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La Universidad de Salamanca organiza el Curso de Especialización “Gobernanza y Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma en la Administración Pública”

Elisa de la Nuez, Secretaria General de nuestra Fundación, formará parte del profesorado.

La Universidad de Salamanca organiza, del 14 al 30 de enero de 2019, el Curso de Especialización “Gobernanza y Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma en la Administración Pública”. Nicolás Rodríguez García, Catedrático de Derecho Procesal, y Fernando Rodríguez López, Profesor Titular de Economía Aplicada dirigen un curso que abordará los puntos más críticos de lo que debe ser una manera o un modelo de entender el gobierno y la gestión de los asuntos públicos.

Puedes encontrar más información sobre el programa, el profesorado y la inscripción a través del siguiente enlace.

Corrupción que no vemos

Cuando pensamos en corrupción nos vienen a la mente casos sonados como Gürtel o EREs. Los millones de euros involucrados en estas tramas apuntan al daño que la corrupción supone para todos. Mientras estos casos ocupan la atención pública, a veces ignoramos otros, aparentemente de menor escala, cuyo impacto es inmenso. Tenemos un problema grave que está pasando desapercibido.

La posibilidad de que haya corrupción en la universidad no ha atraído la atención pública hasta el asunto Cifuentes, aún pendiente de resolución judicial. Pero el revuelo que ha causado el caso corre el riesgo de ser inútil. Si pensamos que la corrupción en la universidad se limita a la expedición de títulos falsos, nos equivocamos. Nos equivocamos, sobre todo, si pensamos que la corrupción en la universidad es un problema anecdótico que sólo afecta a los estudiantes.

El término “endogamia universitaria” suena a patología infrecuente. Y en cierto modo sí es una patología que, aunque afecta a la universidad, termina por extenderse. La endogamia universitaria consiste en la contratación de los profesores por su buena relación con quien contrata, en lugar de por méritos objetivos como su calidad docente o investigadora.

Casi nunca hay malas intenciones conscientes detrás de las contrataciones endogámicas (para más información vean el post de Herminia Peralta en este blog). Más bien son fruto de la inercia, de dinámicas internas de los departamentos que se han hecho habituales a lo largo de los años. Pero son calificables como actos de corrupción, entendida como cualquier abuso de poder para obtener réditos privados (aquí). El poder de decidir sobre la concesión de un contrato de profesor se utiliza priorizando el interés privado -hacerle un favor a un amigo- sobre el interés público de garantizar que el contratado es quien más contribuye a la calidad de la universidad. Una primera consecuencia es el uso ilegítimo de fondos públicos que corresponden al salario de profesor. Pero a largo plazo las consecuencias van mucho más allá.

La endogamia es el pan de cada día en nuestras universidades, que suelen contratar como profesores a sus propios alumnos de doctorado aunque se presenten candidatos procedentes de otros centros con méritos objetivos mayores (aquí). En 2008, el 69% de los profesores de las universidades públicas españolas trabajaba en la misma universidad en la que se había doctorado, mientras que en Alemania o Reino Unido esta cifra no llegaba el 10% (aquí). A fecha de 2014-2015 habíamos empeorado: el porcentaje estaba en un 73% (aquí).

Contratar a alguien que se ha formado “en casa” no es necesariamente un problema, ya que al mismo tiempo puede ser muy buen investigador y docente. El problema es que, en la mayoría de los casos, ser “de casa” es el motivo por el que se contrata al candidato, y no su calidad investigadora y docente. Y si investigación y docencia no se hacen bien, los afectados somos todos y no sólo los estudiantes.

Si en un hospital los médicos son contratados por llevarse bien con el director, tenemos un problema. Tenemos un problema si estamos enfermos y esperamos que nos curen. Pero también tenemos un problema aunque estemos sanos. Terminaremos siendo afectados por enfermedades contagiosas, porque los médicos no sabrán tratarlas. Las enfermedades para las que no existe cura seguirán sin tenerla. Perderemos a seres queridos. Además, los costes de mantener un sistema sanitario tan ineficaz serán desproporcionados. Algo similar sucede con nuestras universidades. El problema de la endogamia universitaria no sólo afecta a los estudiantes, sino a todos.

 La productividad investigadora del sistema universitario español es baja. Año tras año no aparece ninguna universidad española en los rankings internacionales que miden la investigación. Departamentos con buenos resultados, como Economía en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III de Madrid (aquí), han establecido la norma interna de no contratar a sus propios doctorados (aquí). Sin duda ambos hechos están relacionados: varios estudios apuntan al efecto negativo de la endogamia en la productividad investigadora.

No se trata de competir en rankings por competir. La investigación es fundamental para nuestra prosperidad como sociedad. Proteger nuestro Estado de bienestar requiere asegurar la creación de riqueza. Para ello, un modelo productivo basado en la investigación e innovación tecnológica garantiza mayor valor agregado que uno basado en sectores tradicionales como la construcción o el turismo (aquí). La investigación en ciencias sociales también es esencial para, entre otros, mejorar las políticas públicas. Necesitamos sociólogos, politólogos y economistas formados para estudiar las causas del fracaso escolar, alimentar un debate público riguroso en los medios y tantos otros. La investigación en Humanidades también es crucial para fomentar el espíritu crítico y la fortaleza de la sociedad civil.

La endogamia no sólo afecta a la investigación, sino también a la docencia. Sin duda hay muchos profesores que, preocupados por sus alumnos, trabajan por enseñarles lo mejor posible. Pero lo cierto es la mayoría no son contratados por su calidad docente, sino por sus buenas relaciones con quien contrata. Esto no favorece que el contratado sea necesariamente el más preparado ni el más motivado por enseñar bien.

La medición de la calidad docente en la universidad es una cuestión controvertida y por ello no es sencillo ofrecer evidencias de malas prácticas. Pero quienes estudiamos -o hemos estudiado- en la universidad pública sabemos que por desgracia no es infrecuente encontrar profesores que no dominan su materia, o que si la dominan no se preocupan por que aprendamos. Esta dejadez se puede manifestar de muchas maneras, como impartir clase como si de un dictado se tratara, omitir partes del temario, no ser transparente en los criterios seguidos al corregir u otras.

Estas malas prácticas docentes son graves y pueden parecer inverosímiles. Pero son demasiado frecuentes en el día a día de muchos alumnos que, en última instancia, no obtenemos los conocimientos que esperábamos. Con lo que ello implica para nuestras posibilidades laborales y nuestra vida personal, así como para todo un país que necesita profesionales lo mejor formados posible.

Aunque la endogamia afecta a todos los estudiantes, los más afectados son aquellos de origen socioeconómico menos favorable. Estos no pueden pagar  cursos externos que complementen su formación ni estudiar en reconocidas universidades extranjeras. Si realmente creemos en la igualdad de oportunidades y la protección de los vulnerables, acabar con la endogamia es prioritario. Si lo conseguimos, nuestra universidad pública ofrecerá la mejor educación posible y recibirla no dependerá de los recursos económicos de los estudiantes.

El salario correspondiente a la contratación de un profesor no tiene el mismo impacto económico que tramas como Gürtel o EREs. Pero las consecuencias de la endogamia universitaria a largo plazo son de una enormidad difícil de medir. No sólo para los estudiantes, sino para todos.

En un próximo post analizaremos posibles soluciones a este problema.

¿Una osada propuesta de revisión de los estudios de Derecho en España?

La sociedad está cambiando. Surgen nuevos retos, nuevos problemas, que requieren otras soluciones, otros enfoques, otro tipo de profesionales ¿Están preparados los abogados para afrontarlos? ¿Se les forma para ser capaces de hacerlo?, ¿Podría mejorar la formación que reciben? Mi respuesta es SI y en este artículo, además de realizar una serie de reflexiones sobre la situación actual de los estudios de grado en Derecho,expongo una propuesta para lograrlo.

El punto de partida es que el estudiante, visto como individuo, como persona única y diferente a todas las demás,debe ser el eje central de la educación. De todos es bien sabido que la carrera de Derecho tiene una gran ventaja y es que ofrece muchas salidas profesionales y por otra parte, que son muchos los jóvenes que comienzan sus estudios sin tener claro lo que quieren. Consecuencia de estos dos hechos es un tercero, de consecuencias perniciosas: un porcentaje no desdeñable de alumnos que estudian Derecho, no tienen clara su vocación ni durante sus estudios, ni cuando los finalizan.

Por eso, creemos que el primer objetivo de la facultad debe ser ayudar al alumno a reflexionar sobre quién es y qué vocación tiene. La identificación temprana de la vocación es un factor que ayuda en la carrera profesional. Es importante que las facultades entiendan la realidad actual de las salidas profesionales y la realidad es que no todos los alumnos acabarán en un gran despacho. Cuando se acude a algunas ferias de empleo, uno podría llegar a una conclusión diferente y es que dado que participar como corporación en ellas, exige importante una inversión de tiempo, dinero y recursos, el tipo de organización que está allí representada, refleja sólo un segmento del mercado: el de la empresa y despacho grande y mediano y brilla, por lo general por su ausencia en estos foros, el pequeño despacho y la PYME que son quienes realmente dominan el tejido empresarial en España. Este tipo de eventos, que no niego son de enorme utilidad, en cierta medida pueden distorsionar la visión del alumno sobre la realidad del mercado de trabajo y desde luego, no ayuda a la identificación de muchas opciones profesionales que no están representadas, como, por ejemplo, la de los funcionarios, la del emprendimiento LegalTech o la de del emigrante, que busca en otros países el empleo que aquí en España, no consigue encontrar.

