y desafiado y quienes han arrastrado al país hacia el odio y la división. Además, ignorar este punto acrecentaría en algunos la sensación, tal vez silenciosa pero irritante, de que existen españoles de primera, más rebeldes, que deben ser contentados por los españoles de segunda, más discretos.

Una vez restablecido el orden y disponiendo ya de nuevos actores capaces de contrarrestar el sesgado, manipulado y fascistoide cuento independentista por medio de un nuevo relato y, sobre todo, de un proyecto ilusionante y moderno en el que tenga cabida la gran mayoría de los españoles, entonces la sociedad española estará dispuesta y preparada para reformar la Constitución.

En definitiva, la deslealtad de los golpistas ha demostrado definitivamente que tratar de apaciguar las interminables exigencias del independentismo con “perfil bajo” y concesiones, lejos de contribuir a acercar posturas, sólo acrecienta esa absurda sensación de culpabilidad por parte del Estado.

La atrocidad que estos golpistas han llevado a cabo nos brinda la oportunidad de, reforzados por la legitimidad que respalda a quien reclama la aplicación de la Ley democrática, asumir la iniciativa sin complejos. En este asunto sólo hay unos humillados y ofendidos: 46 millones de españoles.

Fact check: Radiografía del artículo 155 de la Constitución

Nota elaborada por el profesor Jorge de Esteban.

I.- EL ARTICULO 155 COMO FALACIA

El artículo 155 de la Constitución, desde hace más de cuatro años, es el más citado tanto por políticos como por muchos ciudadanos y lo curioso es que nadie conoce su complejidad. Veamos los errores que se cometen:

  1. Es un artículo para suprimir la autonomía de una Comunidad Autónoma, cuando se muestre díscola. Es falso, porque su aplicación permite una amplia graduación de medidas, según sea la mayor o menor gravedad de los hechos.
  2. Es un artículo cuya aplicación puede ser inminente para solucionar el problema inmediatamente. Es falso, porque el artículo dispone de dos posibilidades: una primera, de carácter disuasorio que puede acabar enseguida si la Comunidad Autónoma rectifica y una segunda ejecutiva, en caso de que no rectifique, de efectos retardados, puesto que, como veremos, puede  comportar entre  tres semanas y  dos meses.
  3. Es un artículo que todavía no ha sido desarrollado por una ley orgánica necesaria. Es falso, porque el artículo ya ha sido desarrollado por el artículo 189 y concordantes del Reglamento del Senado. Y precisamente este desarrollo lo ha complicado todo y empeorado sustancialmente, pues ha acabado con la inmediatez que el texto de la Constitución, al igual que el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, permitía en su aplicación con el único requisito de que  las medidas propuestas por el Gobierno sean aprobadas por la mayoría absoluta del Senado.
  4. Es un artículo que no ofrece dificultades para su aplicación, porque el PP cuenta con 149 senadores de un total de 266. Es falso, porque si los 62 senadores socialistas no están de acuerdo, además del resto de senadores, 35 que más o menos,  son casi todos nacionalistas o populistas, pueden dificultar las medidas a tomar, porque en este caso no se trata de un proyecto de ley ordinario en el que solo basta con disponer de una holgada mayoría. Los debates pueden convertirse así en un auténtico psicodrama
  5. Por otro lado, según el artículo 90.2 de la CE el plazo para la actividad normal legislativa del Senado, es de dos meses. Sin embargo, el artículo 133 y ss. del Reglamento del Senado establecen un procedimiento especial para los proyectos declarados urgentes por el Gobierno, los cuales disponen de un plazo de veinte días naturales. Pero en el caso del artículo 155, no parece posible cumplir con este plazo debido a las peculiaridades tan importantes que se deben debatir en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En este sentido, se sabe cuándo comienzan los debates, pero no cuándo acaban.
  6. En consecuencia, el artículo 136 del Reglamento indica que “cuando no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 133, la Mesa del Senado, a propuesta de la Junta de Portavoces, podrá establecer que los proyectos legislativos (en este caso, tal vez habría que hablar de resolución) se tramiten en el plazo de un mes, reduciendo a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario. Pero en tal supuesto, si muchos senadores no están a favor de las medidas a aplicar a una CCAA por el Gobierno no sólo podrían solicitar ampliar los plazos, sino también utilizar el filibusterismo para alargar todo lo posible las decisiones que perjudican a esa CCAA.

 

II.- DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES PROCESALES

De acuerdo con lo que expresa el mismo artículo 155, más lo que dice el artículo 189 y complementarios del Reglamento del Senado, podemos establecer las siguientes fases procesales:

  1. Cuando una CCAA no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga o atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno requerirá al Presidente de la CCAA para que deje de actuar así.
  2. Si no le hace caso, el Gobierno le comunicará las medidas que propone si se mantiene en su incumplimiento
  3. Para la ejecución de las medidas previstas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la CCAA.
  4. El Gobierno presentará a la Mesa del Senado un escrito con su advertencia, la demostración de que no  ha rectificado el Presidente de la CCAA y las medidas propuestas.
  5. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y la documentación pertinente a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
  6. La Comisión podrá encargar o realizar encuestas o estudios para conocer mejor el tema.
  7. La Comisión podrá recabar, a través del Presidente del Senado, la información y ayuda que necesite del Gobierno y sus Departamentos, así como de las CCAA o de cualquier autoridad del Estado.
  8. Igualmente la Comisión podrá solicitar la documentación conveniente cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión.
  9. La Comisión podrá solicitar asimismo la presencia de otras personas para su información en cuestiones de su competencia.
  10. El Gobierno podrá intervenir, si así lo desea, en las sesiones de la Comisión.
  11. También podrá intervenir el Presidente de la CCAA o un Consejero designado para ello.
  12. Las intervenciones en las sesiones se podrán hacer en cualquiera de las lenguas españolas que sean cooficiales.
  13. El Presidente de la Comisión, oída la Mesa y previa consulta con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios fijará, según las intervenciones solicitadas y los puntos del orden del día, el orden y la duración de las mismas, así como la ordenación posterior de los debates.
  14. Todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA que no sean miembros de la Comisión General de las CCAA, podrán asistir a las sesiones, así como inscribirse en el registro de oradores para hacer uso de la palabra en todos los debates.
  15. Si el Gobierno solicita el uso de la palabra iniciará el turno de oradores.
  16. La Comisión General de las CCAA podrá constituir una ponencia para que estudie el problema con carácter previo, pudiendo intervenir en la misma todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA.
  17. En cualquier caso se podrá solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre las medidas propuestas por el Gobierno
  18. La Comisión podrá encomendar la preparación de informes previos a cualquiera de sus miembros, a propuesta de su Presidente y con la aprobación de la mayoría de la misma.
  19. La Mesa fijará en cada caso los plazos disponibles para la preparación de los informes a que se hacen referencias en los apartados anteriores.
  20. Mientras que no se diga lo contrario solo se computarán los días hábiles.
  21. La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.
  22. Finalmente, el Pleno de la Cámara someterá a debate dichas propuestas, con dos turnos a favor y dos en contra de veinte minutos cada uno y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.

 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto es imposible que el procedimiento del artículo 155 pueda aplicarse antes de dos semanas aproximadamente y no como dicen los asesores de La Moncloa en cinco días, según le trasmitieron a Lucía Méndez. Por consiguiente, a diez días del 1 de octubre , ya no se llega a tiempo para detener el eventual referéndum ilegal. Y aplicar después de ese día el artículo 155 sin saber cómo va a acabar esta aventura, resulta como menos azaroso. Hace dos meses que se tenía que haber tomado esta decisión y no se quiso, incluso se podía haber derogado el artículo 189 del Reglamento del Senado, según el artículo 196 del mismo, aplicando únicamente lo que señala el artículo 155 de la CE, que, de este modo, sí se podría aplicar en tres días. Ahora veremos si no fue un tremendo error.

HD Joven: Nicolás Maduro y la Constitución de 1999: Hay amores que matan

Algo me dice que no pasará mucho tiempo antes de que historiadores, novelistas, cineastas y quizás algún que otro psiquiatra analicen la figura de Nicolás Maduro -junto a otros muchos mandatarios de nuestra época-. Tampoco para nosotros, los juristas, él y chavismo carecen de interés.

Resulta incuestionable que la Constitución venezolana de 1999 supuso un punto de inflexión en la historia del derecho constitucional postmoderno. No únicamente por inaugurar un modelo de Carta Magna que inspiró a otros países de Latinoamérica, sino por el protagonismo que en ella se establece para la participación ciudadana y su pormenorizada regulación de derechos. Más discutible es que se haya aplicado en toda su extensión, y es que ya se sabe que el papel lo aguanta todo.

Mucho antes de que decidiera abrir su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nada ha tenido de buena la relación entre Maduro y esta Constitución. Salga adelante o no la ANC votada el 30 de julio, se le acumulan tantos incumplimientos constitucionales al sucesor de Hugo Chávez que sin duda pasará a la historia como un enterrador de la Carta Magna de 1999.

Y no hace falta llegar a la brutalidad para reprimir las manifestaciones que se han saldado, hasta donde sabemos, con decenas de víctimas mortales, ni tampoco a los encarcelamientos políticos como el de Leopoldo López o Antonio Ledezma, Maduro ya empezó defraudando a su Constitución antes inclusive de acceder a la presidencia.

Si se recuerda, Maduro se presentó a las elecciones de 2013 como “Presidente encargado”, lo que le confirió ex lege, entre otras cosas, la posibilidad de tener mucha más visibilidad en la televisión pública que su oponente, Henrique Capriles. No entraré a comentar el posible pucherazo que el Instituto de Altos Estudios Europeos, entre otros observadores y organismos internacionales, ve plausible en el escaso margen de votos que le dio la victoria electoral. Más importa aquí su ilegitimidad constitucional para ostentar dicho cargo.

El artículo 233 de la Constitución es claro: cuando, dentro de los cuatro primeros años de su periodo presidencial, se produzca una falta absoluta del Presidente de la República, o sea su muerte, renuncia, destitución, abandono de su cargo o revocación popular de su mandato, se deben convocar nuevas elecciones presidenciales en los siguientes treinta días. Durante ese periodo, efectivamente, queda como “Presidente encargado” el Vicepresidente Ejecutivo.

Ahora bien, Chávez que había ganado las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, nunca llegó a tomar posesión de su cargo o, al menos, no queda ninguna prueba de ello. Podemos asegurar que el difunto Comandante incumplió el precepto constitucional que exige al Presidente electo jurar su cargo ante la Asamblea Nacional el 10 de enero del 2013,  primer año de su renovado mandato (artículo 231). Ese día, oficialmente, recibía tratamiento de su cáncer en Cuba. En su lugar el entonces Vicepresidente Ejecutivo electo, Maduro, convocó una esperpéntica manifestación cuyos asistentes “juraron por Chávez” “en nombre del pueblo”.

