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Polarización: reproducción de la tribuna publicada en El Mundo

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Si alguien nos hubiera dicho después de la irrupción de los nuevos partidos en el panorama nacional allá por el 2014 o 2015 que casi cuatro años después el escenario político sería tan complejo probablemente pocos lo hubiéramos creído. A priori, más partidos políticos en liza supone una buena noticia para una democracia representativa liberal: hay más oferta democrática, más pluralismo, más diversidad y una necesidad mayor de llegar a acuerdos con unos y con otros e incluso de intentar gobiernos de coalición. Si además los nuevos partidos vienen con ganas de renovar el sistema político y de adaptarlo a las nuevas generaciones para atender las necesidades de nuestra sociedad lo lógico era pensar que su irrupción solo podía ser para bien.

Y sin embargo lo que estamos viendo estos días no invita demasiado al optimismo, al menos en términos políticos. En línea con lo que está ocurriendo en otras democracias de nuestro entorno, la polarización política y social no deja de crecer y las posturas de los partidos están cada vez más alejadas. Los viejos y los nuevos partidos compiten de nuevo en el eje derecha-izquierda que algunos quizás prematuramente pensábamos que estaba relativamente amortizado. Es más, esa competición a cuatro radicaliza las posturas hacia la izquierda y la derecha respectivamente vaciando el centro político. Nada por otra parte que no veamos en otras democracias liberales. Pero en España el problema añadido del nacionalismo y en particular la amenaza del independentismo catalán endurece particularmente las posiciones y suscita un nuevo eje de competición electoral de corte identitario que se superpone al anterior y que contribuye todavía más a la confusión en la medida en que algunos partidos situados a la izquierda se manifiestan como identitarios esencialistas (pero de identidades no españolas) y algunos situados más a la derechas como identitarios no esencialistas (pero de la identidad española) pasando por toda la escala de grises intermedia. El caos político resultante no es desdeñable, con partidos de izquierdas demostrando una gran comprensión hacia procesos de nacionalismo excluyente de corte xenófobo que son muy similares a los movimientos de ultraderecha de Italia o Francia, acusando a los partidos a su derecha que defienden la unidad nacional de crispar la convivencia o directamente de fascistas o fachas, en la versión castiza. Un panorama poco alentador.

El problema es que la polarización política y no digamos ya la social puede llevar a la ingobernabilidad y sobre todo a la imposibilidad de realizar las reformas estructurales que el país pide a gritos y que es difícil, por no decir imposible, que se puedan abordar desde políticas de bloques, suponiendo, que es mucho suponer, que alguno de los bloques alcance la mayoría suficiente para imponerse al otro. La presente legislatura es una buena prueba de ello; cuando termine podremos hacer el balance no tanto de lo que se ha hecho –poco- si no de lo que se ha dejado de hacer por falta de acuerdos transversales, que es casi todo. Ya se trate de pensiones, educación, desigualdad, reforma fiscal, lucha contra la corrupción, mercado de trabajo, regeneración institucional o solución del problema político catalán en poco hemos avanzado más allá del diagnóstico, cada día más afinado por los expertos y la sociedad civil y cada día más impotente. Cada uno puede escoger su problema favorito con la seguridad de que cuando termine esta legislatura seguirá en el mismo punto que cuando empezó.  Pero el tiempo se agota y con él la paciencia de los ciudadanos.

La pregunta es cuánto tiempo puede soportar una sociedad crecientemente polarizada una sucesión de gobiernos y de parlamentos inoperantes y gesticulantes, con los consiguientes costes de oportunidad. Y más una sociedad que ha hecho un curso acelerado de maduración cívica, de manera que se muestra mucho más exigente con sus élites que hace cuatro años. Lo que antes se toleraba (a veces por pura ignorancia y desconocimiento) ahora sencillamente no se aguanta. La entrada en la cárcel –que casi ha pasado inadvertida por descontada- de personajes como Rodrigo Rato, antaño todopoderoso Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía además de Presidente del FMI nos da una idea de los cambios que hemos experimentado como sociedad. Pero precisamente cuando los españoles nos hemos despertado y demandamos neutralidad institucional, separación de poderes, luchar contra el clientelismo, ética pública, políticas basadas en evidencias o rendición de cuentas (demandas todas ellas propias de democracias avanzadas sin las cuales es difícil resolver los problemas que tenemos) resulta que nuestros principales partidos responden con una oferta donde estas cuestiones desaparecen o son escamoteadas tras una lluvia de descalificaciones e insultos. El adversario o competidor político o incluso el aliado de ayer -no está tan lejano el pacto fallido del PSOE y Cs que incorporaba una serie de reformas estructurales muy ambiciosas- se ha convertido en un enemigo mortal al que no se le reconoce ninguna legitimidad moral. No olvidemos que convertir el reproche político en reproche moral es un rasgo típico de intolerancia.

Pues bien, si hay algo preocupante en una democracia liberal que pretende seguir siéndolo es la intolerancia frente al adversario, máxime cuando el voto está muy fragmentado y es imprescindible llegar a acuerdos para poder gobernar. Si además hay que reformar aspectos esenciales de un sistema político e institucional que se está quedando obsoleto a ojos vistas para enfrentarse con los retos de una sociedad muy distinta a aquella para la que fueron diseñados lo deseable es que estos acuerdos sean lo más amplios posibles. Algo parecido a lo que España pudo conseguir –no sin mucho esfuerzo y generosidad por parte de todos- en 1978 cuando desmontó una dictadura nacida de los movimientos fascistas de los años 30 del pasado siglo convirtiéndola en una democracia moderna que, con todos sus problemas, era y es perfectamente homologable con la de otros países avanzados.  Por eso la crisis que padece es también muy parecida a la que están sufriendo nuestros vecinos.

En todo caso no debemos olvidar que los datos objetivos nos demuestran que España es un buen sitio para vivir. Los estudios nos dicen que nuestra esperanza de vida será la más alta del planeta en 2040 cuando superaremos a Japón, o que nuestro sistema sanitario es el tercero más eficiente del mundo. También que somos el quinto país más seguro para vivir, y, lo que es muy interesante, que los españoles en conjunto no tenemos sentimientos de superioridad sobre los vecinos ni padecemos de la fiebre del supremacismo, al menos por ahora. Afortunadamente los brotes de supremacismo catalán no nos han contagiado al resto. Los estudios sociológicos muestran que nuestra tolerancia hacia la diversidad y la inmigración es también muy alta mientras que nuestra conciencia nacional relativamente débil, lo que es también una ventaja para organizar la convivencia en torno a un patriotismo cívico o a la coexistencia de varias identidades no esencialistas o excluyentes. En este sentido, nuestra historia reciente puede ser una ventaja frente a la de otros países con un proceso de construcción nacional que siempre se ha considerado más exitoso, como Francia.

También es cierto que,  pese a todo lo anterior, tenemos una autoestima más bien baja al menos en términos comparativos: nos creemos peores de lo que somos, quizás porque somos conscientes de que podríamos hacerlo mucho mejor. No parecen malos mimbres para conseguir encauzar las cosas y resolver nuestros problemas que, después de todo, parecen menos graves y amenazantes que los que teníamos cuando murió Franco y que compartimos con todas las democracias liberales por lo que también es posible aprender de sus errores y cooperar con ellas para buscar posibles soluciones, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.

Pero conviene no ser tampoco demasiado complacientes con nuestras indudables fortalezas. No podemos permitirnos otra legislatura perdida con gobiernos monocolores inoperantes y débiles y una polarización extrema que impida llegar a acuerdos transversales porque nos jugamos mucho, quizás el propio futuro de nuestra democracia liberal. Porque incluso una sociedad tan tolerante, abierta y resistente como la española puede ser incapaz de soportar mucho tiempo más una situación política que está tensando hasta el límite todas las costuras del sistema y unos políticos que no son capaces de detener la degeneración creciente de nuestra vida pública. Ya hemos visto en otros países lo que puede ocurrir cuando una parte importante de la ciudadanía se desentiende de sus instituciones democráticas porque piensa que sus opiniones y sus votos no sirven para nada y llega a la conclusión de que es mejor romper el tablero poniéndose en manos de un hombre fuerte, es decir, de un caudillo por emplear un término que lamentablemente no es familiar. Y es que, para bien o para mal, no somos tan distintos de nuestros vecinos.

Por ese motivo convendría que desde la sociedad civil marquemos el paso y no caigamos en los cantos de sirena que nos lanzan nuestros partidos porque aunque quizás les puedan suponer importantes réditos electorales a corto plazo también pueden poner en riesgo a medio plazo lo que tanto nos ha costado conseguir: nuestra democracia representativa liberal que, con todos sus fallos y sus necesidades de reforma, sigue siendo el mejor sistema de gobierno conocido y también el más adecuado para enfrentarnos a los retos del futuro.

 

 

 

 

 

El agonizante empleo público del bipartidismo español

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El empleo público en España atraviesa una crisis de enormes proporciones, constituyendo una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia que el bipartidismo surgido tras la Constitución española de 1978 no ha sabido o no ha querido afrontar. Apenas hubo entrado en vigor, el Estatuto Básico del Empleado Público fue desactivado en sus aspectos nucleares, bajo el pretexto de la crisis económica.

La función pública no se encuentra entre las prioridades de la política, sino que tiene la consideración de un mero instrumento manejable caprichosamente, creyendo incorrectamente quienes piensan así que el principio electivo es el único título con el que desconocer el principio selectivo, igualmente de base constitucional, y que la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad, la objetividad, la imparcialidad, la inamovilidad y el funcionamiento eficaz y eficiente, corolarios de dicho principio selectivo, han de ceder ante la politización de los servidores públicos.

El sistema de mérito, obligado por nuestra Constitución, ha dado paso, sin embargo, de un modo creciente, a que el empleo público pueda expoliarse y ser el botín de los respectivos gobiernos, y que no se haya incluido en la necesaria agenda reformista, exigible cuando estamos hablando de más de dos millones y medio de servidores públicos, que suponen una parte sustancial del gasto público, superior a los ciento veinte mil millones de euros, y especialmente para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como las normas comunitarias, fruto de la incorporación a la Unión Europea.