Como hemos señalado, muchos estudiantes de Derecho acabarán siendo funcionarios, otros empresarios, otros quizás acaben desarrollando LegalTech y creando su propia start-up, y como es obvio, cada una de estas salidas profesionales exige conocimientos y habilidades diferentes. Por ello, en el primer año de estudios debería dotarse al alumno de herramientas de autodiagnóstico y de formación en las llamadas “softskills”. Pensemos que la confianza es la clave del éxito del prestador de servicios jurídicos y ésta, se ha demostrado que, en un altísimo porcentaje, la determinan aspectos relacionados con la personalidad y no con el conocimiento técnico.

En relación con los conocimientos técnico-jurídicos, lo esencial es que el alumno finalice sus estudios, conociendo los fundamentos de las diferentes disciplinas jurídicas. Parece una obviedad lo que señalo, pero puedo dar fe de que durante los cuatro años que sometimos a un examen de conocimientos generales del Derecho a los más de 200 candidatos que anualmente participan en los procesos de selección del despacho Pérez-Llorca, un enorme número de ellos no era capaz de superar un examen de conocimientos generales que en la firma consideramos que cuestionaba solo sobre “los básicos”. Por tanto, el segundo objetivo sería que el alumno adquiriese en el grado el dominio de los pilares fundamentales del Derecho, para luego profundizar en lo especial durante el postgrado.

El tercer objetivo, sería acercar al alumno a su entorno y lograr que lo comprenda y para ello, los estudios deberían integrar visitas a empresas e instituciones con las que previsiblemente tendrá que relacionarse en el futuro. ¿Cómo es posible a día de hoy haya todavía graduados en Derecho que no han pisado un juzgado durante sus estudios?, pues según parece, está sigue siendo la realidad de muchos estudiantes o al menos de muchos de los que he tenido la oportunidad de conocer como profesora del Master de Acceso a la Abogacía. También para acercar al alumno a la realidad es importante que se trabaje con el método de “resolución de problemas” basados en supuestos reales. Prefiero este método, al método del caso, pues creo que se focaliza en la solución de problemas concretos y abarcables, algo más tangible, reconfortante, y que se acerca más a la realidad del rol que posiblemente asumirán durante sus primeros años de ejercicio profesional: apoyar a alguien con más experiencia; realizar pequeñas tareas; etc.

Por otra parte, durante su vida profesional el alumno va a interrelacionarse con cuatro grupos de personas o instituciones:

Y para tener éxito en esos cuatro tipos de relaciones, el estudiante necesita estar dotado de un conjunto de conocimientos y habilidades diferentes. Veamos las más importantes para cada uno de esos ámbitos:

  1. Para ser excelente en las relaciones con sus clientes debería saber de:
  • Ética
  • Deontología
  • Psicología
  • Sociología
  • Marketing
  • Economía
  • Periodismo
  • Derecho
  • LegalTech
  • Otros idiomas

Además, debería tener bien desarrolladas sus habilidades en:

  • Comunicación oral
  • Comunicación escrita
  • Técnicas de venta
  • Gestión de proyectos
  • Gestión del tiempo
  • Técnicas de investigación
  • Resolución de problemas
  • Pensamiento crítico
  • Gestión de conflictos
  • Negociación
  1. Para ser excelente en las relaciones con sus compañeros debería saber de:
  • Ética
  • Deontología
  • Psicología
  • Management
  • LegalTech

Además, debería tener bien desarrolladas sus habilidades en:

  • Liderazgo
  • Comunicación oral
  • Comunicación escrita
  • Técnicas de venta
  • Gestión de proyectos
  • Gestión del tiempo
  • Gestión de conflictos
  • Negociación
  1. Para ser excelente en las relaciones con su organización debería saber de:
  • Gestión de personas
  • Derecho
  • Deontología
  • Desarrollo de negocio
  • Ética
  • Finanzas
  • Gestión del conocimiento
  • LegalTech
  • Psicología

Además, debería tener bien desarrolladas sus habilidades en:

  • Comunicación oral
  • Comunicación escrita
  • Gestión de proyectos
  • Gestión del tiempo
  • Gestión de conflictos
  • Negociación
  • Pensamiento crítico
  • Resolución de problemas
  • Técnicas de investigación
  • Técnicas de venta
  1. Para ser excelente en las relaciones con la administración debería saber de:
  • Ética
  • Deontología
  • Administración pública
  • Derecho
  • LegalTech

Además, debería tener bien desarrolladas sus habilidades en:

  • Comunicación oral
  • Comunicación escrita
  • Gestión de proyectos
  • Negociación
  • Resolución de problemas
  • Técnicas de investigación

 

Si integramos en un único cuadro estos conocimientos y habilidades, el resultado sería el siguiente:

 

 

 

Como se habrá observado, la propuesta persigue dotar al estudiante de los conocimientos que realmente le harán capaz de entender su entorno, aprovechar las oportunidades, mitigar los riesgos y solucionar los problemas que en él surjan. Además, persigue ayudarle a salir al competitivo mercado laboral, dotado de las habilidades que le harán falta para responder a las necesidades que surgirán cada día: saber buscar información y escoger las fuentes adecuadas; generar contenidos atractivos; solucionar conflictos, negociando siempre que sea posible; gestionar su tiempo y los proyectos en los que trabaje.

Las ventajas de este modelo formativo son:

  1. Permite a los estudiantes formarse para ser los mejores en función de la vocación que tienen.
  2. Dota al estudiante no sólo de conocimientos técnico-jurídicos, sino de los otros conocimientos que necesita tener para ser un verdadero humanista y en consecuencia un buen jurista.
  3. Permite al estudiante desarrollarse como persona y ser feliz, que al final es lo más importante.

Los estudios de Derecho en España necesitan ser revisados y  ya tarde para hacerlo. Necesitamos juristas capacitados para responder a los retos del futuro y el futuro no habla sólo un lenguaje jurídico, habla muchos otros “idiomas” y estamos seguros de que esta propuesta del Instituto de Innovación Legal, les permitiría hablarlos y entenderlos.  Por eso queremos abrir un debate que creemos hace mucha falta e invitamos a todos aquellos que lo deseen a sumarse a él, difundiéndolo y aportando ideas. Quien escoge el grado de Derecho tiene #derechoalExito y tú ¿Qué piensas? ¿Deberían revisarse los estudios de Derecho? ¿Cómo deberían ser esos estudios en el futuro?

Este vídeo recoge de forma resumida la propuesta: https://www.youtube.com/watch?v=FdNRQaT4Bpo

 

Sobre la Universidad

“Es en la educación, en los sistemas de enseñanza, en las instituciones docentes donde se hace patente con más claridad nuestro atraso y, si me lo permiten, nuestra barbarie”

(Emilio Lledó, Sobre la educación. La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía, Taurus, 2018 p. 33)

En esta rueda al parecer interminable en la que estamos inmersos por autodestruir todas nuestras instituciones, le ha llegado el turno esta vez a la Universidad. Los recientes acontecimientos que han salpicado a la Universidad que, casualidades de la vida (lo que le faltaba a la Corona), lleva el nombre del “Rey emérito”, han puesto en tela de juicio el funcionamiento irregular de algunos centros universitarios en la expedición de títulos académicos, por no hablar de otras lindezas que ahora no toca. El escándalo conforme más se indaga, más crece. La imagen de la Universidad se degrada por momentos. No es ya la Universidad de origen la que padece, sino toda la institución, todo el sistema universitario que pierde credibilidad a raudales. El daño es profundo y la pérdida de confianza letal. La Conferencia de Rectores tira balones fuera: es un “caso aislado”. Punto y aparte. El corporativismo universitario se enroca. Surgen, sin embargo, enredos sinfín y salen a la luz bochornosos acuerdos, cuando no conductas que rayan lo delictivo o, incluso, algunas otras que pasan esa maldita raya. La impunidad se ha terminado. El débil e inconsistente sistema universitario español está bajo los focos.

No me interesa, sin embargo, ahondar en un tema trillado por los medios, realmente con más voluntad que acierto. O, cuando menos, con más interés por desatar escándalos que por buscar remedios. Es lo que hay y con eso toca bailar. Tampoco voy a hacer en esta entrada ninguna defensa de esa venerable institución, que no parece tener quien la defienda. Y, en mi caso, soy el menos apropiado. No estoy en la Universidad, ni se me espera. Ya no cotizo académicamente, estoy amortizado.

Mi única intención en estas líneas es sugerir a todas aquellas personas que todavía tienen algún interés por la Universidad la lectura del libro del filósofo Emilio Lledó con cuya cita se abre este post. Hay en esta obra varios capítulos dedicados al tema universitario, reflexiones impecables e implacables, cargadas de actualidad y vigor, a pesar de que se trata de un libro en el que se recogen artículos del autor elaborados la mayor parte de ellos hace décadas. No deja de ser otra casualidad del destino que salga justo antes de que todo esos conflictos estallen.

Un simple repaso a algunas de sus ideas contenidas en este libro nos mostrará por qué la Universidad española está dónde está, algo que se puede hacer extensivo al sistema educativo en su conjunto. Realmente, no les oculto que tras largo tiempo impartiendo docencia universitaria y ejerciendo discontinuamente de profesor universitario, las reflexiones del autor las comparto plenamente. Es más, las he vivido, padecido y hasta –por qué no decirlo- las he ejercido, que de todo ha habido. Veamos.