El mismo artículo constitucional in fine establece que cuando por cualquier motivo “[el Presidente electo] no pueda tomar posesión ante la Asamblea lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. En principio, debería hacerlo en esa misma fecha, aunque el Tribunal Supremo Venezolano interpretó prescindible este requisito. Aún dando por buena tal interpretación,  el caso es que no tenemos ninguna prueba documental de que Chávez regresara vivo de Cuba y aún menos de que llegara a jurar su cargo ante el Tribunal Supremo. Algo increíble en una época donde cualquier móvil puede sacar una foto o hacer un vídeo.

Su fallecimiento se anunció al pueblo el 5 de marzo del 2013. Si bien, previsiblemente Chávez falleció antes de esa fecha sin jurar su cargo. De hecho, si volvió a Venezuela y no lo juró nada más llegar estaríamos ante un abandono/renuncia de facto por parte del entonces Presidente electo. Para cualquiera de tales escenarios, el artículo 233 prescribe convocar elecciones en los treinta días siguientes dejando como Presidente encargado al Presidente de la Asamblea Nacional. Correspondía pues al chavista Diosdado Cabello ejercer aquel cargo, no a Maduro.

El paso de Maduro por el poder se resume en la privación de legitimidad moral y jurídica para el cargo que ostenta. Pero ha sido tras las últimas elecciones legislativas de 2015 cuando el mandatario se ha sumergido en abuso ilegal de sus prerrogativas para anular a la Asamblea Nacional, sin haber encontrado en el Tribunal Supremo el rígido fiscalizador de sus poderes que debiera ser, sino una turba servil de acólitos que han avalado su conducta y le ha protegido dando por legal hasta el fraude administrativo que ha impedido convocar el referéndum revocatorio impulsado por la oposición.

Su largo historial de desencuentros con la Ley y la Constitución llegó a su punto álgido el 1 de mayo de 2017 con la sanción del Decreto presidencial 2.830. Mediante la ANC que este convocaba, Maduro se propuso abrir una reforma constitucional, anulando por decreto la Norma Suprema de su país.

Pese a la bastedad de las competencias previstas para el Jefe de Estado venezolano desde 1999, resulta más que dudoso que el Presidente pueda convocar una ANC unilateralmente. Establece el artículo 348: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.”

Sin menoscabo de que una lectura literal y aislada pueda dar la razón a Maduro, lo cierto es que el precepto dice “iniciativa de convocatoria”, en vez de “facultad” o “poder” de convocatoria. Por sí misma esta cuestión se quedaría en anécdota terminológica, pero no podemos obviar que el artículo inmediatamente anterior consagra al pueblo como “depositario del poder constituyente originario” (artículo 349) del país.

De la interpretación conjunta de ambos artículos se desprende que los sujetos enumerados en el artículo 348 no tienen autoridad para convocar una ANC por su cuenta, sino en todo caso para apelar al pueblo en referéndum. Así este se pronunciaría como poder constituyente originario sobre si debe iniciarse o no la reforma constitucional. De hecho, así procedió Chávez para la ANC que redactaría la vigente Constitución del país. Primero hubo un plebiscito al que siguieron elecciones a parlamento constituyente.

La interpretación chavista del artículo 348 no puede darse por correcta ya que abocaría al país a un escenario inverosímil en el que su Presidente, cada vez que le plazca, podría abrir un proceso constituyente con una norma inferior al rango de ley. Es más, al no exigirse mayorías especiales a la ANC para reformar la Constitución, a un partido le bastaría tener mayoría simple en su seno para borrar de un plumazo todo el ordenamiento jurídico venezolano.

Precisamente en base a este principio constitucional, la Asamblea Nacional (AN) trató de convocar un referéndum el pasado 16 de julio para que la población se pronunciase sobre la convocatoria o no de dicha Asamblea Constituyente prevista para el 30 de este mismo mes. En este caso, la competencia de la AN es  indiscutible a tenor del artículo 71 de la Constitución: Pese a ello, Maduro realizó su enésimo incumplimiento de la Constitución negándose a prestar los medios para que tal referéndum se celebrara con todas las garantías. Y el Tribunal Supremo realizó su enésimo acto de connivencia con una ilegalidad flagrante.

Discusiones constitucionales a un lado, analicemos sumariamente el contenido de esta convocatoria:

La primera polémica del Decreto presidencial 2.830 radicaba en la elección que su artículo 2 dispone para los miembros de la ANC. Hay que decir que la Constitución no establece nada al respecto de cómo debe elegirse esta ANC. Si bien, atendiendo a la sistemática del texto, por coherencia con el principio democrático estricto que debe presidir la organización del poder constituyente en democracia, se atisba que su elección debería hacerse por sufragio universal directo.

Algunas afirmaciones que se vienen oyendo, como que Maduro elegiría a la mitad de los miembros de la ANC a dedo, deben ser desmentidas. Sin embargo, el Decreto presidencial 2.830 normativizaba una elección por voto universal directo y secreto de 364 representantes territoriales y 173 representantes sectoriales. Entre otros la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela estima que tal sistema de elección, además de retorcido en favor de los intereses electorales chavistas, atentaba contra el principio de universalidad del voto recogido en el artículo 63 de la Constitución.

Más controvertidos aún que el sistema de elección de sus miembros son los fines de esta ANC. En la habitual pompa retórica bolivariana el Decreto presidencial intercala expresiones grandilocuentes como constitucionalizar la paz “como derecho y anhelo de la Nación”, “constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas […] con el fin de preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez” [sic], “perfeccionamiento del sistema económico”, junto a otras más razonables como incluir en la Carta Magna disposiciones sobre el cambio climático o el carácter pluricultural del país en referencia a los pueblos indígenas.

No se le escapa a nadie que Maduro quiere politizar aún más la Norma Suprema de Venezuela, impregnándola de chavismo hasta la médula. Sin embargo, preocupa especialmente el punto 5 del Preámbulo: “Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de base territorial y social de la población.”

Se teme que las “nuevas formas de democracia participativasocaven el Parlamento en favor del inquilino del Palacio de Miraflores, propiciando la instauración de un modelo plebiscitario de país. Si esto se confirma a medida que avanzaran los trabajos de la Constituyente, más allá de las dudas constitucionales sobre su convocatoria y sistema de elección, la supuesta ANC estaría defraudando al espíritu y expectativas del poder constituyente que la convoca, en connivencia con un Presidente de la República que haría uso de unos pretendidos instrumentos de la constitución para traicionar los principios de la misma.

De todo punto esto constituiría un fraude de constitución, en que una carta magna democrática se pervertiría para dar un golpe de Estado al Parlamento, al tiempo que uno de muerte al propio espíritu constitucional de 1999.

 

Imagen: Noticia al día

HD Joven: La autocratización de la otra Europa olvidada

Dos Europas luchan entre sí dentro de lo que es la actual Unión Europea. Oeste-Este. Una visión de una Europa semi-federal, con un fuerte nexo ideológico, frente a una visión de una Europa de Estados-nación, con intereses diferenciados. Y lo que era el telón de acero en la guerra fría, posiblemente sea un telón de baja intensidad dentro de la actual Unión Europa.

Los procesos democratizadores de Europa del Este, tras la caída de la URSS, no fueron un proceso homogéneo. Pasando por la pacífica revolución de terciopelo en Checoslovaquia, hasta la sangrienta revolución en Rumanía, que culminó con el juicio y la ejecución de Ceaușescu, la condición principal de ingreso en la UE, para los antiguos países de la órbita soviética -al igual que para cualquier estado candidato-, fue y sigue siendo el respeto a la democracia y a los Derechos Humanos. No obstante, mientras que, por un lado, en estos renacidos países estamos midiendo una democracia que se ha venido constituyendo desde apenas la caída del muro de Berlín, por otro, en Europa occidental hemos tenido siglos para forjar nuestras democracias liberales. Aun así, es evidente que se ha producido una autocratización en cascada de esta Europa olvidada en los últimos años. Asimismo, Europa del Este ha virado del modelo al que pertenecía (aspiraba a pertenecer a la UE), para pasar a tener el modelo ruso y turco como eje ideológico.

El ojo del huracán actualmente se centra sobre Polonia. Ley Justicia (PiS), partido en el gobierno polaco ultraconservador, recientemente ha aprobado una ley que permite al ejecutivo el control de la justicia (aquí). Todo esto ha ocurrido dentro del contexto de numerosas advertencias de Bruselas respecto a la deriva autocrática del gobierno y el rechazo de la ciudadanía polaca. No obstante, la reciente ley polaca no es un acto aislado, ya que, en los últimos tiempos, se han visto, por ejemplo: (i) la lucha en Hungría por la Central Europan University, universidad Húngara contra la que ha batallado el gobierno de Viktor Orban con la intención de cerrarla por su modelo de enseñanza occidental; (ii) nacionalistas polacos protagonizaron centenares de titulares en 2015 por su quema de banderas de la Unión Europea;  (iii) en noviembre de 2016, el gobierno de extrema derecha de este país trató de aprobar una ley mediante la cual se abolía el aborto por completo, sin embargo, dicha ley fue paralizada cuando las calles de Polonia y Europa se tiñeron de negro en señal de protesta.

La dirección política que han tomado ciertos países orientales de la UE provoca una sensación de déjà vu con la noción de las “democracias hiper-presidencialistas” (aquellas con un poder ejecutivo cuyo peso es tal que devora al legislativo y al judicial) rusa y turca (esta última tras el reciente referéndum). El líder húngaro, Viktor Orban, cae en brazos de Erdogan, y éste cae a su vez en brazos de Putin, en un efecto dominó en el que los países del Este acaban acercándose más a Rusia que a la UE.

Desde un punto de vista histórico, cabe comparar este giro con el nacionalismo conservador, como un proceso de reacción contra el dominio soviético durante la Guerra Fría, en donde lo nacional y lo religioso fue reprimido a raíz del comunismo. Un ejemplo de esta contra-reacción podría ser Polonia, en donde ahora más del 90% de la población se adhiere al ultra-catolicismo. Estamos presenciando una lucha de reivindicación por una identidad nacional, que en algunos casos llega a chocar con el espíritu de la Unión Europea. Este nacionalismo se ve intensificado, dentro de una crisis económica en donde, cumplir con unos compromisos económicos con la UE, se convierte en un difícil requisito y provoca que la cuerda entre las dos Europas se tense.