Junto a la cronificación de las altas tasas de interinidad que padecemos, no hay que olvidar la ausencia de una función directiva profesional; la presencia del personal eventual, que no encaja en modo alguno con nuestra Constitución, así como el abuso de la libre designación, especialmente grave en la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, frente a la que han reclamado su supresión Transparencia Internacional, en su llamamiento en el Día Internacional contra la Corrupción, el 10 de diciembre de 2017, o el partido de Ciudadanos en su Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, así como las Asambleas del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros.

Asimismo, entre los males de nuestra función pública, se encuentran la ausencia de una carrera profesional y, particularmente, de la evaluación del desempeño, que discrimine entre el mal y el buen desempeño profesional; el envejecimiento de las plantillas (España es el tercer país de la OCDE con una plantilla más envejecida, solo superada por Islanda e Italia, con datos tan alarmantes como el de que el 36% de los empleados públicos de la AGE contaban en 2015 con más de 55 años, o que el 67% del personal de los ministerios tiene más de 50 años); y la inadaptación a las nuevas exigencias de la sociedad, que avanza inexorablemente hacia la inteligencia artificial y que obligará a un nuevo perfil de competencias y un cambio en el modelo de oposiciones actualmente excesivamente memorístico.

No hay que olvidar tampoco que el empleo público español está aquejado por un exceso de sindicalización -en detrimento de los órganos unitarios de representación-, con una “bulimia” de derechos y una “anorexia” de obligaciones, como subrayaba recientemente el profesor Jiménez Asensio; por la escasa y deficiente formación para el cambio, que deviene más obligada que nunca ante la marea legislativa que sufrimos; por los retos de la Administración electrónica; por los privilegios para quien ha sido alto cargo y regresa a la función pública; por la falta de una transparencia real; por las comisiones de servicios que se eternizan…

No podemos olvidar tampoco la falta de integridad en los estratos superiores funcionariales, que explica, a través de la complicidad activa o silente, la corrupción existente en España, y que no cuenta todavía con un estatuto del denunciante, como se reclama desde la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, desde el Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, o desde la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión Europea, denominada Directiva sobre denuncia de infracciones, cuyo plazo límite de transposición fue el 3 de julio de 2016, y que hace que España sea el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista aún una protección específica para sus denunciantes de corrupción, y cuando existe, como sucede, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón, con la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Pública, todavía no ha aplicado el estatuto del denunciante que se contiene en ella, contentándose sin más con el “efecto escaparate” y la autocomplacencia del legislador.

La situación del empleo público en España requiere de un cambio radical en las políticas legislativas y también en la gestión de recursos humanos llevada a cabo por las diferentes Administraciones Públicas.

El sombrío panorama que reflejamos precisa que se asuma la necesidad de cambio y que se inicie un nuevo rumbo, a través de la obligación de cubrir reglamentariamente, sin excusas, las vacantes dotadas presupuestariamente y que no estén reservadas, con unas leyes de Presupuestos Generales del Estado que abandonen las restricciones a las ofertas de empleo público, así como las tasas de reposición, partiendo de que las plazas estructurales o se incluyen en la oferta de empleo público, y como máximo en la del año siguiente, o se amortizan, no hay otro camino.

En lugar de artificiales tasas de reposición, cada vez con más variantes adicionales, y más caóticas, se ha de incorporar un régimen sancionador efectivo, en el TREBEP, como sería deseable, o en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, para que se erradiquen las corruptelas de no incluir las vacantes o, en el caso de incluirlas, de demorar injustificadamente su provisión reglamentaria, propiciando su caducidad, con lo que se burla el derecho fundamental de configuración legal de acceso en condiciones de igualdad.

España no puede consentir las tasas de interinidad tan elevadas que tenemos, y la incorporación a la Unión Europea nos obliga, además, a cortarlas de raíz, porque conforme señala la Directiva 1999/70, se ha de evitar la precarización de la situación de los asalariados, ya que la estabilidad en el empleo se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores. Se nos sacan los colores desde la UE, porque no hemos valorado suficientemente el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos del artículo 23.2 de la Constitución española, y hemos vuelto lamentablemente, como si de unas nuevas cesantías se tratara, al siglo XIX y a la lucha por conseguir la inamovilidad en la condición funcionarial.

Salvo honrosas excepciones, la doctrina administrativista sobre la materia de empleo público, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de los fallos del Tribunal Constitucional, han acabado plegándose a las excusas presupuestarias, con olvido de la primacía del Derecho comunitario, que obligaba a los órganos jurisdiccionales, sin embargo, a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se producen abusos en la temporalidad.

Es justo por ello reconocer la lucha llevada a cabo por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, defendida por el Letrado José Manual Aspas, exigiendo la inclusión de las plazas vacantes, cubiertas interinamente, en las respectivas ofertas de empleo público, que habrá de suponer más pronto que tarde un cambio radical en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y no de mera cosmética como falazmente se ha plasmado en las relativas a 2017 y 2018.

Los pomposos anuncios que se efectúan ahora por la Administración del Estado sobre ofertas de empleo público de miles de plazas de interinos no son ni un mero parche ante el dato de que hay más de seiscientos mil interinos en España, y a ello habría que añadir que en muchos casos las pruebas selectivas que se plantean para estabilizar el empleo interino lo son para estabilizar a los funcionarios interinos, a través de la valoración de la experiencia adquirida en dicha condición de interinidad, condenando así a una generación, que no ha entrado previamente por la puerta falsa de la Administración, a no poder acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Valga como ejemplo, el proceso de concurso-oposición para profesores de Secundaria y de Formación Profesional llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2018, con más 5.800 opositores, de los cuales únicamente el 6,37% de aprobados no tenían experiencia previa como docente interino, proceso en el que se ha incrementado la valoración de la experiencia, así como el número de temas a elegir por los aspirantes.

No somos conscientes del enorme daño que se ha hecho a una generación con las restricciones en el acceso al empleo público, y la derivada de cientos de miles de interinos, burlando las legítimas expectativas y la confianza de la ciudadanía en acceder, respetándose la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad. Añádase a ello la politización del empleo público y el injusto mecanismo retributivo, que no discrimina entre el buen y el mal desempeño.

Se debe empezar a rectificar este estado de cosas, iniciando con un cambio del modelo de oposiciones que, sin mengua del principio de igualdad de oportunidades, mejore el actual memorismo, modulándolo con garantías –introduciendo las habilidades sociales, la motivación, el trabajo en equipo, la resolución de dilemas éticos, la simulación de tareas, los cursos selectivos de verdad-, y a continuación incluir procesos de formación y de evaluación del desempeño, para hacer un empleo público más eficiente y más justo, porque está en juego el propio modelo social de nuestro país.

Para ello, urge contar con carácter básico con un nuevo Código de conducta profesional y despolitizado, aplicado sin mediatizaciones sindicales, para evitar los conflictos de interés y la corrupción, cumpliendo la normativa de incompatibilidades y el régimen disciplinario, y profesionalizando la gestión de los recursos humanos, con un régimen retributivo más justo que retribuya adecuadamente la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.

Es preciso dejar atrás la vieja política del bipartidismo que se ha practicado hasta ahora en la función pública española, iniciando una rigurosa senda de reformas, para reconducirla a la Constitución y a las Directivas comunitarias, recuperando la prioridad para los valores de servicio público objetivo, imparcial y eficiente.

 

Hoy concentración en el Congreso: por la ley de protección de los denunciantes de la corrupción

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Uno de los primeros objetivos de la Fundación Hay Derecho desde sus comienzos ha sido reclamar una ley de protección de los denunciantes de la corrupción.

Desde un primer momento tuvimos contacto con algunos de ellos -en primer lugar Ana Garrido; después otras personas como Gracia Ballesteros, Azahara Peralta y Francisco Valiente, denunciantes de Aquamed y otros muchos cuyas vidas profesionales y personales se vieron gravemente afectadas después de denunciar casos de corrupción. Hemos contado sus historias en el blog y les hemos dado el I y el II premio Hay Derecho.

También hemos desarrollado un proyecto que pueden encontrar aquí  y que hemos llamado “Protegiendo a los valientes”, con la ayuda económica de la Open Society Foundation (aquí) para comparar las normas de los países que tienen ya leyes de protección de denunciantes con el proyecto de ley español.

Hemos revisado también las recomendaciones internacionales. La finalidad era poder hacer recomendaciones para que, si tardamos tanto en proteger a nuestros denunciantes, por lo menos lo hagamos lo mejor posible. Pero lo que todavía no hemos conseguido es, lamentablemente, que nuestro Parlamento apruebe una ley para protegerlos.

Porque lo cierto es que el Proyecto de ley presentado en su día (otoño del 2016) por el grupo parlamentario de Ciudadanos lleva casi dos años de tramitación parlamentaria. Cientos de enmiendas y de reuniones pero no hay ley. Y los denunciantes siguen con su calvario particular, aunque a veces reciben buenas noticias en forma de resoluciones judiciales que les van dando la razón. Eso sí, las tienen que pagar de su bolsillo, a diferencia de las entidades públicas cuyas prácticas y a cuyos responsables se denunció, que se defienden con el dinero de todos.

Los distintos grupos parlamentarios nos han dado muy buenas palabras, pero hasta ahora no hay una ley. El partido en el Gobierno arrastraba los pies, aunque en público se sumaba al consenso para proteger a los denunciantes. En la práctica, en el día al día de los denunciantes, nada ha cambiado.

Por eso hoy, una vez más, desde Hay Derecho -en el blog y en la puerta del Congreso-, reclamamos una ley de protección de los denunciantes de corrupción. Porque la sociedad española no debe ni puede esperar más. Protegiendo a los valientes nos protegemos a nosotros mismos.