Una idea trasciende buena parte de esas reflexiones: “La lectura es el fundamento y el estímulo de la creación y maduración intelectual”. Pues bien, en la Universidad actual se lee poco, prácticamente nada entre el alumnado y no lo suficiente entre el profesorado. Y, cuando este último lee, lo hace de “su asignatura” y poco más. Excepciones hay muchas, pero en este caso la excepción debiera ser la contraria. Así, no cabe extrañarse de que el autor sentencie con obsesiva reiteración el desprecio intelectual que siente hacia “el concepto de asignatura” (hoy en día revestida del eufemismo de “área de conocimiento”). Esta noción “ha convertido a la universidad en un conglomerado de conocimientos estancos e inútiles, donde una serie de profesores asignaturescos cumplen la misión de explicar lo inexplicable, de impartir muchas veces vulgaridades anquilosadas que para colmo van a exigir en el chantaje ritual del examen”.

Si las asignaturas reciben esa crítica, no menos ácida es la opinión que para Emilio Lledó tienen los exámenes en la Universidad española: “Nada más inútil que ese saber memorístico, manualesco, convertido en fórmulas que solo sirven para pasar la disparatada liturgia examinadora”. Ese deterioro de los fines de la Universidad lo recrea el autor con una espléndida cita de Kant: “No se debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar. Al alumno no hay que transportarle, sino dirigirle, si es que tenemos la intención de que en el futuro sea capaz de caminar por sí mismo”.

El profesor Lledó toma como referencia el sistema universitario alemán, en el que desarrolló su actividad académica por largo tiempo, antes de aterrizar accidentadamente en la Universidad española donde la corporación académica de “sus pares” no le puso las cosas fáciles ni mucho menos. De ese marco conceptual alemán extrae ese desprecio hacia los profesores “ganapanes” o hacia aquellos que, citando a Schiller, actúan “como plagas de langosta (que) arrasan y desertizan las cabezas juveniles”. Porque quien paga los platos rotos de tan desafortunado sistema es, en primer lugar, el alumno que padece en su propia mente y en sus propias expectativas, que pronto se desvanecen:  ¿La Universidad era esto?, se pregunta al poco tiempo de estar en ella. El espíritu crítico apenas se fomenta, pues se ha producido “una cosificación” de la profesión de enseñar: “el profesor lenta, pero pienso que inconteniblemente, ha pasado a ser un vendedor de conocimientos”, subraya Lledó.

La realidad incontrovertible es la que describe el autor: “Una Universidad solo existe por la calidad y competencia de su profesorado”. Y, una vez más, vuelve al manido tema de los exámenes: “Otro proceso imprescindible de momificación es el examen”, afirma. La memez que en estos días tanto circula por los medios de comunicación la desmonta Emilio Lledó de un plumazo: “Una Universidad que examina parece que es una Universidad que funciona, aunque el examen no sirva más que para consagrar la superficialidad y el engaño” (nunca mejor dicho en este caso). En verdad, se ha perdido ya todo el espíritu de lo que fue y al parecer no se quiere que sea esa institución: “La Universidad no es solo un lugar donde se forman unos profesionales sino el ámbito donde se transforman unos hombres, para una participación activa en la ciencia, en la cultura, en la historia del país”.

El problema real de todo este diabólico sistema universitario es que hemos “producido en el fondo una serie de generaciones taradas, infradesarrolladas y engañadas”. Hemos destruido y lo seguimos haciendo aquellas potencialidades inherentes a la juventud estudiante: “El estudio universitario se presenta como un embrutecedor y pragmático encuentro con unos programas anquilosados, vacíos y rutinarios”. Y concluye el autor: “es también y, tal vez, principalmente, en la mentalidad de muchos docentes en donde radica el mal planteamiento de los problemas”; algo que no tendrá solución mientras, entre otras medidas, “no sea aborde el problema de la renovación y exigente selección del profesorado”.

Y, en fin, Emilio Lledó rompe una lanza por la interdisciplinariedad, algo demonizado y perseguido como absoluta herejía en la Universidad española, y puedo dar buena prueba de ello. Sorprende, así, que cuando más agradecen los alumnos la interdisciplinariedad, “se vean sometidos a esa cárcel formal”. Y su descripción final no puede ser más desgarradora: “Pero lo que es más grave, los jóvenes universitarios se ven forzados a escuchar, semana tras semana, hasta el examen final, a un profesor insoportable por su ignorancia, su frivolidad o su absoluta incompetencia, que muchas veces tiene que disimular con autoritarismo o paternalismo inadecuados. La mayoría de los alumnos, hoy por hoy ya poco contestatarios, acaban acatando al inepto de turno, con un conformismo y un escepticismo que hace juego con el fenomenal chantaje que supone el aceptar a aquel profesor que les ofrecerá el correspondiente aprobado en junio. Después de todo –concluye- la carrera es una suma de exámenes aprobados”. Nada más cierto. La Universidad española es una máquina expendedora a granel de títulos sin apenas valor alguno en el mercado, aparte de formar escasamente o, en el peor de los casos, deformar a los escépticos y hoy en día escasamente motivados alumnos. Aunque haya excepciones, que son solo eso.

Me objetarán, tal vez, que he espigado lo más estridente de la obra. Si así piensan, les animo a leerla. Merece la pena. Solo he traído a colación algunas reflexiones, ciertamente ácidas aunque no menos acertadas, pero hay muchas más. Y con mucho más alcance del que he recogido en esta líneas. Con esos mimbres no creo que sorprenda que, en los casos más extremos, surjan escándalos como los que llenan los espacios de noticias estas últimas semanas. Más vale que no hurguen demasiado, no sea que se multipliquen. Algo se ha hecho mal, muy mal, pero todo el mundo mira hacia otro lado. Quienes hemos estado en el mundo universitario hemos visto, padecido o participado directa o indirectamente (todo hay que reconocerlo) en esa rueda infernal antes descrita o en algunas situaciones en las que la irregularidad (por ser suaves) ha sido pauta accidental de ese “inmaculado” mundo universitario.

Solo cabe esperar que los nuevos profesores universitarios que accedan en los próximos años, una vez que el tapón de unas plantillas envejecidas y acomodadas en esta Universidad “de cartón piedra” les ceda el paso, lean al menos al profesor Emilio Lledó y consigan poco a poco introducir los cambios necesarios que hagan de la Universidad española una institución digna, de espíritu  crítico, interdisciplinar y equiparable a las existentes en la mayor parte de las democracias avanzadas. Si ellos fallan, la institución está perdida. Para ello, no obstante, habrá que esperar. La costra es muy dura y compacta, de larga duración. A pesar de lo que está cayendo, todo el estamento profesoral piensa que nada va con ellos ni con su Universidad, que todos la creen impoluta. Solo una anécdota. Cuestión de perspectiva.

El problema es, sin embargo, muy serio. El autor termina el libro con una cita que sintoniza con las ideas de Tocqueville recogidas en el prólogo de su excelente obra De la democracia en América. No tiene desperdicio: “Es imposible construir y defender una democracia sin ocuparse por elevar la calidad humana e intelectual de los individuos que la integran. Esta tesis no es una simple declaración de principios teóricos. Lo que en ella se enuncia es algo de extraordinaria importancia práctica. La democracia sólo y exclusivamente puede madurar y fructificar conectándola con el único canal de cuyas aguas se nutre: una educación moderna, libre, creadora y solidaria”.

 

HD Joven: La politización de la UAB; carta de un estudiante

Un nombre del que sentirse orgulloso cuando la gente mirase con asombro el diploma de licenciatura que colgaba de la pared del despacho y que acreditaba que te habías formado en tan noble institución. Esa era la idea que muchos teníamos cuando decidimos escoger la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para confiarle la oportunidad de cincelar los pilares que sustentasen el peso de nuestras ideas y pensamientos. Ese por lo menos fue mi caso y me atrevería a afirmar que también el de muchos de mis compañeros que finalmente decidieron decantarse por la autónoma de Barcelona en vez de por otra.  Los motivos que hicieron que la escogiese fueron varios. Sabía que la UAB se encontraba entre las 200 mejores universidades del mundo según los principales ránquines de universidades, concediéndole la categoría de “Campus de excelencia internacional”. También era consciente de que por esa casa habían pasado grandes personalidades como Jordi Évole, Eduardo Mendoza, Javier Sardà, entre otros, y aspiraba, inocente como si de un deseo a los Reyes se tratase, conseguir lo que ellos habían logrado. Pensaba que estudiar donde ellos lo habían hecho, respirando el mismo aire, mientras leía los mismos libros que habían tenido entre sus manos me ayudaría a lograrlo.

La universidad siempre había sido un espacio de formación, donde se nos debía dotar a las personas de los conocimientos necesarios para poder crear nuestra propia opinión sobre las cosas. Esta era una idea que aparentemente estaba generalizada y que le venía a uno a la cabeza cuando pensaba en la universidad. Una institución donde regía la libre confrontación de ideas y el pensamiento crítico, siempre con respeto y tolerancia hacia los demás. En definitiva, un lugar de concordia y fraternidad al que se le tenía muchos respeto y admiración gracias a la neutralidad política que regía todas sus decisiones y que resistían a las injerencias políticas exteriores.

Pero parece ser que esa idea de universidad ha cambiado, hecho que no se entiende sin tener cuenta el momento político-social tan convulso y difícil que estamos viviendo en Cataluña y en el resto de España en la que se están poniendo en jaque muchos de los cimientos que hasta este momento estructuraban y daban sentido a nuestra manera de ver y entender las cosas: el Estado de Derecho, la Democracia y también los fines de las universidades. La UAB comandada por la rectora Margarita Arboix ha decidido virar el rumbo y respirar nuevos aires. Ha optado, en nombre de todos los miembros de la comunidad de estudiantes, profesores, integrantes de la administración e incluso personal de mantenimiento, posicionarse políticamente y dar apoyo a aquellos que quieren y desean, ya no solo el referéndum de secesión ilegal en Cataluña, sino también la independencia. Una práctica que vulnera claramente la neutralidad política que debe regir toda institución educativa, y más si es pública, como sucede con la autónoma, puesto que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos. Muchos son los hechos que evidencian esta deriva hacia el independentismo. Veamos algunos ejemplos.