Por otro lado, la visión de lo que es la Unión Europa carece de consenso entre los Estados miembros. Históricamente, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la antigua República Federal Alemana, han sido los países que promovieron la visión federal de los padres fundadores de Europa. Así pues, a pesar de que no se llegara a construir una Europa federal, por falta de consenso, cabe pensar que dichos países occidentales, más prósperos económicamente, abanderaron el proyecto de una Europa políticamente integrada. Sin embargo, para Europa del Este, la Unión Europea es un conjunto de Estados Nación con intereses diferenciados. Además, a pesar de la falta de consenso sobre la raison d’être de la UE, debería existir un espacio para el diálogo y un acercamiento entre estas dos simbólicas Europas, para que así el proyecto europeo pueda progresar.

No obstante, el propio proyecto europeo, a pesar de lo sólido que pueda llegar a ser, no existe como un acto internacional aislado. No puede infravalorarse la influencia de otro factor global, que en términos geopolíticos gobierna la esfera global y, por tanto, ha dejado también su huella en Europa. Con ello me refiero a que quizá el mayor peligro del fin de la Guerra Fría fue que al morir el orden internacional bipolar EEUU-URSS, se constituyó un orden internacional unipolar, en donde la hegemonía global actualmente reside en EEUU, país con una enorme fractura democrática. En el contexto de esta unipolaridad, durante la Presidencia de Obama, EEUU fue el nexo de occidente, de la mano de la diplomacia, los Derechos Humanos y una política de seguridad táctica que abandonó la guerra del terror de Bush. Hoy en día la peligrosidad de este orden internacional, bajo la hegemonía estadounidense, cuelga de la mano de Trump, aliado con el eje de Putin y Erdogan.

No olvidemos que la batalla ya no se libra en tierra, como en las dos grandes guerras. Hemos pasado del hard power (el poder bélico), al soft power (el poder de la diplomacia e incluso del cuarto poder). Por un lado, en el año 2016 el Ministro de Exteriores ruso anunció la existencia un ejército ruso de soldados informáticos para controlar los flujos de comunicación. Por otro, la América de Trump ha declarado la guerra al New York Times y a la prensa libre. Dentro de este paradigma global convulso, puede que una Europa sólida y fuertemente integrada sea la última esperanza para el constitucionalismo, los estados de Derecho, la división de poderes y el propio pensamiento ilustrado que abanderó Europa durante nuestra historia. No obstante, nuestro pensamiento europeo debe de edificarse sobre unos pilares sólidos, que hagan contrapeso a la radicalización. Si esta radicalización llegara a chocar con los propios Tratados y valores fundacionales de la Unión Europea, el proceso sancionador no debería de ser pospuesto, incluso se podría llegar a contemplar el precedente de la expulsión. La historia ha demostrado que la política de apaciguamiento no desgasta, sino que alienta. Por tanto, el mayor reto para Europa es abanderar esta moral ilustrada sobre unos pilares políticos sólidos, frente a la nueva oleada ideológica de imperialismo autocrático.

HD Joven: Más patriotas

La semana pasada, los editores de HD Joven estuvimos hablando entre nosotros (técnicamente, escribiendo; ya saben que ahora gran parte de la comunicación se produce a través de WhatsApp) sobre la semana del “World Pride” y la oportunidad de escribir al respecto. Aprovechamos nuestra colaboración mensual con Qué Aprendemos Hoy para publicar un serial de artículos sobre la regulación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en España y en el resto del mundo (aquí, aquí y aquí).

El fin de semana acudimos a la celebración del Orgullo y advertimos que, tanto en la manifestación (acto central) como en la posterior algarabía que se extendía por las abarrotadas calles de Madrid, ondeaban banderas de prácticamente todos los países del mundo, salvo la de uno: el anfitrión. Ello nos llevó a plantearnos el que ahora es el tema principal de este post: ¿por qué los ciudadanos españoles somos tan reticentes a enorgullecernos de nuestro país y de nuestra bandera? ¿Será que todavía heredamos la vetusta carga de una guerra y un régimen dictatorial que muchos ni siquiera vivimos? ¿O traerá esto causa en la utilización con fines políticos que se ha venido haciendo de la (no) exhibición de la bandera tanto en un sentido como en el otro?

A muchos, la simple formulación de las anteriores preguntas les bastará para situarnos políticamente en la derecha, sino en la extrema derecha (desgraciadamente, hoy la política está plagada de etiquetas y eslóganes…). Les pedimos por favor que nos dediquen un poco más de tiempo, pues esto no va de partidos políticos, sino de países.

España es el tercer país del mundo que se lanzó a aprobar la Ley de Matrimonio Homosexual (Ley 13/2005); de hecho, incluso antes de aprobarse, la ley ya contaba con un amplio consenso de la ciudadanía (más de dos tercios). Tras la aprobación de ésta y otras normas surgidas en favor del colectivo LGTBIQ+, analizadas en el primer post del serial antes mencionado, nuestro país se ha convertido en el más tolerante con dicho colectivo. Eso debería ser motivo suficiente de #orgullo.

Es cierto que tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía hoy, el número de agresiones que sufre este colectivo es alarmante e intolerable, pero ello no obsta para que nos sintamos orgullosos de que nuestro país, al menos a este respecto, haya sido pionero en la regulación de estos derechos. Como decíamos en nuestro serial, es preciso recordar que 73 países aún castigan penalmente las prácticas homosexuales por considerarlas aberrantes y contrarias a la ley (en 10 de los cuales el castigo es la pena de muerte) y que en muchos de los países más avanzados del mundo no existe regulación.

Eso en cuanto al particular asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ¿qué hay de la cuestión de las banderas? Sin pretender abordar un recorrido histórico por los motivos que llevan a ciertos partidos a reivindicar la bandera de la Segunda República, los colores de la actual bandera nacional lo llevan siendo desde finales del siglo XVIII, salvo el referido periodo republicano (1931-1939). Es decir, que ha sido nuestra bandera durante más de 200 años, en los que ha habido diferentes formas de Gobierno: desde la monarquía absolutista, pasando por la dictadura, hasta nuestra actual monarquía parlamentaria.

A nadie se le escapa que fue precisamente la recuperación de la bandera rojigualda que acompañó a la instauración de la dictadura franquista, y durante los casi cuarenta años siguientes, la que provocó que una parte de la ciudadanía la relacionase con dicho régimen y, por ende, con las ideologías fascistas. Así, gran parte de los partidos (de izquierda y, particularmente, de los sectores republicanos) nunca han acabado por asumir los colores de la actual bandera como propios. De hecho, es bastante inusual que en las manifestaciones que se convocan en nuestro país, como la del pasado sábado con motivo del Orgullo, se pueda atisbar a alguno de sus participantes portando nuestra enseña nacional, siendo las banderas republicanas, o incluso otras más polémicas, más habituales.

Resultó bastante polémico para determinados sectores de nuestro país el gesto que tuvo el actual Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, cuando apareció durante el acto de su proclamación como candidato a la presidencia para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 delante de una enorme bandera de España. Gesto que fue, a nuestro modo de ver, uno de los mayores aciertos que tuvo el otrora candidato socialista para desterrar ciertos rechazos que ha tenido tradicionalmente el sector más izquierdista del partido con nuestra enseña.

Para ser justos en el reparto de culpas, no debemos obviar que el origen de esta situación no es por completo ajeno a los sectores sociales y partidos políticos más escorados a la derecha. En este sentido, el excesivo uso por parte de estos grupos de la bandera rojigualda (en cierto modo, haciendo de la misma patrimonio propio y excluyente) ha servido para confirmar en sus creencias a los del otro lado de la trinchera. Los extremos no sólo se tocan (como se suele decir) sino que en ocasiones se retroalimentan.

Comoquiera que sea, a día de hoy, nuestra bandera está estigmatizada por nosotros mismos, igual que nuestro país. Lo peor de todo es que, en efecto, tenemos que atribuir esta situación casi en exclusiva al uso partidista que –por unos y por otros– se ha llevado a cabo. Este hecho, per se, debería ser suficiente para desacreditar cualquier etiqueta. La bandera debe ser un elemento (simbólico) del Estado con carácter neutro y finalidades identitarias que nada tienen que ver con el enaltecimiento de una dictadura, la apología de una ideología conservadora o, en fin, nada que suponga un menoscabo en los derechos alcanzados a este punto no sin esfuerzo. Sólo la ciudadanía puede revertir el uso ilegítimo que de la bandera nacional han hecho los partidos políticos.

Quizás digamos esto porque pertenecemos a esas nuevas generaciones a las que la Guerra Civil les suena como algo terrible, sí, pero muy lejano, por lo que no existe entre nosotros tanto debate sobre qué representa o deja de representar nuestra actual bandera constitucional.

Para nosotros, no hay duda: la enseña nacional que tenemos a día de hoy es la única que representa a todos los ciudadanos españoles y bajo la cual cabe cualquier tipo de ideología y pensamiento. Y es la que debería seguir vigente en el futuro, aún cambiando la forma de gobierno de nuestro país y volviendo –quién sabe– a ser una república.

La excepción, nada baladí, de toda esta historia la encontramos en el deporte. Fernando Alonso, Rafa Nadal, Pau Gasol, Alberto Contador, Javier Gómez Noya, Mireia Belmonte, las selecciones nacionales de fútbol, baloncesto y un largo etcétera llevan años despertando los instintos patrióticos más primarios. Las hazañas deportivas hacen florecer banderas nacionales decorando los balcones, multiplican la venta de camisetas y otros signos representativos de España, provocan desplazamientos y concentraciones de miles de personas y, por supuesto, despiertan sentimientos de todo tipo a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta época de éxitos deportivos concatenados que vivimos desde hace unos lustros pareciera demostrar que el rechazo al símbolo nacional es más deliberado que instintivo y que requiere de una actitud consciente y premeditada de menosprecio a la bandera. ¿Es esa asociación –consciente o asimilada– entre ideología y aceptación o rechazo a la bandera española la que provoca el aparente desapego? Es posible que la militancia doctrinal requiera de asideros más estéticos que reales.

Y es por todo ello que creemos justo reivindicar la neutralidad de nuestra bandera y la recuperación de una suerte de entusiasmo nacional que elimine los prejuicios que sobre ambos arrastramos, sobre todo cuando se trata de prejuicios que, en este caso y en estos tiempos, ni siquiera parecen sustentarse por ninguna razón de peso.

Fue España quien decidió proteger al colectivo LGTBIQ+. Una España de consenso que agrupaba a personas de todos los sectores de la política nacional. Y es la bandera de España la que mejor representa lo que debiera enorgullecernos: que nuestro país es tolerante.