Nace “Sociedad Civil Balear”

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Sociedad Civil Balear (SCB) nace como Asociación con plena vocación de ser un movimiento transversal que cuente con todos los ciudadanos, de cualquier ideología, que crean en las Islas Baleares como una comunidad defensora de sus lenguas y su cultura, e integrada en una España unida, plural y solidaria. Sentimos que era un imperativo actuar desde la base de la sociedad, ante las luces y sombras que está generado el régimen constitucional nacido en la Transición y las insuficientes respuestas que nos ofrecen a día de hoy los partidos políticos, desembocando en un presente que no recoge las necesidades de todos aquellos ciudadanos que se sienten más alejados de cualquier extremo.

El manifiesto fundacional de SCB responde a “la necesidad de una movilización de amplio espectro para combatir las tesis ideológicas del separatismo balear, que se van imponiendo en todas las esferas públicas sin que ningún partido político no nacionalista haya sido capaz de construir un relato alternativo a su tiranía lingüística, cultural y educativa”. Ante la imposición, discriminación y exclusión del separatismo, SCB apuesta por la tolerancia y la convivencia pacífica que tradicionalmente define a nuestra sociedad. De la misma manera, defendemos “el bilingüismo espontáneo, el que se da en la calle, donde nunca se ha dado un problema de entendimiento entre las personas, como algunos políticos de la izquierda nacionalista se empeñan en hacernos creer”.

El compromiso de SCB es contribuir a “divulgar la mejor comprensión de la identidad balear en España, en Europa y en el mundo” y “promover el conocimiento de nuestra historia real, de la que no queremos renunciar”. En relación a la lengua, las modalidades de cada isla, y el castellano, el manifiesto señala: “No debe ser motivo de segregación, ni de discriminación, ni una barrera laboral”. Se defiende “el derecho de las personas a la riqueza lingüística propia de estas islas, sin complejos, desde hace tiempo amenazada por la imposición de un catalán estándar con el que no nos sentimos identificados”. Entendemos en este sentido que solo SCB puede presionar “para revisar nuestro Estatuto de Autonomía y dignificar las modalidades lingüísticas de forma efectiva”. En cuanto a la educación no universitaria, SCB entiende prioritario “fomentar el respeto del derecho constitucional de las familias a la hora de elegir poder estudiar en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de nuestra Comunidad Autónoma, así como la neutralidad ideológica en las aulas, combatiendo el intento de adoctrinamiento y propaganda política”. En definitiva, SCB se define como movimiento transversal que pretende contar con todos los ciudadanos, de cualquier ideología, que crean en una comunidad defensora de sus modalidades lingüísticas y de su cultura, integrada en una España unida, plural y solidaria.

En los últimos cuatro años, coincidiendo con la progresiva radicalización de los partidos nacionalistas, han ido surgiendo surgido en los territorios afectados por la imposición de ideologías identitarias excluyentes una serie de plataformas ciudadanas, de naturaleza transversal, con vocación de ser corrientes de opinión, crítica y positiva al margen de los partidos y con renuncia expresa a recibir cualquier ayuda pública. En el año 2014, ante el convencimiento de que “el éxito o el fracaso de una sociedad depende, en última instancia, de su gente” nació Sociedad Civil Catalana consciente de que “el liderazgo de Cataluña responde a una realidad histórica y social incuestionable, y que el progreso junto al resto de españoles ha sido gracias a la unión de esfuerzos, el diálogo, la democracia y el respeto a la pluralidad”. Un año después, en 2015, aparecía Sociedad Civil Navarra, que reivindica en su manifiesto fundacional “una Comunidad Foral donde las diferentes visiones sumen, donde se respete la libertad individual y no se coaccione verbal o físicamente al que piensa diferente”, al tiempo que se proponía “que la sociedad civil recupere el papel protagonista que le corresponde”. En el mes de marzo de 2018 aparecía Sociedad Civil Valenciana al objeto de defender “la identidad valenciana, parte inseparable de la española y de la europea”, y como consecuencia, en “contra de los nacionalismos radicales y los independentismos, contra la manipulación y el adoctrinamiento”.

Ahora se suma Sociedad Civil Balear inspirándose en la idea de promover, difundir, defender y fomentar los principios constitucionales, impulsando cualquier iniciativa dirigida a promover la unidad en la diversidad política y social. En su manifiesto, SCB recuerda que “ha llegado el momento de vehicular, de una forma diferente, de abajo arriba y no de arriba hacia abajo”, la verdadera opinión de la mayoría silenciosa, y en este sentido “fomentando una movilización del amplio espectro de ciudadanos, que se mueve en posturas alejadas de los extremos, al objeto de que pueda sentirse cómodo, reconocido y, sobre todo, acompañado”.

Los graves acontecimientos de los últimos meses en Cataluña, y la actitud cómplice de una parte importante de la clase política balear, hace necesario que SCB, tal y como se recoge en su manifiesto, “fomente un relato alternativo positivo, transversal y plenamente respetuoso con la Constitución de 1978”. Es importante subrayar la absoluta independencia y autonomía de cada uno de estos movimientos ciudadanos, que surgen en la periferia como respuesta cívica a las imposiciones que pretenden implantar un nacionalismo excluyente, del todo incompatible con un proyecto de convivencia inspirado en la vertebración de España.  La falta de constancia de los partidos constitucionalistas para hacer frente al radicalismo excluyente es lo que ha llevado a la sociedad civil a tomar la iniciativa allí donde el desafío resulta especialmente conflictivo.

SCB quiere contar con los que creen en unas Baleares integradas en una España plural y solidaria y, en consecuencia, se muestran plenamente respetuosos con la Constitución de 1978 y con el actual marco institucional de la España de las Autonomías. SCB no está vinculada a ningún partido político, y quienes participen en ella lo hacen a título personal. Esta nueva Asociación se ha presentado públicamente en rueda de prensa celebrada el lunes 28 de mayo de 2018 en el Auditórium de Palma de Mallorca, y aspira desde hoy mismo a tener un amplio respaldo social lo más transversal posible, no sólo de los ciudadanos de las Islas Baleares sino de todos los que defienden una idea integradora y no excluyente de convivencia pacífica bajo nuestro régimen constitucional, aprobado por una amplísima mayoría del pueblo español. Para todos los interesados en conocer algo más sobre esta nueva Asociación, aquí está el enlace a la web: www.societatcivilbalear.es. En ella encontrarán el manifiesto fundacional, una breve panorámica explicativa del origen de este nuevo movimiento social, la composición de la primera Junta Directiva y un documento de adscripción como colaborador. Les esperamos a todos. Es la hora de la SOCIEDAD CIVIL.

 

ÁLVARO DELGADO TRUYOLS

Colaborador de hayderecho.com y Vicepresidente de SCB

 

¿Entrarán Iglesias y Montero (y su chalet) por el ojo de la aguja?

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El affaire chalet de Galapagar me ha recordado un viejo post mío que titulé “La coherencia, ¿vicio o virtud?”. De vez en cuando procede echar mano del fondo de armario que, a estas alturas ya empieza a estar bastante repleto. En ese post ponía de relieve que en la época contemporánea la coherencia había perdido la importancia que había tenido en otros tiempos porque la tendencia de la posmodernidad es evitar las reglas sólidas, uniformes y estandarizadas y dar paso a nuevos valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima y eso hace que ciertas virtudes antiguas puedan ser contrarias al fin del desarrollo personal y hasta contraproducentes pues, como decía R.W Emerson, “las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines”. Quiero decir con ello que quizá lo más importante de la compra de un caro chalet en Galapagar por dos destacados líderes de un partido de izquierdas con toques anticapitalistas no sería precisamente la contradicción con declaraciones suyas anteriores en las que hacían votos por no abandonar nunca Vallecas, acusaban a gente de otros partidos de especular o se afirmaban en una actitud de moderación y solidaridad. Se podría estimar que el cambio de circunstancias objetivas podría justificar ciertas decisiones en su ámbito íntimo -de su personalidad o de su proyecto familiar– un tanto contradictorias con sus declaraciones pasadas. Aunque, claro, tendrán que aguantar un considerable y justificado choteo proveniente de otros partidos, que llegará al paroxismo al constatar el lujo del inmueble, burgués y un tanto hortera (son de traca las imágenes de la seta gigante del jardín que esconde en su interior un WC piscinero, no sé si de la piscina grande o la pequeña). Por supuesto, yo defiendo que un mínimo de coherencia es necesaria porque algún principio rector hemos de tener en nuestra vida y, si es así, es preciso vivir como piensas si no quieres acabar pensando como vives, tal y como decía Blaise Pascal; pero no me parece que la razón para condenar la compra del suntuoso chalet sea esa, porque la coherencia no es tan esencial como para frustrar proyectos vitales si no afecta a principios absolutamente esenciales . Como decía Ignatieff en una entrevista en El Pais Semanal del pasado fin de semana “la idea de que podemos ser moralmente congruentes al 100% me parece equivocada”, y estoy de acuerdo.

Tampoco me parece que el aburguesado lujo y el ornato ad pompam vel ostentationem del malhadado chalet sean razones intelectualmente suficientes para una crítica sólida, desde el punto de vista del interés general. No me parece que hoy en día la regla “izquierdas-pobres” y “derechas-ricos” sea una ecuación admisible. Es natural y humano que las personas con menos recursos sean proclives al cambio, la intervención en el mercado y la distribución de recursos para reducir la desigualdad, mientras que las más pudientes tenderán a no cambiar nada y a evitar toda distribución. Pero eso no significa que intelectualmente no pueda cualquier persona apreciar qué sea lo mejor para su país en un momento determinado y, sobre todo, no implica que los líderes de izquierda no puedan disfrutar de la vida y de los bienes materiales como cualquier ser humano ni que estén condenados por sus ideas a la escasez y a la limitación; aunque no deje de producir en el adversario político un grosero regocijo al constatar que quien ha rechazado abiertamente los valores burgueses, en cuanto tiene la mínima oportunidad encarnada en nutridos sueldos que el Sistema le proporciona (varios cientos de miles entre los dos que muchos burgueses ya querrían para sí), se acoge a ellos alegremente.