El gobierno de la autónoma lleva mucho tiempo dejando de lado a sus estudiantes. Decidió hacerlo cuando el pasado 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno de la UAB aprobó adherirse al Pacto Nacional por el referéndum, como si todos los miembros de la comunidad universitaria a los que representa fuésemos partidarios de la opción independentista.  

Por otro lado, están las huelgas convocadas para dar apoyo al proceso nacionalista catalán. Son ya siete las que se han convocado  en lo que llevamos de trimestre. Todas ellas secundadas, como no, por los colectivos independentistas de estudiantes o falsamente llamados “sindicatos de estudiantes”. La dirección de la universidad ha puesto todas las facilidades para que el seguimiento de las mismas sea efectivo y no puedan impartirse las clases a las que los alumnos tenemos derecho. Así se demuestra cuando se permite a los “huelguistas” dormir en la Facultad de Letras con todos los gastos incluidos corriendo a cargo del contribuyente, para así al día siguiente poder estar a primera hora de la mañana perpetrados detrás de las barricadas hechas con el mobiliario universitario. Es ahí cuando la imparcialidad de la universidad se lleva a su máxima expresión y te sientes totalmente desprotegido por aquél que debe garantizar tus derechos. No entiendes por qué la opinión política del piquete que tienes enfrente, que se enmascara bajo la noción de derecho, ha de prevalecer sobre el derecho que has adquirido pagando una considerable ingesta cantidad de dinero. Y luego, nuestra rectora tiene la osadía de declarar en una entrevista  conjunta con el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, en el periódico el País que “las Universidades no deben posicionarse políticamente”.

La complicidad no se queda ahí, sino que al día siguiente de las hueglas, cuando el equipo de gobierno emite su respectivo comunicado sobre el seguimiento de las mismas, obvia datos tan significativos como los enfrentamientos entre alumnos que ha habido, los insultos y coacciones que hemos sufrido aquellos que queríamos ir a clase. O, por ejemplo, las constantes interrupciones de las clases repletas de “esquiroles” por los piquetes, obligando a los estudiantes a tener que dar por finalizada su clase teniendo que salir del aula con la cabeza gacha escuchando de fondo los cánticos y vítores de los vencedores. Todo ello bajo la complicidad del rectorado que, a sabiendas, ha permitido que todo ello suceda, excusándose en que ha hecho todo lo que estaba en su mano al enviar a un par de vigilantes para poner orden. Como si el grupo de 30 radicales, con palo en mano, fuesen a entrar en razón con dos miembros de la seguridad el campus.

El último de los gestos de “imparcialidad” se ejecutó el pasado 22 de noviembre por parte del Claustro de la Universidad -órgano de máxima representación de la comunidad universitaria que debate las líneas generales de actuación de la Universidad-. Dicho órgano emitió una declaración “exigiendo la inmediata puesta en libertad de los diferentes políticos detenidos”, que están detenidos, no lo olvidemos, por saltarse la ley vigente en nuestro país. Además, en el comunicado apelaban al vínculo de los detenidos con la universidad (algunas de las cuales están o han estado vinculadas a nuestra universidad”), como si el hecho de formar parte de una u otra institución te exime del cumplimiento de la ley. En definitiva, decidió actuar extralimitándose de sus propias competencias, por las cuales existe, e interferir en las decisiones judiciales. Algo impropio en una sociedad seria donde se respete el Estado de Derecho.

Como alumno de la Autónoma me entristece mucho ver como mi universidad es noticia, no por sus logros académicos, sino por las declaraciones de su máxima responsable en un programa de televisión de máxima audiencia, donde buscaba desmentir las denuncias de un grupo de estudiantes de su universidad que declaraban vivir en una constante persecución ideológica en su campus bajo la despreocupación y complicidad de aquél que debe gobernar para el mejor funcionamiento de la universidad. Me sabe mal, también, por todos aquellos profesores que están poniendo todos su empeño y dedicación en trabajar, investigar y enseñar con la idea de dejar en un buen lugar a la institución para la que trabajan. Algunos lectores que lean este artículo me tacharán de atacar el prestigio de la Universidad logrado, precisamente, por esa labor docente e investigadora, poniendo en riesgo el duro trabajo que muchos llevan cultivando. A ellos me dirijo, y les digo que, precisamente, escribo este artículo para proteger esa laboral tan importante que hacen. No se merecen ver como su universidad está secuestrada por la intolerancia de unos y la complicidad de otros. Nos merecemos una universidad plural que respete la libertad de todos sus integrantes.

Quiero poder sentirme orgullo de esta mi universidad. Quiero poder escribir sobre sus virtudes y de por qué es un buen centro universitario, convenciéndoles de lo acertada que sería su decisión si decidiesen matricularse en ella. Pero me cuesta mucho hacerlo cuando aquél que debe gobernar para todos sus alumnos decide hacerlo sólo para unos cuantos. Confío en que el alumnado, que siente la misma decepción y enfado que siento yo ahora al escribir estas líneas, decida, dentro de sus posibilidades, denunciar esta opción partidista por la que ha optado la universidad.  Espero y deseo que la deriva que ha tomado el equipo de gobierno acabe redirigiéndose hacia el buen rumbo donde se encuentra la excelencia. Porque para ser una universidad de excelencia no basta con desearlo. Sin libertad y neutralidad institucional, esa excelencia no puede conseguirse. Creo en una universidad de todos y para todos.

La docencia del Derecho Constitucional en Cataluña (I)

 “Está fuera de discusión que o bien la Constitución controla cualquier Ley contraria a ella, o bien el Legislativo puede alterar la Constitución a través de una Ley ordinaria (…) Entre tales alternativas no hay término medio posible: O la Constitución es una Ley superior y suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efectos siempre que el Legislativo le plazca (…) Si es cierta la primera alternativa, entonces una Ley contraria a la Constitución no es Ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las Constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitado por naturaleza” (Sentencia “Marbury versus Madison” del Tribunal Supremo de Estados Unidos 1803)

 “Nunca prestamos suficiente atención a los primeros síntomas de una tiranía porque una vez que ha crecido hasta cierto punto, ya no se la puede detener” (Madame de Staël, Consideraciones sobre la Revolución francesa, Arpa, Barcelona, 2017, p. 498)

Abundan en estos últimos tiempos convulsos diferentes testimonios sobre la situación en Cataluña y los efectos personales que ese particular contexto genera. Una de las declaraciones que más me han conmovido es la del Magistrado Luís Rodríguez, con el que compartí docencia en la Escuela Judicial de Barcelona hace muchos años, quien, ante el tenor lúgubre de la deriva del proceso independentista y el desamparo, incluso las coacciones que comienza a sufrir el poder judicial, afirmó valientemente al diario El País que no nos dejarán otra opción: “Traición o exilio”.

En esta escueta frase está condensada la (aparente) debilidad del Poder Judicial (de la que hablara Hamilton en El Federalista) que no disponía (según ese autor) ni de la “bolsa” (presupuesto o capacidad de fijar las reglas de juego “de acuerdo a la Constitución”) ni de la “fuerza”. Y que, por tanto, carente de esta última, sus resoluciones se transforman fácilmente en platónicas y la Constitución en una barrera de pergamino. Cuando el Estado es impotente para aplicar sus propias decisiones, la fuerza coactiva legítima del Derecho se desinfla. Y en esas circunstancias el abismo revolucionario (sí, sí, revolucionario) se asoma, por muy postmoderna y de la era de la postverdad que sea la insurrección institucional contra el ordenamiento constitucional que ha tomado cuerpo en ese territorio antes citado.

En esta entrada quiero aportar mi propio testimonio personal, pero limitado solo a mi actividad (residual en estos momentos) de profesor universitario que acude semanalmente a Barcelona desde el País Vasco a impartir una asignatura enunciada como Organización Constitucional del Estado en el Grado de Filosofía, Política y Economía, organizado conjuntamente por las Universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Autónoma de Madrid. Para entender bien lo que sigue deben ser ustedes conscientes que el alumnado al que imparto docencia (algo más de 60 estudiantes) procede por mitades de Cataluña y del resto de España. Eso impone prudencia, lo que no debe impedir firmeza argumental. Tampoco equidistancia. Ya no existe, menos en estos temas.

Son estos alumnos personas con muy buenos expedientes académicos en sus estudios de bachillerato y con excelente nota de corte en las pruebas de selectividad, de los que desconozco aún su forma de pensar (solo he tenido con ellos una sesión de dos horas), pero que intuyo (como viejo profesor con algo de olfato y larga experiencia) que proceden de todos los rincones ideológicos del mapa político. Solo con verlos ya me hago una idea. Habrá, sin duda, un buen número que comulgarán o tendrán simpatías con el independentismo catalán, habrá algunos otros catalanes con sentido de pertenencia múltiple (algo que cotiza a la baja en una sociedad dramáticamente dividida), también existirá entre ellos un número importante de estudiantes españoles de ideología liberal, socialdemócrata o izquierdista, así como, por qué no, algunos con posiciones ideológicas más extremas tanto por un lado como por otro. Probablemente ahora (con la que está cayendo y la que se espera) estén más polarizados, pero eso (con mayor o menor intensidad) ha sido el tono común en estos cinco últimos cursos académicos que vengo impartiendo esta asignatura. Y los debates siempre han sido serenos y razonados. Son personas (o, al menos se les presume) educadas y con ganas de aprender. Aunque siempre habrá alguien que rompa el tono.