 

Fuente primera imagen: Actuall

Fuente segunda imagen: Javier Ramos

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HD Joven: Nuestros cómodos Ministros

En un artículo del año pasado, Irene Lozano defendía la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados a fin de evitar que éste fuera “un lugar demasiado cómodo para el Gobierno”, como ocurre ahora. Y es que, en efecto, cuando debería ser el lugar más hostil de todos, el Gobierno se siente cómodo en el Hemiciclo, más aún en las distintas Comisiones.

Para quien dude de esta afirmación, no tiene más que ver la última comparecencia del Ministro Rafael Catalá en la Comisión de Justicia celebrada el pasado 10 de mayo ante los diversos escándalos acaecidos en el seno de la Fiscalía (que, por el momento, ya han provocado la dimisión de Moix). Acusado de manipular los nombramientos de los altos cargos del Ministerio Fiscal con intereses partidistas y de nada menos que presionar al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción para impedir el registro del domicilio de Ignacio González con ocasión de la investigación del “caso Lezo”, a Catalá en ningún momento le tembló el pulso durante las dos horas que permaneció bajo el escrutinio de los parlamentarios. Incluso se permitió, en un ejercicio de templada altanería, dar lecciones de captación de talento a los Diputados de la Comisión.

De algunos habituales de la Cámara baja he oído que todo empeoró sustancialmente con la proliferación de las redes sociales e Internet. Desde que los Diputados advirtieron que sus discursos tendrían un mayor efecto cuanto más espectaculares fuesen, comenzaron a dejar a un lado los aburridos tecnicismos de la actividad parlamentaria y, paralelamente, a tratar de protagonizar la escena. En definitiva, a tratar de salir en la tele.

Una prueba de esto es el vergonzoso espectáculo de Gabriel Rufián ante la comparecencia de Daniel de Alfonso, ex Director de la Oficina Antifrau de Cataluña, en la Comisión de Investigación de la utilización partidista del Ministerio del Interior. Baste decir que el señor Rufián terminó su intervención dirigiéndose a Daniel de Alfonso con un “hasta pronto, gánster, nos vemos en el infierno”. ¿Y cuál fue, después de todo, la conclusión de esta investigación? Que Rufián apareció en todos los medios.

Una comisión tan excepcional como la que tiene por objeto la investigación de las aspiraciones clientelistas de un Ministerio debería abordarse con un carácter mucho más profesional y técnico, con el objeto de desgastar a los comparecientes y obtener información valiosa que poder arrojar a los presuntos culpables. Pero ni el poco tiempo que duran las comparecencias ni lo poco atractivo que para el ciudadano puede esto resultar invitan a los Diputados a hacer bien su trabajo. El teatro es una prebenda que sale más rentable.

Pero esta situación no podrá sostenerse indefinidamente sin que el Congreso pierda su credibilidad institucional y la ciudadanía termine por retirarle su confianza. Una democracia y un Estado de Derecho que se precien, como ya decía el viejo Montesquieu, no pueden existir sin una separación efectiva de poderes. Y, si el control parlamentario no funciona, los checks and balances entre el Legislativo y el Ejecutivo se desvanecen, la ya existente crisis de legitimidad de las Cortes se acentúa y, finalmente, nuestra democracia se resiente.

Un Diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, se vanagloriaba la semana pasada en Twitter de que su grupo parlamentario era el que más iniciativas había presentado de momento, un poco para contrarrestar un criterio que ha ido asentándose en los ciudadanos de que a los legisladores morados les gustan mucho los viajes en autobús, pero poco el trabajo parlamentario de verdad, que es menos espectacular, menos rebelde y, por qué no decirlo, más desagradecido. El gráfico que adjuntaba era el siguiente:

A día 30 de mayo de 2017, el número de iniciativas registradas en el Congreso por Unidos Podemos (como grupo parlamentario, dejando a un lado las iniciativas presentadas por sus Diputados a título personal) ya ascendía a 1.265. No obstante, atención, porque los datos son engañosos. De esas 1.265 iniciativas, la mitad (617 exactamente, el 49%) eran Proposiciones no de Ley (carentes de efectos jurídicos) y otras 559 (el 44%) eran solicitudes de comparecencias de autoridades ante la Cámara (y sólo 14 de ellas ante el Pleno). Entre el resto de iniciativas se encuentran 10 interpelaciones urgentes, 9 mociones y 20 leyes. Por tanto, pese a ser legisladores, el 98% de sus iniciativas no son legislativas.

A propósito, de entre las 20 leyes registradas, 15 no superan las 5 páginas (con su exposición de motivos incluida), 9 de ellas no pasan de 2 páginas y media y sólo una supera las 20.

Debe tenerse en cuenta que Unidos Podemos es el segundo partido más grande de la oposición y, si son éstas las cifras de las que presume, la eficacia del control parlamentario del Gobierno ya queda de por sí bastante desacreditada. Las cifras del Partido Socialista, por cierto, son muy parecidas, aunque ligeramente mejores.

En cualquier caso, lo peor es que el problema ni siquiera es de números, sino del tipo de iniciativas y de la forma en la que éstas se tramitan. Respecto del caso de Unidos Podemos, como veíamos, el grueso de las iniciativas son solicitudes de comparecencias y proposiciones no de ley. Las primeras sirven para establecer un canal de comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero rara vez tienen especial repercusión y/o efectos reales. Respecto de las segundas, yo mismo defendí en un artículo la utilidad relativa de las proposiciones no de ley, en la medida en que, cierto es, no despliegan efectos jurídicos, pero su valor político sí es importante, pues permiten introducir un tema concreto en el discurso público, y dan salida a asuntos menores que, de otro modo, ni siquiera serían objeto de debate. Cuestión distinta es el uso exagerado que de ellas se hace. Sólo el número tan elevado de proposiciones no de ley debatidas, no en el Pleno, sino en Comisión (existen 35 comisiones en esta legislatura, sin contar las distintas subcomisiones y ponencias) desvirtúa uno de los dos únicos argumentos que le quedaban a esta iniciativa para sobrevivir. ¿Qué efecto político real tiene una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que se posicione en el seno de la Unión Europea en contra de prorrogar el uso del herbicida tóxico glifosato (no me invento nada, pueden encontrar el contenido de la misma aquí), que próximamente será debatida en la Comisión de Agricultura y guardada, a partir de entonces y me atrevo a decir que para siempre, en un cajón?

En cualquier caso, ello no cierra el debate sobre la utilidad de otras muchas iniciativas parlamentarias que no presentan los grupos, sino los Diputados, como las preguntas escritas. El Gobierno rara vez se “moja” en sus respuestas, lo cual ya fue criticado por el Senador de Compromís Carles Mule cuando irónicamente preguntó al Gobierno: “¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?”. El Gobierno, a propósito, respondió que no disponía de “protocolos específicos para dicha eventualidad, entre otros motivos, porque poco se puede hacer llegado ese momento”.

Similares críticas reciben las preguntas orales en Pleno. Hace no mucho tiempo yo mismo pensaba que aquellos debates que se televisaban desde el Hemiciclo eran principalmente espontáneos. Sin embargo, nada de eso: casi con una semana de antelación, los distintos miembros del Gobierno ya saben sobre qué les van a preguntar los Diputados. Y, a poca intuición que tengan, pueden incluso anticipar el discurso de sus adversarios y preparar sus correspondientes réplicas. Cierto es que, a fin de dar respuestas más trabajadas, es preciso conceder un margen de tiempo al Gobierno para que las prepare, pero ello no obsta para tratar de encontrar una fórmula que permita presionar verdaderamente al Gobierno, como, por ejemplo, que se puedan registrar preguntas con 24 horas de antelación o que una parte de éstas se formule in situ. Mariano Rajoy es conocedor de este problema y se ríe del resto de partidos, a mi juicio con cierta gracia. A Pablo Iglesias le tuvo esperando varios minutos mientras le explicaba la teoría de la división de poderes como si de un alumno de primero de Derecho se tratara (y leyéndolo de una hoja que probablemente no preparó él). Preguntado por los aforamientos, a Albert Rivera le respondió, tras otra explicación teórica simplona también leída directamente de una hoja que sostenía con la mano, que la reforma de los aforamientos era algo que no urgía y que “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Como él cerraba el breve debate y sus 134 obedientes Diputados le iban a aplaudir de cualquier modo, el éxito dialéctico estaba garantizado.

Ante este panorama (el de Catalá, el de Rufián, el de Rodríguez y el de Rajoy, más común de lo que pueda parecer), la necesidad de tomar medidas es evidente. Y, como dije este martes en otro foro y al principio de este artículo, lo primero es abordar una reforma del Reglamento del Congreso. No soy, ni mucho menos, el primero que lo ha dicho. Así lo han advertido antes políticos, Letrados de las Cortes, juristas, periodistas y muchos más. El Reglamento requiere, de hecho, de una reforma integral, pero haré mías algunas de las propuestas recogidas por Pérez Alamillo en su sesudo trabajo: asegurar la espontaneidad en las preguntas orales al Gobierno, fortalecer las funciones de las comisiones de investigación, posibilitar las interpelaciones al Presidente del Gobierno, potenciar el protagonismo individual de los Diputados o proveer a éstos de formación parlamentaria específica. Cuestión distinta es que al partido del Gobierno, normalmente mayoritario, le interese aprobar esta reforma, pero lo cierto es que, tan sólo con estas pocas medidas, el control parlamentario del Gobierno incrementaría sustancialmente.

Y, hasta el momento, ¿cómo se encontrarán nuestros Ministros? Cómodos. Terriblemente cómodos. Y así lo estarán hasta que el Legislativo entienda que al Parlamento no se viene a comunicar. Al Parlamento se viene a parlar, a legislar y a controlar al Gobierno. Y ninguna de las tres, de momento, se hace demasiado bien.

Lenguaje político molón

“La palabra democracia mola; y por tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado. No mola nada. No hay manera de vender eso”, apuntaba Pablo Iglesias en 2013. Intervenía ante las Juventudes Comunistas de Aragón, y ofrecía una charla titulada “Comunicación política en tiempo de crisis” (cfr. minuto 21 de su intervención:  https://www.youtube.com/watch?v=Zh2qWOsRyO0).

Obsérvese que sus reparos hacia la dictadura son de significante, no de significado. Y aunque reconoce que resulta imposible comerciar con el concepto, Iglesias añade que “la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia”. De manera que sitúa en la trastienda un vocabloy exhibe en el escaparate otro, no por el contenido de los términos, sino por la `telegenia´ de los mismos. Durante su conferencia, Iglesias incide en la “carga asociativa” que acompaña al lenguaje político. Y son esas connotaciones las que le ocupan: si el sustantivo proyecta buena imagen (se vende bien, reporta seguimiento, facilita rédito electoral), adelante; si el sustantivo proyecta mala imagen, se retira del expositor.