En cambio, sí me parece que hay algunas cuestiones que podrían ser de interés general en este asunto y sobre todo de interés concreto para aquellos que se sienten concernidos por el proyecto político de Podemos. Dentro de las primeras incluiría aquellas actuaciones que no puedan considerarse buenas prácticas para un dirigente político. Por ejemplo, destacaría la poca tolerancia ante la crítica por sus actuaciones. Les parece intolerable la crítica desmedida, amparándose en el derecho a la intimidad, y consideran que no se ha mantenido la misma actitud con otros representantes públicos, que se han sacado fotografías de su casa y se les persigue por los paparazzi yendo al notario o al ginecólogo. Me parece tener muy poca correa que quieran limitar así la libertad de expresión y de información, incluso sin apelar a virtud de la coherencia. Virtud que en este caso sí sería exigible, porque no es ya la congruencia personal ante situaciones diferentes, sino la que exigimos a otros. Y los representantes máximos de Podemos, el partido de la “gente” no debería criticar la opinión de esa gente; es más, cualquier reticencia a ello iría contra la doctrina de los actos propios, pues en su actuación anterior han legitimado escraches (entre otras la vivienda particular de la vicepresidenta), críticas a las viviendas de los “especuladores” (la de Guindos) o han defendido ampliamente la libertad de expresión hasta el nivel del insulto a instituciones del Estado, incluso habiendo sentencia condenatoria. Piel demasiado fina, que no han tenido con otros.

En segundo lugar, hay un detalle que me parece trascendente: al parecer, el préstamo se ha otorgado por una entidad con la que opera el partido Podemos y, también al parecer, las condiciones obtenidas por Iglesias y Montero son mejores de lo habitual, llegando incluso a decirse que técnicamente no les  podrían haber dado esa cantidad de dinero. Si tal cosa se confirma, sí me parecería una mala práctica “corporativa” aprovecharse de la circunstancia disponer de poder para elegir dónde van determinadas cantidades de dinero de la organización que diriges para obtener –tácita o expresamente, pero en todo caso presuntamente- un mejor trato individual. Sería tanto como recibir una cantidad de dinero por decidir donde ingresas las cantidades del Partido. Esta práctica no se diferenciaría tanto de otras clientelares de otros partidos que en este blog hemos denunciado; prácticas típicas de esa denostada Casta Partitocrática que obtiene beneficios personales por relaciones de lealtad o de amistad –clientelismo- o por intereses prácticos, o practica el nepotismo, al cual, por cierto, tampoco sería ajena la pareja si se entiende que en la designación de la portavoz parlamentario hubo elementos de preferencia sentimental y no de mérito; lo que no me consta, pero  hay que reconocer que es triste casualidad que no haya en Podemos nadie más capacitado para ese cargo que, precisamente, la pareja del líder.

Ninguna de estas dos críticas son buenas recomendaciones para un futuro líder político. Pero desde el punto de vista de los votantes de Podemos, me parece que hay dos elementos más discutibles, de carácter político. En primer lugar, el hecho de apelar a la democracia directa, a un plebiscito, para legitimarse y lavar la situación. Ya se sabe que los plebiscitos son a veces las armas de los autoritarios y, otras veces, siendo instrumentos democráticos no actúan en beneficio de los ciudadanos, sino de quienes los convocan. Como dice Alberto Penadés, en un sistema democrático las decisiones pasan por diversos niveles que equilibran el proceso y se contrapesan para lograr un resultado mejor; y el recurso a la democracia directa, máxime cuando la pregunta está redactada en los términos que interesan al convocante, tiende a evitar estos controles y pone al ciudadano en un dilema en que ninguna de las dos opciones le favorece. Es el caso de esta consulta a las bases de Podemos, en el que la decisión está en una dicotomía lose-lose en la que tienen que elegir entre descabezar totalmente tu formación política o consentir tácitamente una actuación que desapruebas. No cabe la posibilidad de renunciar a la compra, pedir perdón u otra solución intermedia.

Finalmente, está la cuestión de las formas. No es la coherencia y no será la opulencia, pero parece un error político de calado adoptar unas formas personales que suponen un claro menosprecio de los ciudadanos a los que representan, en cuyo hábitat natural no quieren ya morar y cuyos hábitos superan adoptando ahora los de otras capas sociales mucho más pudientes y que son representadas por partidos rechazados y denostados por quienes los han votado. Podían haberse gastado lo mismo comprándose un adosado en el propio Vallecas y probablemente no hubiera pasado nada. Hay una ética y hay una estética, también importante. Como decía hace poco aquí, las formas estandarizan la conducta, mandan un mensaje y tienen el sentido cívico dar valor especifico a cada situación vital y cuando, como es el caso, se pierden las formas lo que estamos diciendo es que no damos valor específico a quienes representamos, no queremos formar parte de ellos.

“Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios”, dice Lucas (18:25) y es normal que a los dirigentes de Podemos les importe poco, porque no creen en ese cielo; pero sí deberían creer en las formas cívicas y en el respeto al ciudadano.

El espíritu de la tribu

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Una de las grandes aportaciones al pensamiento universal del filósofo vienés Karl Popper, después nacionalizado británico por su obligado exilio, fue su rechazo a todas las formas de nacionalismo excluyente que, en su época, desembocaron en la gran tragedia vivida por la Europa del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Pese a haber crecido en el seno de una importante familia judía del antiguo imperio austro-húngaro, Popper se opuso firmemente a todo nacionalismo exacerbado, incluyendo también al sionismo, movimientos a los que calificaba de “regresión a la tribu”. Un enorme mérito de este extraordinario pensador, gran defensor del auténtico liberalismo en el siglo XX, fue su significativa capacidad de analizar los peligros del grupo social del que él mismo formaba parte. O, sea, de criticar los riesgos para la sociedad de los planteamientos más radicales de su propia “tribu”.

Lamentablemente, en la España del siglo XXI tenemos muy pocos Popper. Nuestra sociedad actual se caracteriza por un populismo, un sectarismo y un carácter gregario realmente exagerados. Caminando todos por la senda de lo que nos venden ser lo correcto, casi nadie es capaz de separarse del rebaño para analizar hechos y comportamientos, y diferenciarse en algo de los que le rodean. Ya sea por miedo, inseguridad, incultura, conveniencia o simple falta de capacidad o de talento. Los rasgos distintivos de la “tribu” a la que uno pertenece -o a la que los demás te adscriben- parecen anular toda iniciativa o reflexión individual. Citando varios ejemplos que todos entenderán, muy pocos catalanes son capaces de hacer una reflexión seria y profunda de todo lo que está pasando en Cataluña desde hace años. Muy pocos maestros son capaces de salirse de las opiniones dominantes en la España periférica para pensar si sus planteamientos son lo mejor que les puede pasar a sus alumnos y a nuestro deficiente sistema educativo en general. Muy pocos médicos se pronuncian públicamente acerca de cómo mejorar nuestro sistema sanitario. Muy pocas personas, amando intensamente a su tierra y a su lengua, son capaces de deslindar ese legítimo sentimiento de encubiertos propósitos imperialistas y de proyectos excluyentes. Y muy pocos juristas son capaces de analizar críticamente el estado de nuestra Justicia y ver si su propia aportación a ella es realmente mejorable.

La sociedad actual, no sé bien si por influjo de la educación, de las redes sociales o de la televisión, está consiguiendo que la gente funcione anestesiada, casi descerebrada, inmune a toda reflexión crítica. Vivimos en la época del hedonismo, la indigencia intelectual y el victimismo, de la búsqueda desesperada de un culpable al que achacar todos los males que tenemos, incluso los debidos a nuestra propia inacción o incompetencia. Dejando de lado las situaciones dramáticas y los abusos reales, que están siendo debidamente corregidos en los ámbitos correspondientes, algunos de los que tienen un empleo precario deberían preguntarse por qué no se formaron más y mejor cuando pudieron hacerlo, en un país con educación libre y gratuita para todo el mundo. Muchos que firmaron alegremente varias hipotecas no dejan de culpar a los bancos, o al sistema capitalista, en lugar de preguntarse por su avaricia y su voluntad de acumular bienes por encima de sus posibilidades. Bastantes que han recorrido la vida dando tumbos no paran de buscar a alguien que tenga la culpa de su inutilidad y les subsidie con el dinero que nunca se han esforzado por ganar.

Todo ello no es muestra de una sociedad moderna, avanzada y responsable sino de todo lo contrario, de una sociedad insana y decadente. Sepan ustedes que lo que nos hace diferentes de los animales no es la manada, es el individuo. No es el rebuzno colectivo, es la reflexión personal. No es el portar banderas y gritar eslóganes en grupo, es el opinar a pecho descubierto. Pero si en la España del siglo XXI no te abrigas en el cómodo y anónimo confort de uno de los “rebaños” existentes es que estás loco o eres un bicho raro. O un fascista ultraliberal, como suelen calificar a cualquier disidente todos esos ignorantes. En definitiva, aquí pocos se atreven a pensar solitos, cosa peligrosa y que cuesta mucho trabajo.

Pues yo hoy les animo a hacer todo lo contrario. Desmárquense de perezas, miedos, conveniencias, comodidades, y piensen por su cuenta, sin interferencias de todos los “rebaños” y las “tribus” que a todos nos rodean. Porque, si no lo hacemos, vamos a dejar a nuestros hijos una sociedad fracturada e irrecuperable, un auténtico desastre de mundo. Por ello, considero que ha llegado el momento de la sociedad civil, de todos ustedes, de cada uno de nosotros individualmente considerados. De expresarnos y movilizarnos al margen de partidos y organizaciones esclerotizadas y con los peores vicios adquiridos. Tengan la convicción de que ya no basta con ir a votar cada cuatro años y luego quedarse en casa esperando a que se arreglen las cosas. Todos nos tenemos que mojar, cada uno dentro de sus posibilidades, para conseguir una sociedad mejor. Para librarla de iluminados, mesías y supuestos portavoces de la “gente” que, habiendo adquirido enseguida los viejos hábitos de la “casta”, son portavoces de la nada, moral e intelectualmente hablando. Porque mucha gente sin escrúpulos ni principios trata de apropiarse de sus pensamientos o de la falta de ellos, para utilizarlo todo en su exclusivo beneficio. Ha llegado el momento de que la sociedad civil tome la palabra. Somos muchos más que ellos y ya tenemos cauces para hacerlo.