Como les dije a estos alumnos el primer día de clase (un difícil día 2-O a las 9 de la mañana, tras la compleja jornada del 1-O), explicar Organización Constitucional del Estado en ese contexto y en ese país se había convertido en algo esotérico o, peor aún, surrealista. No hice más referencias directas al problema de fondo. En un grado universitario que pretende formar a profesionales de élite –añadí únicamente- no se puede trabajar con conceptos de bisutería político-constitucional barata (que tanto abundan hoy en día), sino que cabe llevar a cabo esfuerzos (y muchas lecturas) que ayuden a comprender por qué las democracias avanzadas que disponen de sistemas constitucionales asentados y estables han tenido y tienen pleno respeto a sus instituciones, que miman constantemente.

A ninguna de esas sociedades avanzadas –algunas de ellas reconstituidas tras desgarradoras experiencias históricas anteriores que les condujeron, como decía Kershaw, al descenso a los infiernos- se les ocurre quebrantar unilateralmente las reglas de juego que se dieron con mayor o menor consenso en un determinado momento histórico. En esta idea trasluce una de las cuestiones más apasionantes del proceso constitucional en cualquier país y en cualquier tiempo histórico. Y que no es otra sobre cómo adaptar los textos constitucionales a las exigencias de cada momento histórico y a las diferentes (y razonables) expectativas de las generaciones venideras. Para eso la lectura del libro de Zagrebelsky Historia y Constitución es obligada. Y en todo ello, en lo que afecta a nuestra impotencia como país para adaptar las Constituciones a la realidad del momento, el suspenso que recibimos es clamoroso.

En fin, se trata de discernir si las Constituciones son de los “muertos” o de los “vivos”, simplificando las cosas. O preguntarse en cambio si realmente tienen propietario o no son realmente una preciada herencia que, con las adaptaciones pertinentes y de mayor o menor profundidad, debería preservarse. Las soluciones se dividen en esta encrucijada. Los ricos y profundos debates del primer liberalismo constitucional que se produjeron entre Jefferson y Hamilton o entre Burke y Paine, son (así se lo recomendaré) de necesaria lectura en estos momentos para comprender porqué las Constituciones (como instrumentos vivos, que deben ser) han de adaptarse adecuadamente a cada realidad histórica. Adaptación que debe producirse por sus mecanismos ordinarios de revisión o a través de relecturas contextuales de sus contenidos, a riesgo si no de que la Constitución termine convirtiéndose –como recordó Tocqueville- en una suerte de camisa de fuerza que haga saltar por los aires la sociedad y el sistema institucional constituido. Donde no hay adaptación de los textos constitucionales, surge con fuerza también el adanismo constitucional, siempre presente en las democracias inmaduras que parecen hallar la solución mágica a sus problemas estructurales tejiendo y destejiendo constituciones (de partido o partidos, siempre sectarias o excluyentes) que duran lo que el entusiasmo (emoción precaria donde las haya, como decía Emerson) dure. También es este un país donde las soluciones taumatúrgicas de los adanes constitucionales (que abundan por doquier) se venden en el mercado político de todo a un euro. Y nada es gratis, menos estas cosas.

Sí que les advertí que tendríamos un curso muy complicado, probablemente con muchas interrupciones (por convocatorias de huelga) y no poca tensión en la calle que se trasladaría con facilidad a las aulas universitarias. Cuando las emociones derivan en pasiones irrefrenables, hay que recordar las prevenciones que frente a estas últimas mostraba tanto Spinoza como, más recientemente, Compte-Spontville, seguidor de aquel y del preclaro filósofo Alain, que asimismo conviene leer en estos momentos de zozobra. Decía este autor, por ejemplo, algo muy sensato: “Hay que repetir que todos los abusos son secretos y viven del secreto”. En la (mentirosa) sociedad de la transparencia, los arcana emergen con fuerza política inusitada. Paradojas.

Con el tiempo (si es que lo tenemos o nos dejan las circunstancias) convendrá recordar que los quebrantamientos constitucionales pueden acabar fácilmente en medidas de excepción (están ya en el ambiente), y eso hace saltar por los aires los escasos espacios de entendimiento que en cualquier sociedad puedan existir. La normalidad constitucional es la regla, las medidas de excepción se definen por su propio enunciado. Pero, en no pocos momentos, la excepción se transforma en regla, como advirtió inteligentemente el filósofo Agamben: la excepción debe ser temporal, por definición (“estar fuera y, no obstante, pertenecer; esta es la estructura topológica del estado de excepción”, según ese autor). La defensa de la Constitución no tiene ideados otros medios cuando se ve en riesgo evidente de ser arrumbada, ya sea por atentados terroristas (piénsese en los casos recientes de Estados Unidos o Francia, así como las medidas del Reino Unido tiempo ha en el Ulster) o cuando pueda verse afectada la quiebra del ordenamiento jurídico o la unidad territorial.

Bien es cierto, que en esta era de postmodernidad y de revolución digitalizada hay autores como Buyng-Chul Han que consideran en total desuso esas soluciones excepcionales pretendidamente taumatúrgicas, pues la sutilidad de los medios de coacción (o de alienación) van por otros derroteros (y algo de eso estamos viendo últimamente). En la opinión de este autor, las situaciones de excepción ya no son recetas aplicables. La idea siempre recordada de Carl Schmitt (“soberano es quien decide el estado de excepción”), parece ponerse en entredicho en la sociedad digitalizada, sobre todo en aquellos casos en que el Estado carece de fuerza coactiva (o la ley pierde fuerza; esto es, eficacia y capacidad de obligar) o simplemente no puede ejercerla ante una revolución social o masa ingente que desactiva su uso o que, mal gestionado ese poder de coacción física legítima (Weber), salta a las retinas de miles de millones de ciudadanos a través del poder de las imágenes en la sociedad globalizada de Internet y de las redes sociales. El uso de la fuerza legítima del Estado Constitucional está, hoy en día, sometido a unos test de escrutinio desconocidos (incluso a unas manipulaciones) que no encuentran parangón en otros momentos históricos. No es la transparencia, es más bien la instantaneidad. El poder no puede prescindir de ello, salvo que sea estúpido. Que también lo hay.

Comenté igualmente aquel día que, ante el recelo que una asignatura así denominada levanta entre un alumnado inquieto por la filosofía o por la política o, incluso, por la economía (pues para ninguno de ellos el Derecho resulta inicialmente algo atractivo), era importante que vieran cómo lo que está pasando en estos momentos en nuestro país (o “en el suyo”, depende quien sea el destinatario del mensaje) tiene explicaciones cabales (cuando no reiteraciones) en otros acontecimientos históricos político-constitucionales que se han sido sucediendo a lo largo de los tres últimos siglos. Lo dijo magistralmente Tocqueville, “la historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias”.

En esa primera clase, un día tan difícil y en un momento tan complejo, ya dibujé algunos temas que irán saliendo en las sesiones venideras, siempre que la Facultad no se cierre a cal y canto y se interrumpa bruscamente (como exigencia del “contexto”) la transmisión de la arquitectura básica conceptual con la que esos ciudadanos en formación (que son quienes deberán arreglar lo que nuestras generaciones están mostrándose impotentes e incapaces para hacerlo) puedan así reflexionar inteligentemente sobre los temas del presente a la luz de las experiencias del pasado. Sin un marco conceptual sólido previo –subrayé- no hay lenguaje común. Y sin él, no se debate, se vocifera o se atropella. Con eslóganes fáciles se crean alineamientos estériles fuertemente cerrados que nada permean; propios de redes sociales que incrementan los muros e incomunican a la sociedad civil en bandas rivales.

La democracia, en esencia, es pleno respeto a los procedimientos (reglas) y a la deliberación pública. Las formas y la publicidad fueron dos grandes avances de las revoluciones liberales. La dignidad democrática de la Ley no es solo su modo de votación, sino que el Parlamento, de donde nace, es sobre todo un órgano de deliberación pública y transparente. La ley se cualifica por su procedimiento deliberativo y contradictorio, sin esos cauces no pueden nunca democráticamente aprobarse leyes transcendentales para la vida en común, menos aún si son tramitadas como lettres de cachet y sin ningún proceso deliberativo real y efectivo, así como quebrando (escudados en una legitimidad schmittiana) las reglas de la legalidad constitucional/estatutaria. La democracia, como recordó Kelsen (ahora enterrado en cal viva por algunos), también es protección de las minorías. Jefferson lo expuso mucho antes de modo diáfano –también les recordé: “ciento setenta y tres déspotas (los miembros de una asamblea parlamentaria o una mayoría circunstancial) serían tan opresores como uno solo”.

La ventaja que tengo es, sin duda, que esta asignatura se imparte en un grado universitario no jurídico. Y, por tanto, me permite un enfoque heterodoxo que arranca de la construcción del constitucionalismo liberal contemporáneo en lo que son los tres modelos que han terminado por servir de patrón a cualquier otra experiencia constitucional más reciente en el mundo civilizado, así como abordo en grandes rasgos su evolución posterior hasta nuestros días (enfoque que lo apoyo en el libro que publiqué en 2016 Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons/IVAP). Ese enfoque es perfectamente aplicable a la Constitución española de 1978 (que, dada su tardía aprobación, apenas nada añade a lo que ya había) y, en su caso, a cualquier otra que pueda emerger en el futuro. Les indiqué con claridad que prácticamente todo estaba inventado (una mentira piadosa), sobre todo si se quieren construir o edificar sistemas constitucionales homologables con los existentes en las democracias avanzadas.