El propósito estratégico y electoralista ayuda a explicar la lógica de Iglesias: apuesta por recurrir al lenguaje que resulta más eficiente para conquistar el poder… o “asaltar el cielo”, si evocamos otra de sus célebres expresiones.Pero a su vez, conviene constatar, quien considera que la dictadura del proletariado es la quintaesencia democrática, será porque su manera de entender la democracia resulta harto sui generis.

Apropiarse del vocablo que prestigia, y presuponer que el enemigo ha usurpado el vocablo prestigioso son vertientesdel mismo proceso propagandístico. Tales operaciones no son nuevas. Sirva como ejemplo: de las dos Alemanias previas a la reunificación, la que blasonaba de democrática (República Democrática Alemana) es la que no lo era.

Aconseja Aurelio Arteta (El saber del ciudadano; Tantos tontos tópicos) no tomar el nombre de la democracia “en vano”. Certera recomendación. De hecho, el pedigrí democrático de un político no aumenta por sermonear, cada dos por tres, con las invocaciones al “pueblo” o a“la gente” (Iglesias y Trump ejemplifican con fluidez esa dinámica). Y es más, tampoco basta con que ese pueblo o esa gente decidan algo de forma mayoritaria. Si una decisión es despótica y pisotea derechos y libertades inalienables, desde luego que no va a convertirse en democrática, por mucho que tal decisión haya sido respaldada por una abrumadora mayoría. Ni siquiera aunque el dictamen viniese aprobado por una hipotética unanimidad.

Por eso la democracia requiere, sí o sí, de “Estado de derecho” (cfr. ¿Hay derecho?, obra cuya autoría corresponde al seudónimo colectivo Sansón Carrasco). En la actualidad, abundan políticos que pretenden vulnerar la legalidad, para así cumplir, aseguran,con el mandato democrático. Es decir, que de forma caprichosa deciden saltarse las reglas del juego… porque ellos lo valen. Postulados de ese jaez resultarían irrisorios, de no ser por las peligrosas derivas que todo ello encierra. Un sistema democrático resulta perfectible, que no perfecto, puesto que para `perfecciones´ya encontramos las de los regímenes totalitarios: perfectos en su afán coercitivo, perfectos en su naturaleza sanguinaria, perfectos en su empeño represor. En consecuencia, el funcionamiento de las democracias es mejorable, y por ello cuenta con sus cauces de mejora: nada que ver con tomarse la legalidad como asignatura optativa.

Sabotear el lenguaje político es tan antiguo como la propia política. Durante la segunda mitad del siglo XX fue habitual una “patraña” que describe Sartori en ¿Qué es la democracia? Se daba por buena la existencia de una “democracia occidental” y otra “democracia comunista”, y se realizaba una sesgada comparativa, que hizo perdurar la farsa. El ventajista procedimiento aún es empleado hoy por algunos. Veamos. Una comparación rigurosa exigiría confrontar ideales con ideales, y hechos con hechos. Sin embargo, la falsa demostración entrecruza los emparejamientos, para comparar los ideales no realizados del comunismo, con los hechos de la democracia liberal. Es una manifiesta competencia desleal: resulta bien tramposoenfrentarensoñaciones, presuntamente inmaculadas, con realidades que, por definición, siempre serán limitadas e imperfectas.

Por acabar. No es raro encontrar mucha palabrería a un lado y otro del arco ideológico. Esa palabrería, en sus distintas modalidades, nunca es inocua; y la avistamos en España, en Europa y en el resto del mundo. Son frecuentes, cada vez más, discursos populistas-nacionalistas que instrumentalizan de forma torticera valiosísimos conceptos: entre otros, el de democracia. Y precisamente porque el concepto “mola”, merece la pena protegerlo de quienes pudieran contribuir a `inMOLArlo´.

 

Trillo y el sentido de la responsabilidad política

Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado miércoles en el diario El Mundo por nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

 

La polémica sobre el ex ministro Trillo tras conocerse el demoledor informe del Consejo de Estado sobre la actuación de Defensa con ocasión de la tragedia del Yak 42, es una buena oportunidad para reflexionar sobre el sentido de una figura prácticamente desconocida en España: la responsabilidad política.

Hace casi 14 años, el 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles regresaban a España tras una misión en Afganistán. Lo que siguió es conocido: la conmoción por el accidente, las prisas por repatriar los cadáveres, el caos en la identificación, el desprecio por las familias, la polémica sobre el mal estado de los aviones y el cansancio de la tripulación -que había sido denunciado reiteradamente por los propios militares-, el cese de la cúpula militar, los procesos judiciales que se abrieron a consecuencia de la tragedia, el sobreseimiento de la causa penal contra los altos mandos, el indulto a los comandantes sanitarios condenados y la reprobación moral en el Congreso del ex ministro de Defensa, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa sesión, Trillo consideró asumida su responsabilidad política desde el momento en el que el presidente Aznar había rechazado su dimisión como ministro.

A la vista de las voces que se han vuelto a alzar exigiendo de nuevo la asunción de esas responsabilidades políticas tras el informe del Consejo de Estado reconociendo la responsabilidad patrimonial de la Administración, se ha contestado desde alto cargos del PP -empezando por el presidente del Gobierno- que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo. Parece que también las responsabilidades políticas tienen que prescribir en algún momento. Es comprensible la pretensión de nuestros políticos de confundir la responsabilidad política con la jurídica, especialmente, con la de tipo penal. Las naturales restricciones y limitaciones de esta última resultan muy convenientes para los protagonistas implicados. El problema es que esa confusión también resulta enormemente destructiva para la convivencia democrática.

La responsabilidad jurídica de tipo penal se encuentra amparada por la coacción organizada del Estado ante un hecho o una conducta que la sociedad considera que atenta contra las reglas básicas de la convivencia. En las sociedades democráticas avanzadas implica el establecimiento de un sistema de reglas muy estrictas en defensa de los derechos fundamentales del acusado. Se trata de normas que recogen garantías tales como el principio de tipicidad (no hay delito salvo que la conducta esté tipificada previamente como tal en el Código Penal), la presunción de inocencia, la existencia de procedimientos judiciales muy garantistas o el instituto de la prescripción. Efectivamente, nuestras leyes prevén que al cabo de un determinado tiempo -cuya duración varía en función de la gravedad de la ofensa o del daño causado- ya no se pueda perseguir y castigar por la comisión de un determinado delito o de una infracción administrativa, ni tampoco presentar una reclamación de tipo civil, mercantil o laboral. La prescripción, en definitiva, responde a la necesidad de respetar uno de los principios esenciales en todo Estado de Derecho, que es el de seguridad jurídica.

La responsabilidad política tiene el mismo fundamento último, la reacción indignada de la sociedad frente a un comportamiento de un representante o cargo público que no respeta los estándares mínimos establecidos, pero su desarrollo es completamente distinto. En primer lugar, porque esos estándares varían a lo largo del tiempo y entre países; cuanto más avanzada es una democracia, más rigurosas son las reglas sociales sobre cómo se deben gestionar los asuntos públicos de una manera decente en beneficio de los intereses generales. Por eso en Alemania dimite un ministro por haber copiado una tesis doctoral -suceso también antiguo- y en España no suele dimitir nadie por conductas bastante más graves; sencillamente la sociedad lo tolera. Afortunadamente, las cosas están cambiando y el nivel de tolerancia social en España frente a la falta de asunción de responsabilidades políticas -especialmente por casos de corrupción- también. Cada vez más la sociedad reacciona ejerciendo su derecho a la autodefensa y exigiendo una respuesta a responsables políticos cuya actuación no ha traspasado los límites dolosos que concretamente sanciona el Derecho penal, pero sí los de la incompetencia, la mala gestión, la falta de ética o los de la subordinación de los intereses generales a los del partido o el Gobierno de turno.

Por eso las garantías jurídicas no juegan aquí ningún papel; simplemente, no tienen sentido. No se trata de responder ante el aparato coactivo del Estado, sino ante el rechazo moral y político de la sociedad en un momento dado. Es más, si ese mismo rechazo surge muchos años después del acontecimiento -no digamos si simplemente revive como ocurre en este caso-, la responsabilidad política no asumida nace o resucita con todo su vigor. Recordemos que el término responsabilidad tiene su origen remoto en el verbo responder, por lo que mientras la intimación social no se conteste, la responsabilidad subsiste, por muchos años que hayan transcurrido.

Federico Trillo no asumió nunca su responsabilidad y sigue sin hacerlo. El gesto que la sociedad le reclama como muestra material de su rechazo a lo ocurrido -que en eso consiste la responsabilidad- debe tener una sustancia real y una correspondencia estricta con el reproche que se le imputa. Afirmar que la negativa del presidente a su dimisión la dejó colmada, supone atribuir a Aznar poderes taumatúrgicos de los que lógicamente carece. Lo mismo ocurre con su dimisión como embajador en Londres. No se trata de que Trillo no sea digno de representar diplomáticamente a España. Se trata de que no es digno mientras no asuma expresamente su responsabilidad, mientras no responda como procede, vinculando su dimisión a la intimación que la sociedad le hace. Dimitir porque le toca cesar o porque prefiere irse al Consejo de Estado no es una respuesta válida porque deja la pregunta tal y como estaba.

Desde ese planteamiento, la postura de las familias es perfectamente comprensible. Hemos escuchado muchas veces peticiones parecidas en labios de colectivos que han padecido no ya una pérdida irreparable, como es la de un hijo, un hermano o un padre, sino también el menosprecio, la incompetencia y el falseamiento de los hechos por parte de unos políticos que lo que querían era pasar página cuanto antes y eludir sus propias responsabilidades. No buscan la aniquilación profesional a perpetuidad de Trillo, sino simplemente el gesto -meramente simbólico a estas alturas- de presentar la dimisión de un cargo público, sea cual sea, como asunción de su responsabilidad política por el caso Yak-42.