En su maravillosa y autobiográfica canción “Englishman in New York” el cantante británico Sting reivindicaba la autenticidad y la diferencia de costumbres de un inglés residente en los Estados Unidos. “I´m an alien, I´m a legal alien. I´m an Englishman in New York. Be yourself, no matter what they say…”. Como recomendaban el genial Popper y el gran Sting, no tengan ustedes miedo a pensar y a actuar diferente. Resulta muy sano y conveniente salir de vez en cuando del asfixiante espíritu de la tribu.

Independencia del Poder Judicial: llueve sobre mojado

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Recientemente, los principales medios de comunicación se hacían eco del último Informe GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre Prevención de la corrupción con respecto a los miembros de Parlamento, jueces y fiscales (ver aquí o aquí). Creado en 1999 por el Consejo de Europa para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados participantes (49 en total) de las normas y estándares anticorrupción, este grupo evidencia una realidad que hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones: en nuestro país, la independencia del Poder Judicial sigue siendo una asignatura pendiente.

A pesar de que en el informe se analizan numerosas cuestiones (ver aquí el informe completo), principalmente sobre evaluación de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para aplicar las recomendaciones contenidas informe anterior (ver aquí), me centraré únicamente en las que tienen que ver con la politización de la Justicia. En primer lugar, el informe concluye que España ha incumplido la recomendación relativa a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El GRECO recuerda que las autoridades políticas no deberían estar implicadas de ningún modo en la elección de los miembros provenientes de la carrera judicial (en referencia a los 12 doce miembros elegidos entre Jueces y Magistrados), en aras de preservar la independencia (tanto real como aparente) del órgano de gobierno de los jueces.

Como los estimados lectores a buen seguro conocen, el CGPJ fue capturado por el poder político, a través de la reforma del PSOE de 1985, operada en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Veintiséis años más tarde, después de haber ganado las elecciones generales por mayoría absoluta y con un programa político ciertamente ambicioso en esta materia, el Partido Popular traicionó su promesa de despolitizar la justicia con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial (ver aquí el post de Rodrigo Tena sobre esta cuestión).

Llueve sobre mojado. A estas alturas, parece claro que ni rojos ni azules están dispuestos a renunciar a su trozo del pastel. Como una muestra más de lo anterior, vean aquí cómo se han embarrado recientemente las conversaciones en la Subcomisión de Estrategia Nacional Justicia (constituida en el Congreso de los Diputados, a fin de buscar un pacto nacional por la Justicia), con los dos principales grupos parlamentarios bloqueando deliberadamente un acuerdo tendente a lograr la anhelada despolitización del CGPJ. Mientras tanto, los observadores comunitarios dándonos constantes toques de atención.

Entre quienes pretenden regenerar el sistema, encontramos una premisa clara: mientras no tengamos un CGPJ verdaderamente independiente, como ambicionaban los padres de la Constitución al reservar 12 de las 20 sillas del Consejo para los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (art. 122.3 CE), será prácticamente imposible eliminar la continua sombra de sospecha que se cierne sobre el Poder Judicial en su conjunto. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. No basta con que la mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país sean independientes, sino que los justiciables han de percibirlo así. En definitiva, está en juego algo importantísimo: la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

La segunda cuestión a la que quiero referirme respecto del Informe GRECO, no menos importante, es la inobservancia de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere duda alguna en cuanto a su independencia, imparcialidad y trasparencia.

En este sentido, conviene recordar en nuestro país, la provisión de destinos de la Carrera Judicial se hace, como regla general, por concurso, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo (art. 326.2 LOPJ). Todas estas plazas son cubiertas a propuesta del CGPJ, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. Adicionalmente, 1/3 de las plazas en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, se cubrirá por juristas de reconocido prestigio nombrados a propuesta del CGPJ sobre una terna presentada por el parlamento autonómico (art. 330.4 LOPJ).

El panorama normativo es desolador. Sin duda, resulta sorprendente que el proceso de selección y nombramiento de los más altos cargos de la magistratura sea llevado a cabo sin la necesaria presencia de luz y taquígrafos, y lo que es peor, sin la previa baremación objetiva de los méritos que han de reunir los candidatos. Y en el caso de los cargos judiciales con una función esencialmente gubernativa (ej. Presidentes de las Audiencias Provinciales o de los TSJ), no es de recibo que sean nombrados a propuesta del CGPJ, al margen de la voluntad de los jueces y magistrados destinados en su ámbito territorial. Este estado de cosas no solo afecta gravemente a la independencia de nuestros Jueces y Magistrados, sino que choca, además, con el deseado objetivo de profesionalizar nuestro sistema judicial a través del establecimiento de una verdadera carrera, transparente y basada en criterios que permitan medir, de la forma más objetiva posible, el mérito y capacidad de los aspirantes a cada plaza.

España no puede esperar un día más. La separación de poderes es un principio irrenunciable en cualquier estado de Derecho que se precie. Y por lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, son dos las reformas imprescindibles: (i) la que se refiere a la elección de los vocales del CGPJ, a fin de eliminar toda interferencia del poder político en el gobierno de los jueces; (ii) y la que tiene que ver los ascensos y provisión de plazas en los órganos judiciales, en aras de modernizar la Justicia y hacer desaparecer cualquier sospecha sobre los nombramientos.

Como ciudadanos de una democracia adulta, ha llegado la hora de exigir un cambio profundo. No podemos permitirnos que el Poder Judicial (piedra angular del estado de Derecho), siga contaminado por intereses partidistas (ya sea de manera efectiva o aparente). Esta es, sin duda, una pretensión justa e irrenunciable para quienes creemos que el futuro de nuestro país pasa necesariamente por la regeneración de nuestras Instituciones.

El suicidio anómico de Cataluña

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Con razón de unos estudios que ocupan mis horas libres, ha llegado a mis manos una obra magnífica de la sociología clásica. Tiene por nombre “El suicidio” y es una de las más influyentes del sociólogo francés Émile Durkheim.

Durkheim se pasó la vida tratando de convencer al mundo de que la Sociología es una ciencia sui generis, y no un mero complemento de la Filosofía. Lo consiguió, en parte gracias a la obra citada, cuyas premisas fundamentales, a este respecto, son:

1.- Que “el individuo está dominado por una realidad moral que lo supera, la realidad colectiva”.

2.- Que del estudio de hechos sociales concretos, a partir de grupos sociales específicos y bien delimitados, pueden extraerse conclusiones, no sólo concretas, sino también “universales”, que pueden, a su vez, explicar el comportamiento de una determinada sociedad.

De modo que Durkheim se dispuso a estudiar un hecho –que, al contrario que muchos, él sí consideraba– social tan particular como el suicidio para extraer conclusiones tan universales como el descontento social de una generación (al que está ligada la tasa de suicidio). Así, distingue entre cuatro tipos de suicidios, de entre los que me interesa especialmente el llamado suicido anómico.

Durkheim concibe la sociedad como una entidad reguladora y moderadora que resulta indispensable al objeto de desempeñar para las necesidades morales “el mismo papel que el organismo para las necesidades físicas”. En definitiva, la sociedad tiene por fin definir las pautas sociales y morales que han de regirnos y, por tanto, definir los límites de nuestras pasiones individuales. El problema surge cuando la sociedad, perturbada por súbitas transformaciones (sin importar su naturaleza trágica o feliz), es “transitoriamente incapaz de ejercer esta acción”.

Por su parte, la anomía, una palabra inventada ex profeso por Durkheim, es esa insatisfacción general de los individuos ante una realidad social en la que se encuentran inmersos, tal vez de un modo inevitable, y suele producirse en las sociedades en las que los valores tradicionales han dejado de tener autoridad, mientras que los nuevos ideales, objetivos y normas todavía carecen de fuerza. Y así, en palabras de Bertolt Brecht, “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”.

Al sentirse desorientados y desarraigados de todo proyecto social común, sucede entonces que las pasiones de dichos individuos se encuentran fuera de control, de manera que éstos se encaminan hacia una salvaje persecución del placer. Hasta que la sociedad se recupera del oleaje y recobra su forma y función (este proceso, a los efectos de la medición de la desigualdad, fue definido por Harrison y Bluestone como “The Great U Turn” porque la igualdad disminuye drásticamente primero y aumenta después, todo en forma de U), los individuos se sienten perfectamente libres y legitimados para llevar sus deseos hasta sus últimas consecuencias; cosa ésta que se va reforzando de manera continua precisamente a causa de ese estado de crisis o irregularidad: dado que sus pasiones se encuentran cada vez menos disciplinadas, al no encontrar límite moral en el horizonte, toda limitación se percibirá de un modo cada vez más odioso. No por capricho Durkheim concluye que la pobreza es en sí misma un freno al suicidio: es la mejor de las escuelas para enseñar al hombre a contenerse. Y, por ese mismo motivo, tantas religiones han aplaudido los beneficios morales de la pobreza y es uno de los tres votos que el catolicismo exige para la vida religiosa.

Al contrario, la búsqueda constante del placer inmediato revierte fácilmente en frustración, y ésta en rabia. Y es que, citando textualmente al sociólogo, “cuanto más se tenga, más se querrá tener, puesto que las satisfacciones recibidas no hacen más que estimular las necesidades, en lugar de calmarlas”, llegando así a la conclusión de que “perseguir un fin inaccesible por hipótesis es condenarse a un estado perpetuo de descontento”.