Y también cabrá recordarles en un futuro, aunque alguna idea avancé, que todo sistema constitucional democrático se asienta sobre una serie de premisas. Por salir del Derecho, para luego entrar en él más fácilmente, recurrí a un politólogo afamado como es Fukuyama. En su reciente y monumental obra en dos tomos (Los orígenes del orden político y Orden y decadencia de la política, Deusto, 2016), el autor sitúa el foco de atención en la importancia que tienen las instituciones para edificar un Estado democrático, así como en la necesidad de que ese modelo atienda a tres tipos de premisa: a) Estado o Administración impersonal; Principio de legalidad (Rule of Law o Estado de Derecho); y Gobierno responsable (control del poder).

Estas son, en efecto, los tres pilares en los que descansa el Estado Constitucional democrático, pero lo importante es que no se pueden diseccionar o elegir solo uno de ellos. El Estado Constitucional no es un supermercado, donde se eligen los productos que en cada coyuntura interesan. No cabe hacer juegos de manos. La prestidigitación constitucional solo es una manifestación de hacer trampas en el solitario. La arquitectura constitucional democrática es una estructura que no admite elegir solo una de esas premisas en función de conveniencias políticas circunstanciales (democracia o soberanía parlamentaria, por ejemplo), con exclusión de las demás. O el Estado y los poderes públicos suman todas ellas o no supera los estándares de democracia constitucional. Y lo demás es mentira. Se vista como se vista: como soberanía del Parlamento o como democracia de top manta.

La Administración impersonal es una invocación expresa al principio de mérito y una (voluntad firme de) erradicación del clientelismo y la corrupción. Arrumbar el Estado patrimonial no es fácil. Se ha tardado siglos en no pocos países. Tampoco erradicar o controlar la corrupción es tarea fácil, menos aún cuando se está ayuno de valores. Algunas democracias avanzadas tardaron mucho en poner coto a una corrupción galopante (por ejemplo, Estados Unidos). Sin Administración impersonal no hay Estado democrático que se precie. Este estándar es importante, quien no lo acredite muere, no tiene futuro. El principio de mérito, en sus dimensiones meramente formales, no es válido. Sigue siendo trampa. Lo importante es la dimensión material, la efectividad. Si se hace aguas en esto, como así es en España (especialmente en algunas administraciones autonómicas y en buena parte de los gobiernos locales), nada se avanza. Pero más lo es (en términos comparativos), siento decirlo, en el territorio catalán; donde el clientelismo político (y lo conozco de buena fuente) ha sido y es una forma habitual de hacer en el sector público autonómico y local (con excepciones muy singulares). Analicen, si no, cómo se han reclutado la legión de interinos que pueblan algunas “estructuras de Estado” en los años recientes. Y no hablemos de corrupción, puesto que en este caso –salvo algunos territorios del valle del Ebro y del Cantábrico menos afectados por esa lacra, que son la excepción- es un mal endémico de España y también (no lo duden) de Cataluña. Hay una geografía de la corrupción con varios epicentros. Barcelona y Madrid no se escapan como lugares centrales del terremoto.

HD Joven: La Universidad de Barcelona, al servicio del ‘procés’

La semana pasada, la Universidad de Barcelona (UB) se adhirió, con nocturnidad y alevosía, al “Pacto Nacional por el Referéndum”. El Consejo de Gobierno de la UB, aprovechando que sus más de 60.000 estudiantes ya estaban de vacaciones y que el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco copaba los medios de comunicación, decidió plegarse a los intereses de la Generalitat y contribuir a aquello que Salomon Asch definió, desde la psicología social, como “poder de la conformidad en los grupos”.

En la década de los 50, los experimentos de Asch demostraron que la presión de una multitud sobre una cuestión determinada puede acabar causando conformidad en el individuo que disiente. Tan interiorizada se tiene la teoría de control de masas en la Generalitat que ha logrado que la inmensa mayoría de universidades de Cataluña se adhieran a un pacto partidista con el objetivo de demostrar una amplia aceptación social en torno al referéndum.

En el caso de la UB, como en muchas otras universidades, la mancha de dicha adhesión no se podrá borrar hasta que no logremos, como mínimo, echar a los fanáticos que lo han permitido. No me voy a extender demasiado sobre las razones de por qué una Universidad pública no debería haber tomado cartas en el asunto, pero no puedo avanzar sin exponer algunos argumentos fundamentales. Básicamente, cabe citar cuatro cuestiones capitales. En primer lugar, no debería haber tomado parte porque nos encontramos ante una decisión ilegítima puesto que el Consejo de Gobierno de la Universidad se elige por razones académicas, no ideológicas; en segundo lugar, porque se trata de una decisión opaca, tomada a espaldas del alumnado y del resto de la comunidad universitaria; en tercer lugar, porque es una decisión partidista que erosiona las bases de la convivencia en la comunidad; y, en cuarto lugar, porque es una decisión ilegal por quebrantar la neutralidad que debe mantener toda institución pública y que socava, de este modo, la libertad ideológica y el pluralismo político que establece nuestra Constitución y que supone la base de la democracia.

Ciertamente, podríamos dar muchos otros argumentos. Por ejemplo, que dicha decisión atenta contra el prestigio de nuestras universidades. Sin embargo, hace tiempo que las instituciones catalanas, comandadas por el separatismo, perdieron dicho prestigio, rigor y solidez. De hecho, la estratagema nacionalista para otorgar legitimidad social a un referéndum independentista que no la tiene ha pasado ya a la fase de “el fin justifica los medios”. Porque parece que para el gobierno de la Generalitat todo vale si conduce a unos pocos hacia el fin deseado. Sino pregúntenle, por ejemplo, al Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del pueblo), quien también se ha plegado abiertamente al servicio del independentismo y ha expresado públicamente que “le daría vergüenza” formar parte de Societat Civil Catalana, asociación líder en la lucha contra el secesionismo.

No obstante, y aunque el gobierno de Puigdemont trate de taparlo y de mirar hacia otro lado, todo este ‘procés’ infinito provoca daños inconmensurables a la sociedad catalana y española. Los déficits de la empresa nacionalista están dejando ya demasiadas víctimas por el camino. Me atrevería a decir que la peor parte se la están llevando los niños y niñas en las escuelas, puesto que son el futuro de nuestra sociedad. Niños y niñas que han de soportar una campaña tras otra de nacionalización del entorno escolar, amparados únicamente por resoluciones judiciales que -miren por donde- en Cataluña no se respetan, ni obedecen. Niños y niñas que, ante el desprecio nacionalista, han de ser protegidos por sus familias bajo riesgo de escrache por pedir únicamente lo que el derecho les otorga: un modesto, pero fundamental, 25 % de enseñanza también en lengua castellana. Sí, la oficial en su país. Qué extraño, ¿verdad?

Y claro, ahora que tenemos universidades con ideología oficial y con intereses partidistas, ¿en qué papel quedarán aquellos colectivos de estudiantes universitarios cuyo objetivo es el de luchar contra los abusos nacionalistas? ¿A quién pedirán amparo cuándo lo necesiten? ¿A quién solicitarán ayuda cuando la requieran? Véase, de este modo, la aberración de dotar de ideología a una institución pública y el desprestigio que ello supone.

Pero seamos honestos, todo esto de la independencia está confeccionado por un mismo patrón y sigue, por ende, unas mismas premisas. La Universidad de Barcelona, como otras, no es una excepción. Esta adhesión ha vuelto a poner en evidencia dos aspectos fundamentales que hacen que el ‘procés’ resulte, sobre todo, profundamente tóxico e ilegítimo. Es tóxico porque divide, crea bandos confrontados y obliga a posicionarse. Encontramos una muestra de ello en el resultado de la votación para la adhesión, donde únicamente 24 persona, de 50, votaron a favor del Pacto Nacional por el Referéndum. Y es ilegítimo porque se confecciona de arriba a abajo y no dispone de suficiente base social. La adhesión de la UB supone un clarísimo caso puesto que el capricho opaco de una veintena de personas condiciona el devenir de más de 60.000 estudiantes. Como digo, este patrón se repite en muchos otros casos y podríamos citar numerosos ejemplos.

No obstante, lo cierto es que nada de lo que hace el gobierno de la Generalitat está funcionando. La adhesión de la UB al Pacto Nacional por el Referéndum es un burdo intento más de lograr aceptación social, aunque a estas alturas, de las bases independentistas, ya solo se desprende agotamiento. La población está más hastiada que nunca. Las dificultades para comprar urnas de verdad (no de cartón) son descomunales, el pulso con el Gobierno central parece extenuante, las dimisiones internas hacen mella, las purgas le dan un toque autoritario y fascistoide y la desconfianza entre los socios de gobierno crispa a las bases independentistas, que son quienes han bebido de esa fuente de progreso, bienestar, libertad y riqueza que supuestamente significa la independencia. A todo lo anterior habría que sumarle la falta de garantías y los escasos y dudosos apoyos internacionales que ha recibido el ‘procés’.

En definitiva, apuesto a que el 1 de octubre no habrá referéndum. No obstante, espero que un ‘procés’ como el vivido, un proceso ilegal, opaco e ilegítimo, impulsado con nocturnidad y alevosía, no salga gratuito. Espero que después de este dantesco espectáculo no se vayan de rositas, porque muchos catalanes, cuando todo acabe, habremos pagado un precio muy alto.