Trillo -fiel a sí mismo hasta el final- ha preferido perder esa oportunidad y se reincorpora ahora al Consejo de Estado, a cuyo cuerpo de letrados pertenece. Su desgraciada actuación en este asunto, dejando bien claro que a él no le cesa nadie, aclara también el respeto que le merecemos los ciudadanos en general y las familias de las víctimas en particular. Como político ha acumulado muchos años de antigüedad en servicios especiales que le situaran en la institución muy por delante de sus compañeros que han permanecido trabajando allí (otra de las peculiaridades de nuestro castizo sistema de revolving door entre política y Administración), pero su reingreso es perfectamente legal. Otra muestra más de la necesaria separación en un Estado democrático entre el Derecho, por un lado, y la moral y la política por otro. Pero esa separación no impide que la democracia se deteriore por estas reclamaciones que la sociedad hace y que su clase política no atiende: cuando el rechazo no produce efectos el cuerpo social termina acostumbrándose al elemento patógeno o acaba sucumbiendo. Por esa razón -no sólo por la dignidad de las víctimas y de sus familiares sino también por el futuro de nuestra democracia- confiemos en que allí donde vaya Federico Trillo esta reclamación le siga acompañando hasta encontrar debida satisfacción.

Rita Barberá o el final de una época: reproducción de la tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

Lamentar la muerte de un ser humano debería ser la reacción natural de otro ser humano. Y la cosa debería quedarse simplemente ahí, por respeto a su familia y a sus amigos, y sobre todo  a la propia persona que ya no puede defenderse. Pero cuando no ocurre así, como en el caso de Rita Barberá, y a la crueldad y estupidez de unos se une la hipocresía de otros, o cuando se pretende extraer ciertas conclusiones políticas de ese triste suceso, desde la utilidad de revisar pactos anticorrupción hasta la atribuir la instrucción de los procedimientos penales a la fiscalía, pasando por culpar a los medios de comunicación del acoso al que se somete a los políticos sometidos a investigación penal no hay más remedio que sumarse a este ruidoso coro con la finalidad de intentar aportar algo de perspectiva.

Rita Barberá acumuló un poder prácticamente omnímodo durante décadas en el seno de un partido al que dedicó su vida con toda la fuerza y la generosidad de que disponía, que era mucha, y que terminó siendo tratada como una apestada por el mismo partido que la había encumbrado y alabado como un referente político y hasta personal. Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido y lo que los familiares de Rita Barberá consideran que acabó por “romperle el corazón”. El tratar de desviar o de compartir la propia responsabilidad con otros agentes -medios, adversarios políticos, jueces o incluso partidos emergentes- no puede disfrazar la incómoda verdad: a Rita Barberá lo que más le pesaba era el abandono de los suyos.

Y es que más allá del indudable drama personal, ese abandono tiene un importantísimo trasfondo político, que es el que aquí intentaremos analizar. Rita Barberá se había convertido en un símbolo de una forma de hacer política, que ha sido la tradicional en España desde siempre y que apenas se ha cuestionado hasta hace cuatro días. Es la política de los liderazgos fuertes, de los golpes de efecto, de las grandes decisiones individuales sin análisis previo ni estudio técnico, de la falta de contrapesos y controles administrativos, del deber de atender con cariño a los fieles sin percibir por ello ningún riesgo para los intereses generales. La política en la que con el adversario se pactan no las políticas sino los cargos o el dinero. La política que huye de la complejidad, del debate público y de la rendición de cuentas. La política en la que el sincero fin de beneficiar a los ciudadanos siempre justifica los medios.

En resumen, se trata de la política propia de las democracias emergentes o de poca calidad, en la que uno o unos pocos individuos concentran todo el poder y, además, lo hacen con la mejor conciencia de trabajar generosamente por los suyos, por su partido, al menos en muchos casos. En ese tipo de democracias, historias como la de Rita Barberá no son tan extrañas. Son países donde se puede pasar de la Presidencia a la cárcel o al exilio, del todo a la nada, del elogio absoluto a la miseria absoluta, de los baños de masas al ostracismo social casi sin solución de continuidad.

Precisamente, porque el problema que plantea este tipo de liderazgos, tan descuidado con las formas, las reglas y los procedimientos, es que ni el más honesto puede salir indemne cuando las cosas vienen mal dadas. No solo porque ese “descuido” habrá precipitado errores y abusos de los que medraron a la sombra del poderoso y que indudablemente aparecerán tarde o temprano sino, sobre todo, porque la sospecha siempre resulta creíble. No nos paramos a pensar que si los políticos tiene en España tan malísima fama no es porque personalmente o tomados de uno en uno sean más corruptos que los de los países vecinos, sino porque la forma de hacer política en nuestro país presenta muchísimos menos diques frente al mar de la sospecha y favorece a los que deciden utilizar en beneficio propio los bienes públicos. Y eso infecta a todos, a los pocos deshonestos y a la mayoría que no lo son.

Cuando Rita Barberá se ve amenazada por la  investigación del caso Taula, abierto por blanqueo vinculado a una financiación irregular del partido, no entiende nada. Sobre todo no entiende la postura de sus compañeros, especialmente del líder que había avalado, apoyado y consentido su manera de actuar (ahí están las imágenes de Rajoy en el famoso Congreso de Valencia de 2008 y otras muchas con destacados dirigentes del PP valenciano que han sido o están siendo investigados, desde Camps hasta Alfonso Rus) y que, además, se consideraba su amigo personal. Cuando una tiene buena conciencia y convicción de haber actuado en todo momento como se esperaba de ella, incluso más aun, eso resulta especialmente duro.

Rita Barberá no comprende nada porque era una política de raza, pero de una época que toca a su fin. Por eso no se percata de que ese estilo de hacer política empieza a no considerarse presentable por su propio partido, aunque sea de cara a la galería. Porque está claro que internamente todavía la necesidad del cambio en la forma de hacer política está lejos de estar asumido. Pero los tiempos, afortunadamente, están cambiando en España y otros en su partido sí se dieron cuenta. Tras la única pero muy importante concesión de mantenerla contra viento y marea en la Diputación Permanente del Senado en el interregno entre la XI y la XII legislatura, para garantizarla en todo caso el sueldo y el aforamiento, Mariano Rajoy tuvo que dejarla caer para salvarse él y sus posibilidades de ser reelegido. No era la primera vez que tenía que sacrificar a alguien de su entorno próximo y puede que no sea la última. En realidad, no es tan extraño: son las necesidades de la política. Esa reacción dice mucho de la astucia política que con indudable razón se atribuye al Presidente del Gobierno, aunque dice más bien poco de su coherencia personal y moral.

La conclusión que debemos sacar de todo ello no es atribuir la instrucción al fiscal o revisar el pacto anticorrupción para volver a la vieja tesis de que no hay responsabilidad política sin condena penal, sino convertir la política española en algo mucho más aburrido. A los políticos del PP que se quejan del triste final de Rita, lo que les protegerá cuando llegue el momento de dejar el poder –y ese momento siempre llega, al menos en una democracia- es sencillamente hacer las cosas de otra manera. Es necesaria una forma más compleja de hacer política, menos clientelar, menos personalista, más anodina, en la que se comparte la toma de decisiones y, por tanto, también la rendición de cuenta y las responsabilidades. En la que los equipos son más importantes que las personalidades, en la que la evidencia y los datos son el fundamento de cualquier diagnóstico, en la que las relaciones personales y de lealtad cuentan menos que la capacidad y la formación. En la que el líder de turno no asume todos los éxitos, pero tampoco todos los fracasos. En definitiva, se trata de una forma de hacer política más civilizada y moderna, frente a la que cabe esperar que las reacciones de los ciudadanos sean también más civilizadas ymodernas, tanto cuando las cosas van bien como, sobre todo, cuando las cosas van mal.

Conviene recordar que las limitaciones del Poder son esenciales en una democracia avanzada no solo para tener mejores políticos sino también para tener mejores jueces y fiscales, mejores medios de comunicación y, sobre todo, mejores ciudadanos. Los políticos, como cualquier ser humano, no están libres de cometer errores, por buenas que sean sus intenciones. Pero cometerán muchos menos si existen mecanismos efectivos de contrapesos que limiten sus posibilidades de equivocarse.  Si concentramos todo o casi todo el poder en una persona lo más probable es que multipliquemos el riesgo de que adopte malas decisiones. La Historia nos recuerda que los tiranos benéficos e ilustrados son la excepción, no la regla.

En conclusión, para que no haya más casos como el de Rita Barberá en España lo razonable es impedir que los políticos de cualquier partido prefieran convertirse en reyezuelos o monarcas absolutos que aspiran al amor de sus súbditos más que en simples gestores temporales de los intereses de los ciudadanos. Es más razonable y también más factible aspirar sencillamente a gestionar los asuntos públicos de la mejor manera posible, trabajando en equipo, respetando las reglas de juego y estando siempre dispuesto a rendir cuentas y a ceder el testigo al siguiente cuando llegue el momento, que siempre llega. Quizás actuar así les deparen menos momentos de gloria, pero lo que es indudable es que también les depararán menos momentos de tristeza y de soledad.

HD Joven: Tomás Moro: Utopía, utopías políticas y distopías contemporáneas

Cumplidos quinientos años de la publicación de la celebérrima obra de Tomás Moro, “Utopía”, se hace necesario no sólo homenajear la grandeza de su obra, sino reivindicar su fuerza e influencia en la Teoría Política.

Se ha sostenido por algunos que el impacto de “Utopía” ha sido residual en el pensamiento posterior: Sabine, por ejemplo, considera que Moro defiende un ideal corporativista y desfasado, cuyas doctrinas políticas han tenido una repercusión prácticamente nula en la evolución de las ideas políticas. Ahora bien, ¿es eso cierto?

La ambigüedad de su obra obliga al lector a ejercitar el intelecto y realizar un esfuerzo hermenéutico, pero su oscuridad no es ni mucho menos, casual. Al principio de su obra, Moro afirma que el humanista podía guiar el destino de la humanidad, siempre y cuando ejerciera sus labores de consejo de una manera indirecta. La anfibología presente en su obra y la fina ironía que danza en las conversaciones mantenidas entre Moro e Hitloideo, se encuentran llenas de significado. Si nos deslizamos por las páginas de la obra “Utopía” descubriremos una grandísima riqueza de matices y sobre todo, una variedad de lecturas inagotable.

El autor transforma el paradigma de la crítica y del consejo político convirtiendo el género narrativo en una forma mediante la cual puede el intelectual aproximarse al análisis de los hechos y circunstancias sociales. El testigo lo recogerá la novela distópica contemporánea, que es en realidad una abanderada en la batalla contra las utopías políticas. Etas obras se enfrentan, a través de la narración y la ficción, a esos paradigmas de acción política que la historia nos ha enseñado que desembocan, más tarde o más temprano, en poderes totalitarios.

Recorriendo la obra de Moro, nos encontramos con un elemento muy importante a la hora de tratar el ejercicio del poder político: la defensa del empleo de criterios morales en el ejercicio del poder y de la ciudadanía. Este filósofo reivindica la naturaleza moral del fenómeno político en una época convulsa y llena de cambios, cuya transformación cultural y económica parecía exigir la institucionalización de su independencia. En “Utopía” nos encontramos un alegato que ampara las tendencias fijadas por el humanismo renacentista que proponen un gobierno dirigido a que el pueblo alcance el mayor grado de virtud posible. Por tanto, y en la línea del humanismo, su obra tiene un marcado carácter didáctico.