Una vez llegado a este punto, el hedonista ya no atenderá a razones ni argumentos de ningún tipo (en el caso catalán, políticos, históricos, jurídicos, económicos, sociales) y estará dispuesto a cometer el acto del suicidio (en el caso catalán, el suicidio democrático).

He rescatado este ensayo decimonónico por las razones que ya adivinarán. El independentismo siempre ha estado fuertemente dominado por pasiones, como la excesiva exaltación de lo propio, el desprecio al diferente o la frustración, que no se sienten constreñidas por barrera alguna y eso, como es natural, ni es maduro socialmente hablando ni conduce a nada positivo o útil. Para resolver esta crisis, de nuevo en palabras de Durkheim, es preciso que las pasiones (y expectativas) personales sean limitadas, porque sólo así podrán ser puestas en armonía con las facultades y, por tanto, satisfechas.

No obstante, que el debate se haya abandonando a esas bajas pasiones responde en buena medida a un descontento social generalizado que excede del individuo. Además, la “condición emocional” no puede ni debe atribuirse a cada individuo en particular. Como bien advertía el propio Durkheim, la probabilidad de que un individuo esté expuesto a situaciones que conducen al suicidio está determinada por el contexto social concreto (en nuestro caso, por ejemplo, la crisis económica y política), pero que una persona determinada sucumba o no al suicidio obedece a circunstancias personales que corresponde a la Psicología o la Medicina estudiar. Por tanto, resulta preciso distinguir entre el individuo y el hecho social.

Sobre el primero me atrevo a adivinar que tanto unos como otros hemos creado imágenes distorsionadas del “adversario” que no se corresponden con la realidad. Mucho han contribuido a ello fenómenos como Twitter, foros en los que a menudo comparecen y se exponen los más ruidosos y extravagantes, pero no el sentir mayoritario, que sin duda se sorprendería gratamente al hablar con el “otro bando”. Por eso, aprovecharé esta ocasión para mencionar un encuentro que tuve con un gerundense independentista el día después de las recientes elecciones de Cataluña.

Como durante mi infancia viví en Gerona casi una década, siempre que estoy por la zona trato de acercarme a fin de visitar a mis viejas amistades. El plan inicial era dormir en casa de un amigo (no independentista) que vive un tanto alejado de la ciudad, pero finalmente decidimos salir de fiesta y dormir en una casa situada en el centro de la ciudad, que un amigo suyo tenía en propiedad. Era, insisto, el día después del 21-D.

El susodicho sí es independentista. Un independentista de corazón, seguramente con varios apellidos catalanes. Él sabe que yo soy naranja (no me refiero a mi pelo; me considero castaño-claro) y yo que él había votado a un partido independentista el día inmediatamente anterior (intuyo que al propio Puigdemont). Ambos somos abogados y, con unas copas encima, decidimos debatir sobre aspectos tan sensibles como la concurrencia o no del derecho a decidir, la perpetración o no de un golpe de Estado, la violencia o no en el 1-O y el grado de cumplimiento del tipo del delito de rebelión y/o sedición por parte de los Jordis y los miembros del Govern. Pese a la creciente ingesta de alcohol, la conversación fue en todo momento agradable y cordial, y ambos reconocimos haber aprendido y disfrutado del otro.

Puesto que el independentismo había logrado una mayoría absoluta, él estaba satisfecho con el resultado de las elecciones. Yo, desde luego, también: mientras que el venenoso separatismo (conviene no confundirlo con el “nacionalismo”, aprovechando la reciente tesis de Fernando Savater en “Contra el separatismo”) parecía haber tocado techo, un constitucionalismo desacomplejado en la defensa seria y sin matices del Estado de Derecho, de la legalidad y de la democracia seguía creciendo.

Tal vez por ello nuestra conversación fue amistosa: porque ambos nos veíamos vencedores. Sin embargo, y volviendo al perseverante Durkheim, comprobé con claridad la necesidad de distinguir entre el individuo (con el que conversé) y el hecho social (el actual descontento colectivo dominado por las más bajas pasiones).

Respecto a este último, como el hecho social supera sin duda al individuo, es difícil, sino imposible, atribuir al individuo concreto (independentista o constitucionalista) responsabilidad por el mismo. A esta triste situación nos ha arrojado una multitud de factores que poco o nada tienen que ver con nuestros actos personales: una crisis económica, una crisis de valores, unos políticos irresponsables, otros torpes, un cambio generacional, etcétera, pero que sí nos han ocasionado un tremendo descontento social.

La anomía de Cataluña, en cualquier caso, no es exclusiva de esta comunidad autónoma, sino que parece ocurrirnos a todos los españoles en mayor o menor grado. Yo mismo, que nací en el noventa, he sentido un profundo desinterés por la política hasta hace bien poco. Y, aunque desecho el separatismo por múltiples razones, me reconozco en algunas de las causas que lo han hecho aparecer. La diferencia entre ambos estriba en el modo en que hemos encauzado nuestra frustración social: él optó por buscar una tierra prometida y yo me refugié en los cantos de sirena de un partido nuevo que apuesta por la regeneración, igual que otros muchos jóvenes sucumbieron al encanto de la izquierda revolucionaria de Podemos. Que finalmente uno se decante por una u otra opción política es algo, como advertía Durkheim, que corresponde a otras ciencias analizar.

Pero de esta concreta crisis político-territorial pueden extraerse conclusiones más “universales” que evidencian el fin de una etapa en España. Por ello, pienso que la solución pasa, en primer lugar, por no mezclar individuo y sociedad, pues, siendo ambos fenómenos complejos, requieren de un tratamiento diferenciado; en segundo lugar y respecto del individuo, por rebajar las pasiones y las expectativas personales de cada uno; y, en último lugar y respecto de la sociedad, por vencer nuestra insatisfacción social mediante un nuevo proyecto común que reduzca las probabilidades de que cometamos un suicidio español. La insatisfacción personal del individuo, después, caerá por su propio peso.

Matemos, pues, de lo viejo lo que haya de morir y permitamos, después, que nazca de lo nuevo lo que haya de nacer. Y qué mejor momento para decir esto que el (pen)último día de un fatídico año.

Por qué se corrompen los políticos -y los ciudadanos- y cómo evitarlo (Teoría de la Regeneración Práctica)

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En este blog nos hemos dedicado ampliamente a hablar acerca de la corrupción política, de los conflictos de intereses y, en general, de las ineficiencias de los sucesivos gobiernos. Y, como en el chiste del vasco que va a misa y le preguntan qué ha dicho el cura, básicamente para oponernos y luchar contra ello.

Pero quizá convendría profundizar en el cómo. Digamos que de lo que se trata es averiguar por qué quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos a veces mienten, roban, engañan o actúan en su propio beneficio contra el interés de las personas a quienes representan y del país en general y cómo evitarlo. Por simplificar, cabe decir que en este blog manejamos, en general, una visión institucionalista de la realidad política, lo que significa que entendemos que el comportamiento político viene determinado por las instituciones (entendidas en sentido amplio como toda norma o escrita o no escrita) y que por tanto el buen funcionamiento de éstas es esencial para el progreso de los países.

Por supuesto, no es la única forma de abordar la realidad política. Existen enfoques conductistas, que ponen el énfasis en la conducta  individual de las personas y grupos, con origen en la piscología y en la sociología. También es muy importante el de la elección racional o teoría económica de la política, que crea un modelo de comportamiento político basado en la racionalidad económica, entendiendo que toda acción humana está orientada a la maximización de algún tipo de interés asociado al bienestar personal, lo que significa que el comportamiento político debe estudiarse sobre la base de los intereses y motivaciones personales.

Quizá en algún momento sería interesante profundizar en sus diferencias e importancias relativas. Baste decir ahora que obviamente todos los enfoques tienen algo de razón, que en unos casos unos son más adecuados que otros, y que pueden ser complementarios. Obviamente, nosotros, como juristas que somos, ponemos el foco en lo que conocemos, la norma, pero no excluimos los demás.

Por eso tengo el gusto de presentar hoy una lectura que es muy ilustrativa de por qué y cómo la gente miente y de cómo ello puede afectar a la conducta política. Se trata de “The (honest) truth about dishonesty”, de Dan Ariely que tuve ocasión de traerme de USA. Ariely, catedrático de psicología y economía conductual en Duke, usa, obviamente un enfoque conductista para hablar de la honradez en general, pero obtiene conclusiones que no desmerecen para nada, como veremos, la visión institucional.

Lo primero que hace el autor es criticar el análisis económico de Gary Becker. Este autor hizo un análisis racional de la situación y creó el modelo SMORC (SIMPLE MODEL OF RATIONAL CRIME), que entiende que las decisiones sobre honradez están basadas siempre en un análisis coste-beneficio. El propósito del libro de Ariely precisamente  demostrar que este análisis muchas veces no funciona y que a menudo hay fuerzas irracionales que pensamos que no importan pero que son esenciales, por lo cual se propone explorar las fuerzas que nos inclinan a hacer trampas y las que nos mantienen honrados.

El autor ha hecho muchísimos experimentos para comprobar diversos extremos. Fundamentalmente se apoyaba en un test matemático que consiste  en 20 matrices que el sujeto ha de resolver (buscar dos números que sumados daban más de diez) con la mayor rapidez. En su resolución se formaban dos grupos: uno al que se le corrige presencialmente la prueba y otro al que se le dice que lo corrija él mismo y lo destruya en la trituradora a continuación. Se les pagaba 50 céntimos por cada respuesta correcta. Pues bien: estadísticamente, la gente “acertaba más” en el tipo “trituradora”, 6-7 de 20 frente a los 4 de 20 de los que eran supervisados.

La prueba se modificó incluyendo sucesivamente otras variables: ofreciendo más dinero, facilitando la posibilidad de ser cogido, con un supervisor ciego….en todos los supuestos el resultado era el mismo.