Implicaciones económicas de la falta de innovación en la academia jurídica española

  1. El impacto del Derecho en la promoción del crecimiento económico

El Derecho no sólo constituye un instrumento de tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos sino también un poderoso mecanismo para la promoción del crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo. A modo de ejemplo, la responsabilidad limitada de las sociedades permitió que pudieran aglutinarse las grandes cifras de capital que contribuyeron al desarrollo de la Revolución Industrial, y en la actualidad incentiva el emprendimiento, la innovación, la financiación de empresas y el desarrollo de los mercados de capitales. La existencia de patentes ha permitido incentivar el desarrollo tecnológico. Las condiciones generales de la contratación han permitido que los individuos puedan disfrutar de una multitud de bienes y servicios sin la necesidad de asumir los costes económicos y temporales derivados de negociar individualmente los contratos. La existencia de un Derecho de sociedades ha permitido facilitar la celebración de transacciones económicas voluntarias al poner a disposición de los operadores económicos un nexo común de imputación de derechos y obligaciones tan eficiente como la sociedad de capital, y, por otro, facilitar una serie de “soluciones tipo” de carácter dispositivo o, excepcionalmente, soluciones imperativas que no sólo permite a las partes regular, a un menor coste, las posibles eventualidades que pudieran surgir en la vida social sino también reducir los posibles conflictos que pueden surgir entre administradores y socios, entre los propios socios, o entre la sociedad y terceros (principalmente acreedores).

  1. La falta de innovación en la academia jurídica española

Sin embargo, para que el Derecho pueda contribuir a la mejora del bienestar colectivo, se exige que las investigaciones jurídicas supongan un avance en el estado de la ciencia. Por tanto, se exige que los trabajos realizados por los investigadores del Derecho no sólo describan o reproduzcan la doctrina, la jurisprudencia o los textos legales vigentes, sino que también aporten algo nuevo al debate científico internacional o, como mínimo, local.

Desgraciadamente, como ha puesto de manifiesto un magnífico trabajo elaborado por el profesor Gabriel Doménech, la ciencia jurídica española es muy poco innovadora. Salvo contadas excepciones, la mayor parte de los trabajos de investigación jurídica en España se limitan a describir, con mayor o menor rigor, los textos legales (españoles o, en ocasiones, extranjeros), las opiniones doctrinales (principalmente locales) o la jurisprudencia existente sobre una determinada materia.

Numerosos factores provocan esta falta de innovación en la academia jurídica española. En primer lugar, el proceso de innovación exige una profunda inversión en conocer la legislación y la jurisprudencia local, así como la literatura nacional, internacional y de otras disciplinas con potencial impacto en el Derecho. Además, si no se conocen las aportaciones (jurídicas o no jurídicas) que se están realizando en el debate internacional, se produce un efecto perverso en el sistema: se reduce el “universo” del conocimiento absoluto para el investigador (esto es, el investigador piensa que el conocimiento absoluto es mucho menor que el que realmente existe en su propia disciplina) y, por tanto, se incrementa la percepción subjetiva de conocimiento por parte de los investigadores. En otras palabras, esta falta de conocimiento de la literatura jurídica internacional o de la literatura de otras disciplinas con potencial impacto en el diseño y aplicación de las leyes provoca que los investigadores de una determinada disciplina (en este caso, el Derecho) se sientan más “expertos” en sus respectivas áreas de investigación. Por tanto, resultará racional que un “experto” no necesite invertir tanto en conocimiento.

Asimismo, el sistema español tampoco incentiva la realización de contribuciones novedosas. Por un lado, las acreditaciones universitarias valoran de la misma manera una publicación descriptiva o una publicación novedosa. Por otro lado, existe una falta de crítica en la ciencia jurídica española, y las revistas “científicas” de Derecho en España no suelen  rechazar publicaciones meramente descriptivas. Finalmente, conviene tener en cuenta que las publicaciones descriptivas suelen resultar de mayor utilidad para los operadores jurídicos (principalmente, abogados y jueces) y para los estudiantes de Derecho. Por tanto, los académicos españoles tienen mayores incentivos a realizar publicaciones descriptivas, en la medida en que estas publicaciones les pueden generar un mayor prestigio, reconocimiento, trabajo y rendimientos económicos (por ejemplo, siendo contratados para la realización de dictámenes o para formar parte de algún despacho de abogados en calidad de consultores o consejeros académicos).

Finalmente, una vez realizada la enorme inversión en tiempo, conocimiento e idiomas que supone llegar a conocer los trabajos y metodologías existentes en la literatura local e internacional, el proceso de innovación requiere una segunda etapa en la que el investigador realice un análisis crítico de las ideas adquiridas. En primer lugar, este análisis crítico debe comprender un análisis funcional de las normas e instituciones jurídicas, esto es: (i) el investigador debe explicar de manera crítica por qué existen (si es que deben existir) estas instituciones jurídicas en un determinado país; y (ii) seguidamente, debe analizar el problema que se pretende resolver o el resultado que se pretende alcanzar.

En segundo lugar, el investigador debe realizar un análisis económico de las normas, esto es: (i) debe analizar el previsible impacto de las normas en el comportamiento de los individuos; (ii)  debe examinar el posible impacto de sus propuestas y soluciones en el bienestar general de los ciudadanos (que dependerá fundamentalmente del impacto que las normas o propuestas puedan tener en el comportamiento de los individuos); y (iii) debe examinar si existirían alternativas económicamente más deseables (esto es, que ocasionen un nivel de bienestar general mayor) para resolver el mismo problema y/o alcanzar el mismo resultado que pretende conseguir la norma.

En tercer lugar, y siempre que resulte posible, el investigador del Derecho también debe realizar un análisis empírico de las normas que ayude a enjuiciar, de manera objetiva y ex post, si se han conseguido los resultados esperados. De esta manera, podrán evaluarse las posibles desviaciones y, en consecuencia, orientar la posible regulación en uno u otro sentido.

Finalmente, el investigador del Derecho también debe intentar realizar un análisis multidisciplinar de los problemas e instituciones jurídicas que no sólo incluya, como se ha comentado, estudios y herramientas importadas de la literatura económica, sino también de otras ciencias sociales como la psicología o la sociología. Al fin y al cabo, si el Derecho pretende ser un instrumento de ordenación social que, en última instancia, contribuya a la mejora del bienestar de los ciudadanos, resulta ilógico que, a la hora de realizar, estudiar o proponer “derecho”, no se examine la forma en que se comportan (o previsiblemente se comporten) los individuos, que es algo que conocemos, precisamente, gracias a la economía, la psicología, la sociología y a los estudios empíricos.

Como consecuencia de los numerosos costes temporales, formativos y de oportunidad que exige el proceso de innovación jurídica, unida a la mayor “retribución” que reciben en el mercado jurídico español las publicaciones descriptivas, parece racional que, salvo que exista –como debería– un deber moral de contribuir a la mejora y modernización del Derecho y las instituciones, los investigadores de Derecho en España no realicen contribuciones novedosas.

  1. Los perjuicios económicos derivados de la falta de innovación en la ciencia jurídica española

La falta de innovación en la academia jurídica española impide o, cuanto menos, dificulta que se creen los debates, las presiones sociales y las propuestas necesarias para promover una mejora de las leyes e instituciones que, en última instancia, pueda suponer una mejora del bienestar colectivo. Además, el problema de la falta de innovación en la academia jurídica en España resulta todavía más preocupante que en otros países de nuestro entorno por varios motivos. En primer lugar, la academia jurídica española tiene una poderosa influencia en el diseño legislativo (sobre todo, en materias civiles y mercantiles), como consecuencia de la existencia de la Comisión General de Codificación (que es un órgano inexistente en otros países de nuestro entorno, que, creemos que con mayor acierto, prefieren optar por crear comisiones de expertos ad hoc). En segundo lugar, y aunque este aspecto resulta aplicable a otros países de nuestro entorno, la academia jurídica también influencia enormemente la aplicación de las leyes, en la medida en que los trabajos de los académicos españoles afectan a la formación y/u opinión de jueces, abogados, notarios, registradores y otros profesionales jurídicos. Finalmente, motivos históricos, lingüísticos y culturales provoca que la academia jurídica española haya afectado al diseño y aplicación de las leyes en otros países (principalmente, América Latina). Por tanto, el daño provocado por la falta de innovación en la academia jurídica española ha excedido nuestras propias fronteras.

Habida cuenta de la enorme influencia y responsabilidad que tiene la academia jurídica española en el diseño y aplicación de las leyes, y, en consecuencia, en la promoción del crecimiento económico, resulta inadmisible que, como parte del trabajo de un investigador del Derecho (como, se supone, son los profesores de Universidad o los estudiantes de doctorado), no se exija la elaboración de contribuciones novedosas al debate científico (ya sea internacional o, al menos, local). Es decir, contribuciones que vayan más allá de la mera descripción o comentario de un texto legal o de las opiniones de otros autores.