¿Quién es el destinatario de “Utopía”? Mientras que Maquiavelo escribe su famosa obra para el Príncipe, Moro se dirige no sólo al gobernante, sino a la comunidad política y al filósofo. Este tratado reivindica la virtud cívica y la realización pública del individuo como ciudadano, proponiendo una política orientada por el bien común y la Justicia sin renunciar a una moral comunitaria. Resulta clave entender que esta obra no es ni un proyecto político ni un paradigma de acción política, sino un criterio normativo exagerado de forma consciente para actuar, como guía, en decisiones políticas parciales.

Dicho criterio, goza hoy de especial relevancia en un contexto marcado por una grave crisis de las instituciones y representantes políticos y por la confusión entre el interés privado y el interés público;  “Utopía” debía ser el libro de cabecera de nuestros representantes, para recordarles que la ética en la política sirve para colocar el interés público por encima del interés privado, ideológico o económico.

¿Creía Moro en su “Utopía”? ¿Quería que se aplicara el régimen utópico en la vida real? Si así fuera estaríamos frente a un revolucionario y no tendríamos más remedio que asumir las interpretaciones marxistas sobre su figura, pero ni tienen razón esas interpretaciones, ni Moro pretendía que la Utopía fuera realizable en sus estrictos términos: de hecho, es por este motivo por el cual se ubica en un “no lugar”. Lo que es realmente revolucionario en Moro y en esta obra no es tanto la defensa de un sistema político sino la transformación que lleva a cabo del consejo político, o, dicho de otra forma, este autor era consciente de que para que el consejo del intelectual y humanista dejara sus frutos, debía de comunicarse de una manera diferente.

La narración que cumple cinco siglos de vida es una crítica sublime de la política de su tiempo, así como una auténtica exhortación de un Tomás Moro consciente, entre otras cosas, de la importancia de la ética y la moral en política, así como de la indisociabilidad entre el bien privado y el bien público.

Tiempo después, a partir del siglo XVIII, tras una gran transformación social y un enorme desarrollo científico y técnico, la teoría política asume la idea de progreso y el género utópico deja de ser crítico e irónico para convertirse en un arquetipo de actuación política, dando lugar proyectos revolucionarios de cambio social. Los idealistas políticos del siglo XIX y XX no pueden estar más alejados de la obra de Moro en la medida en que sus anhelos se ubican en la contingencia política, dejando de ser “no lugares” para pretender cambiar de forma radical la realidad presente.

Frente a estas utopías políticas, que eclipsan el objetivo real de la obra del autor, esto es, la función crítica y pedagógica, surge el género distópico, que incoa una crítica radical a las consecuencias de ese idealismo exacerbado y revolucionario. Si la obra de Moro se hubiera publicado en el siglo XX hubiera sido también una narración distópica, ya que, mediante ella, el intelectual aconseja y razona empleando el género de ficción.

Si las utopías políticas del siglo XIX y XX se separan radicalmente de las verdaderas intenciones de Moro, la verdadera finalidad de este autor renace con la literatura distópica del siglo XX, que censura las posibles consecuencias de los proyectos utópicos maximalistas o muestra al ciudadano la forma totalitaria que adquiere en ellos el poder. No hace falta acudir -entre otras tragedias del siglo pasado- la política del terror estalinista, justificado mediante una lógica basada en premisas utópicas; basta con leer “El cero y el infinito” de Koestler para conocer los peligros de esa lógica. Mucho cuidado con las utopías, dado que pueden llegar a justificar, y han justificado, no sólo totalitarismos sino atrocidades contra la humanidad.

Obras como “1984” (Orwell), cuyo epicentro es el poder político, “Un Mundo Feliz” (Huxley), que considera las consecuencias de una excesiva tecnificación y positivización de la política, o “Farenheit 451” (Ray Bradbury) que abole radicalmente la cultura y el pasado son ejemplo de distopías contemporáneas. Éstas continúan la pretensión de Moro, pero adaptándola a nuestro tiempo y actualizándola en un contexto rodeado de tecnología y medios más fuertes de control político y social. Esta literatura nos advierte, quizás de una forma premonitoria, de cómo el pensamiento utópico y la abstracción política pueden tener efectos despersonalizadores.

Si Utopía tomaba como referente la sociedad existente y la cuestionaba mediante un teórico establecimiento de una sociedad perfecta, que resaltaba las deficiencias de la realidad política, las distopías contemporáneas pretenden realizar, también una función crítica, a través de una crítica de máximos, exagerando los efectos a los que conducen las utopías ideológicas. De hecho, obras como “1984”, han llegado a ser, desgraciadamente anticipatorias (Bauman ha hablado, más de una vez, de la sociedad orwelliana).

Tanto la obra de Moro como las obras distópicas han nacido como formas de influir en la opinión pública empleando la narrativa y reivindican una noción de poder político humana y ejercida con un sentido moral, defendiendo no tanto la necesidad de transformar el mundo, como de hacerlo menos malo mediante acciones políticas moderadas y realistas, rechazando, de plano, las acciones políticas maximalistas y los totalitarismos en que desembocan.

Hoy, ante la irrupción de mensajes populistas y la comercialización política de utopías irrealizables, en el fondo de “no lugares”, conviene recordar la figura de Tomás Moro y de los grandes autores distópicos, ya que el discurso político utópico, en la realidad histórica, contradice su propio término y no desemboca en aquella bella república llamada Utopía, sino en regímenes totalitarios opresores que abandonan la política de la persona para elaborar una política abstracta, muchas veces lógica, pero terrible.

Si algún día llega la sociedad orwelliana, nadie puede decir que no se nos advirtió. Si Tomás Moro nos dio el primer aviso, los distópicos nos recuerdan los peligros de las utopías, que, en realidad, son, como sabemos, “no lugares”.

Esta es sólo una de las múltiples aportaciones de “Utopía” y de su autor al pensamiento político contemporáneo, ¿se puede seguir dudando, no sólo de su relevancia, sino de su actualidad?

La muerte de Fidel Castro

Quizás lo más chocante después de la esperada muerte de Fidel Castro a los 90 años son las reacciones de los distintos dirigentes políticos, empezando por los nuestros. Manifestaciones como las hechas a través de twitter por el Presidente Mariano Rajoy reconociendo que era una “figura histórica”, lo que es indudable, no ayudan mucho.

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Figuras históricas también lo fueron Hitler, Stalin o, por acercarnos a su zona geográfica tan pródiga en autocrátas y caudillos de todo tipo y condición, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (al que Vargas Llosa dedicó su impresionante libro “La fiesta del chivo”). Porque lo cierto es que con independencia de cuales fueran sus intenciones y de lo corrupto que fuera el gobierno al que derrocó Castro en su día, lo cierto es que los hechos cantan, y lo que había y sigue habiendo en Cuba es una dictadura.  Y es que el dato de que una dictadura sea de izquierdas o de derechas suele ser de poco interés para los que la padecen, aunque sin duda puede dar lugar a que personas que viven cómodamente en libertad en democracias occidentales avanzadas se lancen a interesantes disquisiciones intelectuales sobre el valor las primeras.

Curiosamente, en este caso parece coincidir la declaración de Mariano Rajoy (“calado histórico”) con la de Pablo Iglesias (“referente de la dignidad”), aunque este matiza con la referencia a las sombras. Sería interesante que alguien propusiera el lunes un minuto de silencio a ver qué interesantes desproporciones se producían. tuitiglesiasVéase también el artículo homenaje de Alberto Garzón a Fidel Castro en el diario.es.

En alguna ocasión el propio Fidel Castro dijo que la Historia le absolvería. Sinceramente los editores de HD no lo tenemos tan claro. No porque no sea importante la defensa de los débiles y de los oprimidos; nosotros creemos sinceramente en la importancia de las causas justas. Pero también creemos que el fin no justifica los medios y que las dictaduras no son nunca la mejor forma de garantizar los derechos de nadie; lo que sucede siempre es que acaban oprimiendo a los disidentes, procedan de donde procedan. La de Castro no ha sido diferente de las otras. Si no nos creen, aquí tienen la web de Human Rigths Wacht con los datos sobre la represión llevada a cabo por Fidel Castro en Cuba.

En cuanto a la situación de la sanidad y la educación, los grandes logros del Régimen, lo cierto es que la Universidad de la Habana, la principal del país, está en el número 1741 del ranking mundial según esta web Pero sin duda los avances más importantes se han dado sobre todo en la educación primaria y secundaria. De hecho los organismos internacionales reconocen que Cuba está por encima de los países de su ámbito geográfico (Caribe y América Latina) en varios indicadores educativos, como puede comprobarse en este informe de la UNESCO. 

En cuanto a la atención médica los que hemos visitado en la isla solemos llevar la maleta llena de medicinas que no son fáciles de conseguir allí.  Incluso cuando involuntariamente tuvimos que visitar algún hospital (y eso que los extranjeros tienen tratamiento “vip”) nos quedamos impresionados por la falta de medios materiales y por lo destartaladas de las instalaciones. Eso sí, en esas condiciones resulta todavía más impresionante el buen hacer y el buen humor de los médicos cubanos. Pero para que nos digan que solo tenemos una evidencia anecdótica puede consultarse este reportaje de la BBC sobre la situación de los hospitales cubanos. de más recordar que los paraísos que se abandonan en balsa a riesgo de perder la vida resultan muy sospechosos.

Por último, con respecto a la situación económica de Cuba, nada mejor que leer a Jesús Fernández Villaverde, Patrono de la Fundación Hay Derecho, en NeG. Aquí lo explica perfectamente.

Pero, en realidad, como decíamos al principio nuestro análisis no es “resultadista”. La cuestión no es si la educación funcionaba, si la sanidad es buena o mala o si la renta per tuitsanchezcápita es alta o baja. Claro que eso ayuda a vivir mejor pero, aunque esos datos fueran los mejores del mundo, sin libertad para decidir, para elegir y para equivocarse, el ciudadano seguiría siendo un menor de edad, incapaz de dirigir su vida y a expensas de la Superioridad. Sin libertad, esas riquezas acaban sabiendo a poco. Pero es que encima no creemos que esos resultados sean demasiado buenos, porque confiamos firmemente en la relación entre libertad y prosperidad. En este sentido, estamos más de acuerdo con el tuit de Pedro Sánchez

Pero lo que es claro es que acaba una época. Un abrazo al pueblo cubano en su marcha hacia la libertad y la democracia.