La conclusión que saca Ariely es importante: nuestro sentido de la moralidad está conectado con la cantidad de engaño con el que nos sentimos cómodos. Esencialmente, engañamos hasta el nivel que nos permite mantener la imagen de razonablemente honrados que tenemos de nosotros mismos. Parece claro, dice, que aquí hay más algo más complejo que el modelo SMORC (coste-beneficio) de los economistas,  dado que el nivel de engaño no depende de la cantidad de dinero que esperamos ganar ni de la posibilidad de ser descubierto.

Por ello, la tesis central del libro es que nuestra conducta está dirigida por dos motivaciones opuestas. De un lado, queremos vernos a nosotros mismos como personas honradas y honorables, mirarnos al espejo y sentirnos bien (sicológicamente, ego motivation). De otro, queremos los beneficios de engañar y obtener tanto dinero como sea posible. Pero estas dos motivaciones están claramente en conflicto, ¿cómo podemos conseguir las dos cosas? Aquí es donde nuestra asombrosa flexibilidad cognitiva entra en juego: cuando solo engañamos un poco, podemos beneficiarnos de engañar y aun vernos como maravillosos seres humanos. Este equilibrado acto es el proceso de racionalización y la base de lo que llama “fudge factor theory” (el elemento trampa, o elemento compensatorio introducido ad hoc en un modelo para hacer que encaje en nuestras expectativas). Piense usted en esas pequeñas defraudaciones fiscales, en esas trampitas en los negocios que justificamos por la mayor corrupción de los políticos o por cualquier otra cosita.

Pero hay más. Ariely hace a continuación otro experimento: en vez de usar dinero, usa fichas que luego se cambiaban por dinero. Pues bien, sorprendentemente se engañaba casi el doble. Eso significa que si incrementamos la distancia sicológica entre el acto deshonesto y sus consecuencias, es decir, el dinero contante y sonante, el fudge factor se incrementa y los participantes engañan más. Y es muy preocupante esto en una sociedad que cada vez es más cash less: parece que es menos grave robar un número de tarjeta de crédito que quitarte el dinero directamente de la cartera, porque lo digital te separa de la realidad de nuestras acciones en cierto grado. Igualmente aplicable a profesionales y entidades que cargan abusivamente sus facturas en pequeñas cantidades durante años y no se sienten culpables.

Pero hay soluciones. Ariely constata, con un nuevo experimento de sus matrices, que simplemente recordando oportunamente los estándares morales se mejora la conducta moral: a la mitad de los voluntarios se les hace recitar los mandamientos de la ley de Dios antes y a la otra mitad no. Los primeros no engañaron nada y los segundos lo de siempre. Lo mismo si se hace invocando un supuesto “códigos de honor” en la universidad (donde se efectúa el experimento) ya sea cierta la existencia del código (Princeton) o no lo sea (Yale). Por tanto, quizá hacer seminarios o cursos de moralidad o Responsabilidad Social Corporativa no es útil, pero a lo mejor hacer presente los principios éticos en el momento oportuno sí lo sea.

El libro es pródigo en experimentos y consideraciones, pero sólo quiero resaltar algunas más:

-La inmoralidad es contagiosa: El autor repitió su experimento introduciendo modalidades. La primera, CONTROL supone que hay supervisión y no hay engaño. En la modalidad DESTRUCCION (shredder) es la que admite el engaño, como al principio, y se resuelven 7 de 20.  En la que llama MADOFF hay un participante -un actor- que obviamente está mintiendo porque termina en un minuto y se lleva todo el dinero a la vista de todos: en este caso se “resuelven” 15 de 20. En el sistema de PREGUNTA, en el que el mismo actor sólo pregunta al supervisor si puede decir que lo ha resuelto todo con el dinero e irse y le dicen que puede hacer lo que quiera, sólo 10/20. En el sistema del OUTSIDER, en el que el que se va rápidamente es un miembro de la universidad rival, solo 9, el que menos.

En resumen, concluye que el ejemplo es muy importante (MADOFF); que no engañamos tanto si nos hacen conscientes de la posibilidad (QUESTION) y que se engaña menos si el ejemplo no es de nuestro grupo (OUTSIDER). Por cierto, es interesante el dato que aunque hubo algún desalmado que mintió a tope, lo que Ariely tuvo que pagar por las muchas pequeñas mentiras fue muy superior.

–Unas infracciones conducen a otras: Ariely realiza un experimento con un grupo de personas a quienes se les proporcionan gafas de marca falsificadas y a otros grupo  verdaderas. Pues bien, los resultados muestran que el engaño es mayor en los que llevan gafas falsas; todavía más, se engañan más incluso cuando es clarísimo el engaño, y no sólo cuando era dudoso. Y más: hay un punto concreto en el que se pasa de un punto equilibrado entre un cierto engaño y la creencia de que somos honestos a engañar en cualquier oportunidad que se tenga. Este patrón de conducta es el que llama “qué demonios” (aquí diríamos “de perdidos al río”), que se da cuando se supera el “límite moral”. Ello significa que no hay que despreciar las pequeñas inmoralidades porque éstas inconscientemente nos llevan a otras y que a veces estadísticamente muchas pequeñas son más dañosas que una sola corrupción grande.

–No hay diferencias entre países: Es curioso observar que la mayoría de la gente piensa que en su país se miente más que en América, país del autor. Hizo unos experimentos en otros países, utilizando otras retribuciones equivalentes (hamburguesas o cervezas) para evitar el efecto de la moneda. El resultado fue muy interesante: el nivel de engaño era igual en todos los países. ¿Cómo podemos reconciliar este hecho con nuestra convicción personal de que hay diferencia entre los diversos países y con los diversos niveles de corrupción? Pues bien, los datos reflejan un aspecto real del engaño, pero las diferencias culturales también. Los experimento se hacía fuera de todo contexto cultural. En las actividades diarias estamos en un contexto cultural y la cosa es diferente. Por ejemplo, el plagio, en algunos países se toma como algo muy serio y en otros más bien como un póker entre estudiantes y la facultad, y lo malo no es eso, sino que te cojan.

 Conclusiones prácticas para un buen regeneracionista:

  • Los políticos roban, pero tú también un poquito, y encima ni te das cuenta.
  • Cuanto más de “guante blanco” sea el delito y más alejado este del daño o del dinero, menos culpable te sentirás. Es preciso insistir en las consecuencias de la inmoralidad.
  • No siempre aumentar la vigilancia, los castigos o la transparencia es efectivo: a veces recordatorios morales pueden hacer que la gente sea más honrada. Es preciso insistir en la educación moral y en la regeneración (que es lo que procuramos hacer en este blog). 
  • Los demás son –somos- esenciales en la definición de los límites de nuestra propia conducta. Si vemos a otros miembros de nuestro grupo social conduciéndose fuera de un nivel aceptable, es probable que recalibremos nuestro compás interno y adoptemos ese modo de conducta como modelo. Y más si es una figura de autoridad como un jefe, un padre, etc. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que muchas veces perseguir un solo acto de Gran Corrupción –salvo el efecto ejemplificador- es menos efectivo que miles de pequeñas infracciones.
  • Las pequeñas inmoralidades son importantes porque determinan la forma en que una persona se ve a sí misma y sus acciones futuras, por lo que es importante cortar el número de actos singulares aparentemente inocuos.
  • Y, finalmente, hay que recordar que las instituciones son esenciales: al final en todos los sitios se engaña y lo que marca la diferencia es la cultura y las normas escritas o no que condicionan nuestra cultura, que, por tanto, son los mejores instrumentos para cambiar la racionalidad económica o la irracionalidad psicológica.

 

 

Regeneracionismo y Ciencia política: las Administraciones Públicas

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Les haré una pequeña revelación personal: estoy estudiando Ciencias Políticas por la UNED. Por supuesto a un ritmo pausado, el que me deja mi desempeño profesional; pero viene bien formarse, máxime cuando se dedica uno a estos menesteres de la crítica jurídica-política, y la segunda parte del binomio no es tu especialidad profesional.

Además, el estudio reglado te impone una cierta disciplina que no tienes siempre si lo acometes por tu cuenta; y al ser sistemático y partir desde lo básico, tiene algunas ventajas frente al estudio más profundo, pero desordenado: permite tener una visión de conjunto de la materia porque uno tendrá que estudiar lo que le gusta y lo que no, y eso, a pesar de uno, nos proporcionará una formación más completa y equilibrada que si se deja llevar por sus instintos culturales o sus gustos personales o sesgos. Recuerdo que el año pasado, estudiando Estructuración Social, el libro de texto se refería a algunos autores -como Bauman o Beck- que yo había leído por mi cuenta basándome en recomendaciones o en lo que veía en la librería considerándolos miembros de la que llama “Sociología Expresiva” por su índole divulgativa e impacto mediático. Me dio que pensar: hay que tener cuidado con las ideas que consideramos axiales en nuestros razonamientos.

Por otro lado, el examen científico de las cuestiones relativiza un tanto los problemas y matiza las opiniones políticas, que tienden a ser más taxativas y maniqueas. Incluso cuando desde este blog hablamos de regeneración de las instituciones, aunque no sean opiniones o críticas estrictamente políticas o al menos partidistas, siempre puede haber un mayor elemento de interpretación o valoración subjetiva, un poco más allá de la estricta Ciencia Política.

Por eso me ha impresionado favorablemente y quiero compartir con ustedes lo que he leído en el libro de texto correspondiente a la asignatura de Administraciones Públicas en el que, aparte de dar la información objetiva y científica habitual contiene algunas expresiones valorativas sobre la España actual (lo que es frecuente) que tienen la virtud de confirmar muchas de las cosas que hemos ido diciendo en este blog durante largos años. La referencia bibliográfica es la siguiente: “Las Administraciones Públicas en España”, de José Antonio Olmeda, Salvador Parrado y César Colino. Tirant lo Blanc, 2ª Edición 2017

Aquí les hago un breve extracto de algunas opiniones:

En la página 27, en estudiando la relación entre políticos y funcionarios dice: “Todo parece indicar que con la politización creciente y la proliferación de asesores y gabinetes políticos esto ya no es así, ya que los políticos parecen haber prescindido cada vez más del asesoramiento técnico de los funcionarios, liberándose de su influencia y, para garantizar supuestamente la ejecución de sus decisiones, han tratado de amarrar políticamente a los altos funcionarios. En definitiva, actualmente se funciona sobre la idea de que parece que los políticos han de tomar las decisiones libremente y por su cuenta y el papel de los funcionarios queda limitado a facilitar a posteriori la cobertura legal que sea necesaria (Nieto 2008). Asimismo, según los estudios empíricos disponibles, también entre los altos cargos de confianza política suelen predominar los burócratas profesionales, aunque crecientemente se va dando más cabida a los activistas de los partidos o expertos en comunicación política con escasa o nula cualificación profesional en los temas del departamento”.