De existir un mayor grado de innovación en la academia jurídica española, se evitarían, a modo de ejemplo, los perjuicios económicos derivados de no contar, entre otros aspectos: (i) con una normativa concursal eficiente y atractiva para deudores y acreedores, que favorezca la reorganización de empresas viables en situación de insolvencia, la rápida liquidación de empresas inviables, y la maximización del grado de satisfacción de los acreedores, con el consecuente beneficio para el acceso al crédito, la financiación de proyectos de inversión y la generación de trabajo, riqueza y bienestar social; (ii) con una normativa moderna y eficiente sobre préstamo responsable, información crediticia y ficheros de solvencia, que no sólo permita reducir el endeudamiento irresponsable de particulares y empresas, sino también abaratar el acceso al crédito de los buenos pagadores; (iii) con una legislación mercantil más razonable y eficiente en materia de obligaciones contables de empresarios individuales que incentive el emprendimiento y la inversión; (iv) con una normativa moderna y efectiva de protección de consumidores que no sólo evite los abusos potencialmente cometidos por contrapartes con mayor poder de negociación o mayor nivel de información que los consumidores, sino que también permita minimizar los daños ocasionados por los posibles sesgos cognitivos en que pueden incurrir los consumidores en su toma de decisiones (conocidos principalmente gracias a los avances de la psicología y la economía conductual); (v) con un efectivo régimen de segunda oportunidad para el deudor persona natural que demuestra ser honesto y diligente pero desafortunado (que no fue una cuestión ampliamente debatida por la doctrina jurídica española hasta los recientes trabajos de la profesora Matilde Cuena); o (vi) con una moderna normativa de garantías mobiliarias (que, con contadas excepciones, como pudieran ser los trabajos del profesor José María Miquel o de la profesora Teresa Rodríguez de las Heras, tampoco parece haber preocupado a la doctrina jurídica española), que podría mejorar tanto el acceso al crédito de particulares y empresas (al incrementar las garantías potencialmente ofrecidas a los acreedores) como el grado de innovación de las empresas españolas, en la medida en que se reducirían los incentivos actualmente existentes para sobre-invertir en activos inmobiliarios (que resultan más fácilmente dados en garantía).

  1. Conclusiones

La falta de innovación en la academia jurídica española no resulta una cuestión baladí. En la medida en que la academia tiene una enorme influencia en el diseño y aplicación de las leyes, esta falta de innovación puede perjudicar el crecimiento, competitividad e innovación de la economía española. Por tanto, partiendo de los trabajos y propuestas existentes en materia de reforma universitaria, así como las líneas generales que han sido sugeridas para paliar la falta de innovación de la academia jurídica española, creemos que debería producirse un profundo cambio de paradigma en la forma de entender y realizar investigación jurídica en España. De lo contrario, difícilmente se podrá contribuir a la mejora y modernización de las leyes y las instituciones, y, con ello, a la mejora del bienestar colectivo, que es (o debería ser) el objetivo último del investigador del Derecho.

HD Joven: Cataluña (I): Contra la mordaza independentista en la Universidad (UAB)

(Ilustración: Javier Ramos)

En una de las obras de Elisabeth Noelle-Neumann, quien fue politóloga alemana experta sobre la percepción de la opinión pública, encontramos un pasaje que dice así: “Poco antes de las elecciones al Parlamento Federal de septiembre de 1976, aparecieron en las encuestas de Allensbach (Alemania) dos preguntas del siguiente tipo. Una decía «Aquí tiene un dibujo de un coche con la rueda pinchada. En la ventanilla trasera derecha hay una pegatina de un partido político, pero usted no puede leer de qué partido se trata. ¿Con pegatinas de qué partido cree que se corre un riesgo mayor de que a uno le pinchen las ruedas?» Los que respondieron distinguieron tajantemente, afirmando que sería el partido cristianodemócrata quien sufría mayor peligro por llevar el adhesivo”. Para entonces, en la encuesta, se perseguía un objetivo muy concreto a la vez que complejo: determinar si los ciudadanos podían percibir la opinión pública y lograr averiguar qué puntos de vista e ideologías aislaban a las personas, implementando, de este modo, una espiral de silencio.

Temor a ruedas pinchadas, carteles arrancados, banderas rajadas y quemadas, estudiantes coaccionados, carpas boicoteadas, etc. es el precio a pagar en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por tratar de discrepar públicamente (aquí). Pero si esto sucede, se articula con un claro objetivo, aunque tiene múltiples causas. El fin último de los violentos es el de avivar la espiral del silencio con tal de enmudecer las voces críticas que intentan exponer alternativas a la opinión pública. Sin embargo, esta acción tiene muchos riesgos. Exponerse a este ejercicio demuestra que se pueden sufrir incomodidades, peligros y grandes amenazas cuando el clima de opinión está en contra de las ideas que en el colectivo de Joves de Societat Civil Catalana (JSCC) tratamos de introducir.

El jurista alemán Rudolph Von Lhering en su ensayo La finalidad en el Derecho expuso que la desaprobación que castigaba a alguien que se apartaba de la opinión mayoritaria no tenía el carácter racional de la desaprobación debido a una conclusión lógicamente incorrecta. Más bien se manifestaba como la reacción práctica de la comunidad, consciente o inconsciente, ante la lesión de sus intereses, una defensa para la propia protección. Este es el motivo por el cual la opinión pública es tan sumamente relevante y poderosa, y esta es la causa por la que los violentos de la Universidad Autónoma de Barcelona tratan de hacerse con el juicio de los estudiantes.

Permítanme que diga que hablo con conocimiento de causa. Muchos son los colectivos universitarios en la UAB que han intentado, a lo largo del tiempo, hacer lo que nosotros, desde JSCC, estamos haciendo. Ellos, tristemente, no han tenido éxito. Cuando alguien lo ha intentado lo ha hecho bajo su cuenta y riesgo, con lo que ha acabado siendo absorbido por el remolino de violencia y desaprobación que existe en esta Universidad. Ha sido enmudecido por la mordaza pública. Los mecanismos de la espiral del silencio son implacables si no se tiene un apoyo exterior como el que nosotros, desde JSCC, sí tenemos.

De esto que les estoy explicando sabe mucho Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional. La profesora Freixes fue la encargada de instruir lamentables sucesos protagonizados por los radicales en la primera década de los 2000. En dichos estudios se recogían, incluso, testimonios de trabajadores de la Plaza Cívica de la UAB que habían sido coaccionados por los radicales separatistas con tal de que sucumbieran a sus intereses. Poco después, en 2006, se fundaría el agresivo SEPC (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes). De esto nadie habla. ¿Y de las palizas a Rectores de la UAB? Nadie se acuerda ya.

Si bien es verdad que el campus de la UAB no se puede analizar como un lugar apartado de influencias exteriores, también lo es que en esta Universidad se dan unas características que propician un ambiente perfecto para que la comunidad se exprese lo justo y necesario, y siempre obedeciendo a la opinión aparentemente mayoritaria. Nadie se atreverá a cuestionar que el parecer general del ciudadano medio (en Cataluña) respecto a la independencia es el de que los separatistas son una mayoría, socialmente aceptados y defensores de una causa llena de connotaciones positivas. Por otro lado, a los no independentistas se nos atribuyen todo tipo de adjetivos negativos, siendo el más usado el de facha y siempre asociándonos a una causa rancia y poco democrática. En Cataluña se ha moldeado la opinión pública al son de los dirigentes e intereses nacionalistas de la Generalitat, y los recursos invertidos para lograr que jóvenes y mayores aceptaran los postulados separatistas han sido descomunales. El adoctrinamiento en las escuelas, la tergiversación de cuestiones históricas o el uso partidista de los medios y de los espacios públicos, son solo algunos ejemplos.

Pero si digo que en la UAB existe un ambiente perfecto para implementar la espiral del silencio es porque se acumulan más factores, todavía, que favorecen el amordazamiento de parte de la comunidad. Si a las tesis inoculadas por la Generalitat le sumamos la violencia de los separatistas radicales y agresivos del campus, la complicidad de la rectora y el silencio de los que simpatizan con el régimen, tendremos, como resultado, una persecución continua y sin límites de los pocos estudiantes libres y valientes que se atreven a discrepar de la opinión aparentemente mayoritaria. ¿Por qué este modus operandi? La respuesta la encontramos en palabras de John Locke. Según el pensador “no hay uno entre diez mil lo suficientemente firme e insensible como para soportar el desagrado y la censura constante de su propio entorno”. Por eso las personas nos acabamos adhiriendo a la opinión pública incluso contra nuestra voluntad.

Sin embargo, si he creído conveniente escribir todo lo anterior ha sido para poder introducir, con sentido, una ejemplificación de Descartes. El filosofo sabía cómo mejorar su propia fama al tiempo que debilitar la de sus rivales. En 1640 envió su obra, Meditaciones metafísicas, a los más sabios e ilustres: el decano y los doctores de la sagrada facultad de teología de París. En una carta les pidió que, teniendo en cuenta el gran respeto público del que disfrutaban, dieran “testimonio público” en apoyo a sus ideas. Este hecho provocaría que el resto de hombres de conocimiento aprobaran el juicio del decano y doctores. Su autoridad forzaría a los intelectuales a superar su espíritu de contradicción o, simplemente, esos postulados se entenderían como algo adecuado y respetable por todos, influyendo así en la opinión pública de los sabios y de la comunidad.

En nuestra Universidad quien ocupa ese puesto de rigor y autoridad es la rectora, Margarita Arboix, y su equipo de gobierno. A ella, colocándome humildemente en la piel de Descartes, le pido que establezca, ante la opinión pública, un relato claro y sin ambages. Le exijo que distinga, con precisión milimétrica, entre víctimas y verdugos y que clame, sin miedo y a los cuatro vientos, en favor de la libertad de expresión con tal de desacreditar a los violentos y acabar con la terrible espiral del silencio que trata de amordazar a los estudiantes libres y acalla a otros. Es su responsabilidad ser la autoridad y finiquitar un “tribunal público de plaza de pueblo” que nos ha venido juzgando desde la constitución de Joves de Societat Civil Catalana-UAB. Es su responsabilidad evitar que nos amordacen.