Ojalá que los cubanos alcancen pronto la justicia y también la libertad. Porque si algo nos demuestra la Historia es que suelen ser inseparables.

HD Joven: El brazalete de Ivanka Trump

(Coescrito por Ignacio Gomá Garcés y Pablo Ojeda Baños)
 Twitter, Facebook y los periódicos y bares del mundo entero han quedado abarrotados durante ya más de una semana, y quién sabe por cuánto más. Lo que hiciera a Trump ganar las elecciones y convertirse en el cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos llenará aún mucho tiempo el noticiero mundial: la histeria. Urge abandonar cuanto antes el pánico y centrarse en las cuestiones importantes, que a menudo necesitan del razonamiento frío y desapasionado para florecer. De entre las muchas que sugiere este nuevo panorama, nos resulta fascinante la pirueta política del nuevo Presidente para conseguir serlo, sin perder de vista de sus negocios.

Como ya sabrán a estas alturas, Trump es tan rico que, aun habiendo renunciado a su sueldo de Presidente de los Estados Unidos –no es el primero que lo hace, por cierto-, su fortuna apenas se ve comprometida. Bien por él. En cualquier caso, no deja ésta de ser una decisión populista y que desprestigia el propio cargo de presidente, ya que uno no va a ser mejor mandatario ni tomará decisiones más acertadas por renunciar a su legítimo salario, además, claro está, de que sólo se permite el lujo de renunciar a ese sueldo porque no lo necesita. Pero lo que a nosotros nos cuesta creer es que Trump esté dispuesto a renunciar, no a su sueldo de Presidente, sino a su tremenda fortuna -o aun a arriesgarla- por el “simple” honor de servir a su país y a su nuevo rol en el mundo. ¿Cómo hará para mantener su riqueza, si ya no puede atender a sus negocios? ¿O compaginará ambas funciones? ¿Cómo resolverá entonces el evidente conflicto de intereses que ello implica?

Lo curioso del asunto es que la Ley de Ética y Gobierno de 1978 (Ethics in Government Act) no fiscaliza dicho conflicto de interés en el caso del Presidente y del Vicepresidente. Les exige que informen públicamente de sus negocios privados, pero en ningún caso que los desatiendan durante el ejercicio de su función. De hecho, sólo a los cargos públicos no electos se les exige tal cosa, como puede probar el caso del antiguo Secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien fue obligado a vender toda su participación en Goldman Sachs antes de comenzar en su nuevo cargo. ¿Cómo justifican los americanos esta norma, que tan conflictiva nos resultaría a los europeos? En primer lugar, en el hecho de que no son empleados públicos: un Presidente del Gobierno es electo precisamente porque los ciudadanos le han otorgado su confianza, lo que, a juicio del common law americano, convertiría en un contrasentido desconfiar de su falta de honestidad ante un conflicto de interés de tal naturaleza (cierto es también que el próximo Presidente no obtuvo la confianza del mayor número de electores, pues Clinton ganó por más de 600.000 votos de diferencia). Por otro lado, se considera que atender continuamente a los posibles conflictos de interés del Presidente podría complicar aún más su labor, dado que éste tiene “mano en todo” (más aún en nuestro caso) y tal prohibición no le permitiría desarrollar libremente su cometido. Seguro que Trump sabrá tomar la decisión -que considere- apropiada para su país cuando ésta le beneficie económicamente, pero ¿qué ocurrirá cuando la toma de esa medida entorpezca su propio futuro y fortuna y los de su familia? ¿Sabrá tomar la decisión más favorable para el resto de la ciudadanía, y no para él mismo?

No hay olvidar que Trump es dueño de un patrimonio que, según la revista Forbes, asciende a unos 3.700 millones de dólares y que no sólo es más rico que cualquiera de sus anteriores predecesores, sino que, además, tiene participaciones en empresas de multitud de países, desde Alemania hasta Rusia, pasando por India, y, por supuesto, los Estados Unidos, a lo que hay que adicionar que estas empresas operan en prácticamente todos los sectores de la economía, todo lo cual desde luego acentúa el muy probable conflicto de interés que pueda surgir. Quizá para evitar la represión de la opinión pública e, insistimos, pese a que no está obligado jurídicamente a hacerlo, parece, de todos modos, que el Sr. Trump va a ocuparse íntegramente al fin de “make American great again,” para lo cual renunciará temporalmente al control de la Trump Organization, dejándolo a cargo de una suerte de blind trust.

Un blind trust es aquel fideicomiso mediante el cual se impide a uno tener conocimiento del uso que se está haciendo de sus bienes y negocios privados, dejándolos en manos de un tercero independiente. Este instrumento ha sido empleado por otros presidentes de los Estados Unidos (Clinton o Bush, entre otros), que, pese a no estar legalmente obligados a ello -como ya hemos indicado-, consideraron que era lo más adecuado moralmente. Pues bien, como ya proclamó en campaña, “The Donald” quiere dejar sus negocios en manos de un trust, pero no uno opaco o blind, sino en uno dirigido por sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric. Lo cual no deja de ser ridículo, porque desde que uno conoce ex ante a los integrantes de ese gestor independiente y por ello precisamente los escoge y como, además, en este caso carecen de toda independencia, al tratarse de sus hijos, este mecanismo deja de tener sentido, cuando menos en cuanto a la finalidad moral que persigue esta decisión. ¿O es que alguien puede llegar a pensar que los hijos del Sr. Trump no van a mantener en todo momento a su padre completamente informado de sus negocios? La polémica está servida. Sin ir más lejos, ya su hija Ivanka, aprovechando el tirón de su progenitor, ha puesto en venta por más de 10.000 dólares el brazalete -diseñado por ella- que llevaba el día de la primera entrevista post-electoral de su padre. Siendo éste el primer ejemplo de la delgada línea que separa la presidencia de sus negocios o los de su familia, ¿es reprochable moralmente? ¿Y jurídicamente?

Desde luego, es difícil imaginar que, cuando sus hijos pretendan hacer negocios en algún lugar del mundo, los gobiernos de dichos países no tenderán a facilitarlos, aunque no sea conscientemente, puesto que detrás de ellos verán la mano del presidente de la nación más poderosa del mundo y, lógicamente, sabrán que es mejor tenerle contento. Y, aunque ese trust funcionara de verdad con total ajenidad a Trump o se encargara la gestión de su imperio a unos independientes, ¿se evitaría realmente el conflicto o podría aquél averiguar la marcha de sus negocios de otra forma, por ejemplo a través de los reguladores americanos, la prensa, la multitud de contactos de que dispone, etc.? Por si esto fuera poco, Trump ya ha nombrado a sus tres citados hijos y a su yerno como miembros del equipo de transición hacia el nuevo Gobierno, habiendo solicitado autorización al actual de Obama para que tengan acceso a información confidencial.

Nos trae este caso a la memoria el del antiguo Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, que también confió la administración de sus empresas a un trust que -¡sorpresa!- quedó bajo el control de su familia, si bien a éste las polémicas y las demandas por un supuesto conflicto de interés con sus empresas sí se le han ido acumulando.

Ante el potencial conflicto de intereses que pudiera acontecer durante el gobierno del Sr. Trump, hemos querido plantearnos las posibles soluciones que pudieran caber -si es que existen-. Hace días, el otrora alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, planteó la posibilidad de que el flamante nuevo presidente se comprometiese, mediante un documento, a no implicarse en sus negocios, que cedería a sus familiares más próximos, al que, se nos ocurre, podría incluirse una cláusula disuasoria por la cual, si se probara ante un juez que Trump ha incurrido en un conflicto de interés (conscientemente) y no ha hecho nada para evitarlo, se le prohibiría volver a sus negocios por un plazo determinado tras dejar la Presidencia o se le impondría una cláusula con una alta penalización previamente negociada. Es preciso destacar en este punto que el sistema de contrapesos (checks and balances) de la democracia estadounidense y su innegable interés por mantener intacta la separación de poderes podrían forzar a Trump a tomar la decisión correcta, porque el poder judicial en los Estados Unidos es verdaderamente independiente, y eso “asusta”. Pero, sin perjuicio de lo anterior, ¿hasta qué punto sería factible controlar el cumplimiento de esos compromisos? Es simplemente imposible. Es más, ¿por qué iba Trump a someterse a un control ajeno (que hasta pudiera utilizarse injustamente en su contra) si no tiene necesidad de ello? Además, eso no evitaría el problema de que los terceros favorecerían igualmente los negocios de los hijos, a sabiendas de que son propiedad del Presidente. Asimismo, hay que recordar que, desde la sentencia de 1982 del Tribunal Supremo en el caso del Presidente Nixon contra Fitzgerald, el Presidente de los Estados Unidos goza de inmunidad total por la responsabilidad civil que pudiera derivarse de los actos realizados durante su mandato (no así por actos anteriores o por los que generen responsabilidad penal), por lo que Trump está en cualquier caso protegido de todas las posibles demandas civiles que se le interpongan en este sentido.

Otra solución sería la cesión de todas sus acciones y participaciones en empresas, así como las de sus hijos, durante el tiempo que ostentase la presidencia, a un gestor independiente; en definitiva, crear un blind trust en sentido estricto. Pero tampoco nos parece justa esta medida. Para empezar, sus hijos tendrían que dejar su trabajo a fin de que el trust fuera realmente blind. ¿Qué ocurre si le encarga sus negocios a un independiente y éste los arruina? ¿Es eso justo? Y, en aras de un ejercicio de honestidad, si fuéramos tan ricos, ¿acaso no desearíamos que nuestros negocios, a los que probablemente habríamos dedicado toda nuestra vida, los llevasen gente de nuestra confianza?

De cualquier manera, el sistema jurídico americano no se decanta por ninguna de las opciones anteriores: se resigna a confiar en Trump. Y, si bien sea interesante plantearse cómo proceder en estos genuinos casos, consideramos imposible controlar en todo momento su alcance y consecuencias. Únicamente los más flagrantes saltarán a la opinión pública, pero habrá miles de transacciones o negocios que no se conozcan y en los que podría existir un conflicto de interés, que, recordemos una vez más, es un deber únicamente moral para el Presidente, porque no está compelido a ello por norma alguna.

Difícil situación se plantea, más compleja solución. De momento, Trump sigue afirmando que simplemente no le interesa nada la marcha de su imperio, porque es mucho más importante lo que le corresponde hacer ahora como Presidente de los Estados Unidos y que, por tanto, debemos confiar en él. Tal vez poco pueda hacerse en este caso y, como dijo Giuliani, a fin de cuentas no parece que Trump esté precisamente buscando su enriquecimiento con esta nueva causa…

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