Refiriéndose al Tribunal de Cuentas, dice: “Pero como órgano fiscalizador carece de recursos humanos suficientes para su labor fiscalizadora, no tiene capacidad coercitiva o sancionadora y está compuesto por antiguos políticos con escasos incentivos para ser críticos con sus compañeros de partido o sus adversarios”

Hablando de los problemas de la politización excesiva y las deficiencias de la función directiva autonómica, clientelismo y corrupción, dice, en la página 182, citando a Giménez Abad: “Esta situación provoca la pérdida del respeto profesional por parte de los funcionarios al jefe político y su falta de expectativas profesionales, acompañada del desánimo  por ver que sus jefes han conseguido por la via de la política lo que ellos nunca van a conseguir por méritos profesionales, incitando así a los funcionarios a politizarse”…….“Este proceso de “decapitación permanente” de las organizaciones del sector público se lleva por delante todo el capital directivo construido durante un largo periodo de tiempo”

En relación a los entes públicos autonómicos, en la página 183. “…muchas gobiernos autonómicos han usado las empresas públicas para emplear a sus “clientes”, afiliados o amigos políticos”.…”en Andalucía, según la Cámara de Cuentas, en 2007 había una plantilla media 21.310 contratados en las empresas públicas y agencias andaluzas a los que habría que añadir los 4.670 contratados en las Fundaciones, haciendo un total de 25.980 contratados que no habían tenido que someterse en la práctica a ningún criterio de mérito y capacidad. Al mismo tiempo, en 2008, había 24.777 funcionarios que habían pasado por una oposición. Esto significa que se contaba con 1.702 más contratados sin control en su acceso, que funcionarios de oposición”.

En cuanto a la Administración local se pronuncian así: “Las Administraciones Locales, en especial los ayuntamientos, se han convertido en una suerte de parientes pobres del Estado autonómico…”….“El número excesivo de ayuntamientos de tamaño exiguo, y su sobrecarga de competencias y demandas ciudadanas que atender para las que carecen de financiación suficiente, han hecho que recurran a la urbanización acelerada para recabar esos recursos financieros que no llegan de otras fuentes. Su empleo público se ha considerado botín político por los partidos políticos que han obtenido mayorías en sus términos municipales, consagrando prácticas clientelares y de patrimonialización de lo público” (pág. 199).

Concretamente respecto al alcalde, en la pág. 213: “El alcalde manda y dirige la administración de forma directa o indirecta; es decir, mediante esos <<gestores profesionales>> que en realidad son cargos de confianza política, y el papel de los cargos administrativos, los habilitados nacionales, está restringido a unas funciones de control meramente legalista. Se crean así innumerables oportunidades tanto para el abuso del poder para fines personales o partidistas como para políticas cortoplacistas, como ha destacado Lapuente”.

En cuanto al sector público local y autonómico, dicen en la página 205: “Este crecimiento del sector público local y autonómico con todo tipo de mayorías políticas es un mecanismo de endeudamiento extrapresupuestario que permite la evasión de los controles vigentes, excluyéndose sus magnitudes económicas de las cuentas consolidadas de la administración local o autonómica a la que esté adscrita”

En relación al sistema de elección indirecta de las diputaciones provinciales: “La ley 11/1999 también amplió las atribuciones de los Presidentes de las Diputaciones Provinciales. Este sistema electoral indirecto ha mantenido en las provincias de régimen común, en contraposición a las forales, un enclave opaco y poco democrático, al margen del control directo de los ciudadanos, propiciando toda suerte de abusos” (pág. 225)

En general, sobre la realidad local española hacen una cita de Agranoff en la página 233: “En cierto sentido hay un déficit democrático legal y fiscal de las ciudades. No tienen la capacidad para gobernar a sus ciudadanos en el sentido de determinar sus necesidades de servicios o de satisfacer sus preocupaciones de calidad de vida, o de emprender políticas públicas innovadoras por su cuenta. Como la mayoría de las ciudades en Estados compuestos, las ciudades españolas son extremadamente dependientes de complejas redes intergubernamentales horizontales y verticales. Como la mayoría de los gobiernos locales en Estados compuestos, son los transmisores fundamentales de las políticas y programas de los dos niveles superiores. Pero la mayoría de los gobiernos locales en otros sistemas multinivel sí poseen alguna capacidad para actuar independientemente, de representar los únicos y localizados deseos de sus ciudadanos. Las ciudades españolas carecen en general de esta habilidad debido a limitaciones estructurales, normativas y fiscales. Como resultado, es más probable que los gobiernos de las ciudades se dirijan a los funcionarios de otros niveles de gobierno o a intereses económicos particulares en vez de a sus ciudadanos”.

Respecto a la Comisión General de las CCAA, dicen en la pág. 245: “Parece, sin embargo, que esta extraña mezcla de legisladores y miembros de los ejecutivos autonómicos no ha producido los objetivos esperados como foro de deliberación o relaciones intergubernamentales sectoriales. Esto es así por la politización partidista de los debates. El papel de la Comisión se ha mantenido ambiguo y se ha utilizado principalmente por los consejeros y presidentes autonómicos de las CCAA gobernadas por los partidos de la oposición como un foro adicional para atacar al gobierno”.

En relación a la evolución de ingresos en España y la importancia de la descentralización política operada en favor de las CCAA:  “Lo primero que hay que destacar es que durante todo el periodo democrático, las reformas fiscales se han realizado de manera ad hoc, sin tener en cuenta sus efectos sobre la evolución de la estructura tributaria en su conjunto. Como resultado, muchas partes del sistema parecen carecer de un fundamento racional. Objetivos en conflicto se persiguen al azar; e incluso objetivos concretos se siguen de maneras contradictorias” (pág. 384).

Comentando el sistema impositivo español  y su régimen de deducciones y ayudas, en la pág. 385, dicen: “La Administración General del Estado ofrece 34.500 millones en beneficios fiscales y las CCAA otros 17.000 millones. La mayoría de estas ayudas no son más que ventajas políticas particularistas o clientelares a distintos grupos de electores. Estos incentivos, junto con el fraude, hacen que los ingresos tributarios de España sean inferiores a los del resto de socios europeos”.

Estudiando el papel de los Presupuestos, en la pág. 415 dicen: “Hay que recordar que ese descontrol del instrumento de control por excelencia, del presupuesto, ha sido acompañado por un debilitamiento extremado de los controles internos, administrativos, previos, a cargo de la Intervención General dela Administración del Estado o los órganos interventores de las Administraciones Territoriales. Según un estudio econométrico de las desviaciones presupuestarias las previsiones de ingresos tendieron a estar sistemáticamente por debajo de los ingresos finalmente observados. Por su parte, las desviaciones de los gastos realizados en relación con lo presupuestado muestran un sesgo más reducido, aunque también positivo. En este caso, las revisiones con respecto a las previsiones presupuestarias iniciales fueron siempre positivas: esto es, se ampliaron los márgenes de gasto con respecto a lo presupuestado inicialmente, aunque este margen en la mayoría de los casos no llegó a utilizarse completamente. Se encuentra, además, que las desviaciones en los gastos son mayores en los años electorales y previos a las elecciones. Estos resultados podrían interpretarse como que existe un cierto margen para mejorar el proceso de planificación presupuestaria. En todo caso, se observa un incremento de la precisión de las previsiones presupuestarias a lo largo del tiempo (Leal, Pérez 2009)”.

Respecto a la gestión de los recortes de Rajoy, en la pág. 425.: “La consolidación fiscal operada por Rajoy se ha basado fundamentalmente en aumentar la recaudación mediante la subida de impuestos y la reducción del gasto en inversión en vez de hacerlo en la reducción del gasto no productivo que es la senda virtuosa para la reducción del déficit. Así Rajoy realizó treinta subidas de impuestos en los primeros dieciséis meses de gestión (Müller 2015: 246): cinco revisiones del IRPF; cuatro del Impuesto de Sociedades; tres de los Impuestos Especiales; dos del IVA; dos del IBI; una del Impuesto de Patrimonio y una del marco fiscal vigente para las indemnizaciones a directivos. A ello se unieron doce nuevas figuras tributarias: ocho para el sector eléctrico; una para Loterías; una para los depósitos bancarios; otra para los hidrocarburos; y otra medioambiental. Algunas de esta medidas fueron revertidas a los niveles existentes en 2011 para afrontar las elecciones de diciembre de 2015. El ajuste español no ha convencido a los supervisores de Bruselas”.

Y, sobre el mismo tema, en la pág. 432: “La gestión de los recortes por el gobierno de Rajoy ha implicado un mantenimiento de los parámetros básicos del Estado de Bienestar pese a los recortes operados pero ello se ha conseguido mediante el recurso a la subida de los impuestos y al endeudamiento. La recuperación económica es frágil porque se ha debido en buena parte a circunstancias externas favorables: defensa del euro por el BCE, bajos precios del petróleo y euro depreciado lo que favorece las exportaciones. Esta fragilidad puede ponerse de manifiesto peligrosamente con motivo de un cambio negativo en estas condiciones externas debido a que la persistencia del déficit combinado con el elevado endeudamiento constituye una situación muy vulnerable”.

Interesante, ¿no?: el debilitamiento de las instituciones y su politización no es ya una denuncia de la sociedad civil, sino un hecho incorporado a los manuales y libros de texto.

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